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ESTE ES EL APRA ¿Qué LES PARECE?
- La denuncia es un caso típico de corrupción que no tiene por qué llamarnos la atención tratándose del Apra que desde su Primer Gobierno viene arrastrando más de una denuncia por corrupción La historia enseña: Todo queda en casa. El Apra es hoy el Partido de la corrupción. Existe, en suma, una corrupción generalizada, que continua como en tiempos de Fujimori, sólo que ahora abarca toda la estructura del Estado.
A continuacion una Nota publicada por el Diario La Primera que adjuntamos
Once millones 522,359 nuevos soles echados al agua por funcionarios del último gobierno aprista. "
Fue el alcalde de San Jerónimo, Marcelo Quispe Pérez, quien al asumir el cargo en reemplazo de Óscar Rojas Palomino, descubre una serie de irregularidades en la obra licitada por su antecesor, contra quien presentó una denuncia penal ante la Segunda Fiscalía Anticorrupción de Abancay y sus principales funcionarios por actos de corrupción.
También recurrió a la Megacomisión investigadora del último gobierno de García, que indaga Sedapal y Agua para Todos.
En diálogo con LA PRIMERA, dijo que es conocida en su localidad la cercanía de su antecesor con el exministro de Vivienda, Hernán Garrido Lecca, por lo cual acudió al Parlamento para que, de hallarse alguna conexión de éste con el hecho, sea denunciado como corresponde.
Afirmó que Rojas Palomino, actual alcalde de Andahuaylas, actuó de forma dolosa con sus funcionarios para beneficiar al consorcio sanitario San Jerónimo conformado por las empresas Reyes Contratistas SAC, Pronmetisa Contratista Generales S. A. y Promacsa S.A.C, que se hizo de la buena pro sin cumplir con los requisitos de la normatividad vigente y que entregó la obra un año después de lo estipulado.
Cuestionó que los representantes de Agua para Todos, a pesar de conocer las anomalías en la licitación y ejecución de la obra, continuaron financiándola.
¿ESTAFA?
La anterior administración edil de San Jerónimo convocó a una licitación pública en el 2009 para la ejecución de la obra “Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de San Jerónimo, distrito de San Jerónimo, provincia de Andahuaylas-Apurímac” por un monto de 11 millones 347,359.00 nuevos soles. Esta suma fue financiada en su integridad por Agua para Todos que además abonó otros 175,000 soles por supervisión de obra.
Según la denuncia, 27 de mayo del 2009, el comité especial, infringiendo las bases administrativas, otorga la buena pro al Consorcio San Jerónimo que presenta una carta fianza 082-2009-Coopex para solicitar un adelanto de dos millones 269,471.80 nuevos soles.
Resulta que Coopex no estaba supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones y estaba observada por el Ministerio de Vivienda.
ORELLANA
Como gerente general de Coopex aparece nada menos que Rodolfo Orellana, a quien el parlamentario Víctor Andrés García Belaunde involucró con una mafia dedicada a la apropiación de terrenos del Estado a través de laudos arbitrales. Según, García Belaunde este abogado actuó apoyado por el gobierno aprista y es militante de este partido.
HICIERON AGUA
Esta irregular situación no era ajena a los funcionarios de Agua para Todos como demuestra el oficio 1194 remitido al alcalde denunciado, Óscar Rojas, por el entonces director ejecutivo del programa Agua para Todos, Alejandro Gamarra.
El documento señala el incumplimiento del artículo 39 de la Ley de Contrataciones y el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones en la admisión de cartas fianzas.
“En caso no se sustente y/o se corrija, se procederá a comunicar a la Contraloría General de la República y a la OSCE”, reza el documento que no fue subsanado.
También, que por la magnitud de la obra requiere de la inspección de un órgano especializado, independiente, y que resulta imprescindible regularizar el operador que se encargará del mantenimiento.
IRREGULAR CONTRATACIÓN
Y como si fuera poco, las pesquisas de la actual gestión permitieron detectar una serie de irregularidades en el proceso de exoneración del proceso de selección de persona natural y/o jurídica para la elaboración del estudio del expediente técnico de la obra por un monto de 120,000 nuevos soles; por ejemplo, no se dio la exoneración por desabastecimiento inminente, entre otros.
Además, se descubrió que el contrato para la elaboración del expediente se firma con el ingeniero Luis Milla, pero suscribe el expediente el ingeniero Alberto Mendoza, que no tiene vínculo contractual con la entidad, por concepto de adelanto sin que exista de por medio una carta fianza de adelanto.
Lo más grave aún, es que si bien es cierto los pagos fueron habilitados a nombre de Luis Milla, terminaron depositados a la cuenta de Karina Reyes Ugarte, hija y socia de Sergio Fernández Reyes, representante legal del consorcio San Jerónimo.
La obra está colapsada por el material de baja calidad usado y las malas conexiones domiciliarias realizadas y ello pese a que fue sometida hasta a una sexta ampliación.
Vilma Escalante Redacción
En diálogo con LA PRIMERA, dijo que es conocida en su localidad la cercanía de su antecesor con el exministro de Vivienda, Hernán Garrido Lecca, por lo cual acudió al Parlamento para que, de hallarse alguna conexión de éste con el hecho, sea denunciado como corresponde.
Afirmó que Rojas Palomino, actual alcalde de Andahuaylas, actuó de forma dolosa con sus funcionarios para beneficiar al consorcio sanitario San Jerónimo conformado por las empresas Reyes Contratistas SAC, Pronmetisa Contratista Generales S. A. y Promacsa S.A.C, que se hizo de la buena pro sin cumplir con los requisitos de la normatividad vigente y que entregó la obra un año después de lo estipulado.
Cuestionó que los representantes de Agua para Todos, a pesar de conocer las anomalías en la licitación y ejecución de la obra, continuaron financiándola.
¿ESTAFA?
La anterior administración edil de San Jerónimo convocó a una licitación pública en el 2009 para la ejecución de la obra “Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de San Jerónimo, distrito de San Jerónimo, provincia de Andahuaylas-Apurímac” por un monto de 11 millones 347,359.00 nuevos soles. Esta suma fue financiada en su integridad por Agua para Todos que además abonó otros 175,000 soles por supervisión de obra.
Según la denuncia, 27 de mayo del 2009, el comité especial, infringiendo las bases administrativas, otorga la buena pro al Consorcio San Jerónimo que presenta una carta fianza 082-2009-Coopex para solicitar un adelanto de dos millones 269,471.80 nuevos soles.
Resulta que Coopex no estaba supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones y estaba observada por el Ministerio de Vivienda.
ORELLANA
Como gerente general de Coopex aparece nada menos que Rodolfo Orellana, a quien el parlamentario Víctor Andrés García Belaunde involucró con una mafia dedicada a la apropiación de terrenos del Estado a través de laudos arbitrales. Según, García Belaunde este abogado actuó apoyado por el gobierno aprista y es militante de este partido.
HICIERON AGUA
Esta irregular situación no era ajena a los funcionarios de Agua para Todos como demuestra el oficio 1194 remitido al alcalde denunciado, Óscar Rojas, por el entonces director ejecutivo del programa Agua para Todos, Alejandro Gamarra.
El documento señala el incumplimiento del artículo 39 de la Ley de Contrataciones y el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones en la admisión de cartas fianzas.
“En caso no se sustente y/o se corrija, se procederá a comunicar a la Contraloría General de la República y a la OSCE”, reza el documento que no fue subsanado.
También, que por la magnitud de la obra requiere de la inspección de un órgano especializado, independiente, y que resulta imprescindible regularizar el operador que se encargará del mantenimiento.
IRREGULAR CONTRATACIÓN
Y como si fuera poco, las pesquisas de la actual gestión permitieron detectar una serie de irregularidades en el proceso de exoneración del proceso de selección de persona natural y/o jurídica para la elaboración del estudio del expediente técnico de la obra por un monto de 120,000 nuevos soles; por ejemplo, no se dio la exoneración por desabastecimiento inminente, entre otros.
Además, se descubrió que el contrato para la elaboración del expediente se firma con el ingeniero Luis Milla, pero suscribe el expediente el ingeniero Alberto Mendoza, que no tiene vínculo contractual con la entidad, por concepto de adelanto sin que exista de por medio una carta fianza de adelanto.
Lo más grave aún, es que si bien es cierto los pagos fueron habilitados a nombre de Luis Milla, terminaron depositados a la cuenta de Karina Reyes Ugarte, hija y socia de Sergio Fernández Reyes, representante legal del consorcio San Jerónimo.
La obra está colapsada por el material de baja calidad usado y las malas conexiones domiciliarias realizadas y ello pese a que fue sometida hasta a una sexta ampliación.
Vilma Escalante Redacción
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