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Informativo Virtual Nº 1180
DATO: Portada del 1 de diciembre del Diario Correo de Lima argumentando la criminalización de la protesta, que hoy el gobierno de Ollanta Humala pone en práctica
FUENTE: Mariátegui
Eran las dos de la tarde, cuando después de participar -en el Congreso de la República-, en una reunión de la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos donde expuso sobre el conflicto provocado por el proyecto minero Conga en Cajamarca, Wilfredo Saavedra, presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca y 6 dirigentes de diversas organizaciones sociales de Lima y Cajamarca que lo acompañaban tomaron un taxi en la calle Andahuaylas, el vehículo avanzó unos metros y fue detenido por dos camionetas (por delante y detrás) de la cual salieron varios sujetos de Seguridad del Estado, -junto a seguridad del Congreso- quienes violentamente los sacaron del taxi, subieron a las camionetas, en esta detención arbitraria una persona fue atropellado por una maniobra de las camionetas.
Los detenidos ilegalmente fueron llevados a la sede de la DIRCOTE (Dirección Contra el Terrorismo) en el Cercado de Lima. Alertados por los familiares de los detenidos, un grupo de abogados independientes liderados por Anibal Apari se acercaron a la DIRCOTE para indagar los motivos de la detención.
Cuando los medios de comunicación propalaron este hecho, la noticia era que el ex condenado por terrorismo y ex miembro del MRTA - Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, Wilfredo Saavedra "quizá" fue detenido por este antecedente, encima su abogado era otro ex emerretista que había cumplido condena por terrorismo, Anibal Apari, esposo y abogado de la norteamericana Lori Berenson. Es decir, todo en bandeja para saciar las ganas de la derecha mediática de criminalizar al detenido y a su abogado.
Entonces, cuando Apari y los abogados pidieron explicaciones a las autoridades por los motivos de la detención, la policía sostuvo que los 6 dirigentes se habían negado a identificarse y que Saavedra habría participado en las protestas de Cajamarca.
Anibal Apari denunció que esta detención había sido arbitraria. "No existe orden de detención, procedimiento abierto o razón jurídica para que hayan sido detenidos". Apari agregó que la policía para justificar esta acto ilegal les pidió a los detenidos sus generales de ley y les hizo un registro de todo lo que llevaban con un fiscal como si fuesen delincuentes. A manera de anécdota el abogado contó que la policía les aclaró que Saavedra y los 6 dirigentes sociales no estaban detenidos sino "intervenidos".
Casi después de la detención se acercó a la sede de la DIRCOTE el congresista oficialista Javier Diez Canseco para conocer las situación de los siete dirigentes. Ya en horas de la noche, llegaron otros congresistas oficialistas como Veronica Mendoza, Claudia Coari y Rosa Mávila. Esta última, a su salida de la DIRCOTE y ante las preguntas de la prensa no supo justificar la legalidad de la detención, Mávila quien en el gobierno anterior fue jefa del INPE - Instituto Nacional Penitenciario, sabe que estas acciones son propias de gobiernos autoritarios. Lo más importante que declaró fue que la policía le explicó a ella que la DIRCOTE había recibido ordenes de Seguridad del Estado para efectuar esta acción. Entonces, nosotros deducimos que como estos organismos depende del Ministerio del Interior, este habría sido el que dio la orden.
La detención se ha dado por dos motivos, uno, el gobierno de Ollanta Humala con el Estado de Emergencia en Cajamarca ha iniciado un proceso de autoritarismo o hasta de dictadura que a muchos nos remiten a la oprobiosa década del noventa, la otra es que esto también ha sido una venganza personal del Ministro del Interior, Oscar Valdés Dancuart contra Wilfredo Saavedra, pues este y Gregorio Santos, presidente de la Región Cajamarca y también líder de las protestas, habían pedido la renuncia de Valdés el domingo pasado.
Minutos antes de la medianoche -diez horas después- Wilfredo Saavedra y los seis dirigentes que lo acompañaban fueron puestos en libertad ante gran cantidad de medios de comunicación que esperaban su salida y medio centenar de activistas que pedían su libertad.
Saavedra denunció que su detención fue arbitraria y que se quedará en Lima para presentar una denuncia contra la Policía, pues no existían motivos para ser detenidos. “Claro, y contra el personal de seguridad del Congreso que ha intervenido inadecuadamente para nuestra detención. El fiscal ha dispuesto el archivamiento. Nosotros no tenemos ningún antecedente, somos hombres en el pleno ejercicio de nuetros derechos civiles" señaló. Asimismo, familiares de los detenidos denunciaron que varias de sus casas en Cajamarca habían sido allanadas por la policía aprovechando el Estado de Emergencia.
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