domingo, 18 de diciembre de 2011

OLLANTA INDULTARIA A FUJIMORI

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Informativo Virtual Nº 1293
Posible indulto de Alberto Fujimori no procede
El pedido de indulto presidencial para el encarcelado ex gobernante peruano Alberto Fujimori está en marcha pero no corresponde a condenados por delitos de la gravedad de los cometidos por Fujimori. Además, el reglamento de indultos, establece que el indulto solo pueden otorgarse a enfermos terminales que no puedan ser atendidos en prisión, pero el caso no corresponde a Fujimori, “No está en estado terminal y se encuentra en una situación carcelaria privilegiada, que no la tienen otros presos"

Crece presión para indulto a expresidente peruano
Escrito por Manuel Robles Sosa
Lima, 16 dic (PL) La presión política y mediática para un indulto al expresidente peruano Alberto Fujimori se intensifican hoy, en medio de fuertes objeciones jurídicas y de otra índole, sin que el Gobierno descarte la medida. Cesáreo Vargas, un seguidor de Fujimori que pidió el indulto humanitario en una carta al presidente Ollanta Humala -único facultado a otorgarlo- intentó hoy, sin conseguirlo, ingresar a varios templos católicos para propagandizar su demanda.
Previamente, Kenji Fujimori, congresista e hijo del condenado, afirmó que el Gobierno será responsable si su padre muere en la exclusiva prisión en la que cumple una condena de 25 años por dos matanzas, secuestro, corrupción y otros crímenes.
La exigencia invoca un informe médico difuso que, si bien reconoce que Fujimori se encuentra estable, indica que sufre de hipertensión, posible rebrote de una afección cancerosa en la boca, ansiedad, gastritis y otros males.
El analista Raúl Wiener apuntó que deben existir muchos presos con esos problemas de salud, a quienes habría que liberar si se otorga la gracia a Fujimori, al tiempo que acusa a los médicos del Instituto de Enfermedades Neoplásicas de victimizar y ayudar al reo con reportes manipulados.
Las organizaciones de derechos humanos han advertido que compromisos internacionales prohíben indultar a condenados por delitos de lesa humanidad.
Tanto el fiscal de la Nación, José Peláez -quien fue acusador judicial de Fujimori- como juristas privados coinciden en que normas internas tampoco permiten el indulto, vetado para condenados por secuestro.
El penalista Luis Lamas invocó el reglamento de indultos, el cual establece que solo pueden otorgarse a enfermos terminales que no puedan ser atendidos en prisión, pero el caso no corresponde a Fujimori, acotó. "No está en estado terminal y se encuentra en una situación carcelaria privilegiada, donde sí puede ser atendido", apuntó Lamas.
César Nakazaki, abogado de Fujimori, alega que ninguna norma afecta al indulto humanitario y que la salud de su cliente lo justifica.
El fiscal Peláez, el presidente de la Corte Suprema, César San Martín, y el titular oficialista del Congreso, Daniel Abugattás, señalaron que la decisión está en manos del presidente Ollanta Humala.
El ministro de Justicia, Juan Jiménez, dijo que el Gobierno no ha recibido ningún pedido de indulto ni tiene el tema entre sus prioridades, y pidió a la prensa no ponerlo en la agenda, con insistentes requerimientos sobre el tema.
Desestimó el supuesto riesgo de muerte de Fujimori como argumento para indultarlo, al señalar que todos tenemos la vida prestada, pero no rechazó ni descartó la gracia.
Críticos de la administración de Humala como el exparlamentario Juan Sheput pronostican el indulto por la necesidad gubernamental de contar con los votos de la bancada de seguidores de Fujimori en el Congreso, como parte de lo que consideran proceso de derechización del Ejecutivo.
La lideresa del conservador Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores, admitió que el perdón no es viable para delitos de la gravedad de los cometidos por Fujimori, pero aconsejó que, de comprobarse que está grave, termine su condena en su casa, con prisión domiciliaria.
Esa fórmula fue considerada también viable por el exabogado de la parte civil contra Fujimori, Carlos Rivera.
Mientras, el presidente Humala solo ha dicho, antes de asumir el mandato, que en democracia nadie debe morir en prisión, es decir, que un reo enfermo terminal debe ser enviado a su hogar, a terminar sus días con su familia.

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