Informativo Virtual Nº 1077
Otra de las herencias del Fujimorismo es la flexibilidad con la que se pueden crear universidades con visión de negocios privados. Desde 1996, con el D. Leg. 882 se han creado decenas de universidades privadas, las que a la fecha son 65, y junto con las públicas llegan al centenar. Al mismo tiempo estamos a la cola mundial en calidad educativa universitaria.
A propósito de la propuesta del gobierno de quitarle el beneficio tributario del 30 por ciento, a las universidades que reinviertan sus utilidades, las instituciones educativas han puesto el grito en el cielo. Cosas como “las universidades podrían cerrar” o “se van a elevar las pensiones en perjuicio de los alumnos” han sido los argumentos de los centros de estudios para oponerse a esta medida.
Pero, ¿de qué sirve que las universidades que tienen régimen de empresa privada gocen de este beneficio?
Todos los años egresan decenas de miles de profesionales entre médicos, abogados, contadores, comunicadores, etc. de las más de cien universidades que existen en el país. Sin embargo, nuestra universidad privada más prestigiosa apenas alcanza el puesto 841 en el ranking mundial de calidad universitaria que mide el prestigioso Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Es que precisamente, el indicador central de esta medición es la producción de conocimientos, la investigación científica, la misma que en nuestro marco legal regulador de los centros universitarios no tiene mayor peso. Por ejemplo, el beneficio tributario del que gozan hoy las universidades que tienen forma jurídica empresarial, emana del artículo 13 del Decreto Legislativo 882, que data de 1996; sin embargo, este beneficio no está amarrado de manera contundente al fomento de la investigación. Y en general, toda esta norma hace referencia a la investigación de manera promocional, sin determinar mecanismos concretos para que el Estado y la empresa privada inviertan decididamente en ello.
Es más, fue esta norma, dictada durante la década Fujimorista, la que convirtió la tarea educativa en un negocio con el cuento de que el Estado no tenía los recursos suficientes para brindar adecuadamente este servicio a la población. Basta ver el artículo dos de dicho decreto: “Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a la libre iniciativa privada, para realizar actividades de Educación. Este derecho comprende los de fundar, promover, conducir y gestionar Instituciones Educativas Particulares, con o sin finalidad lucrativa”.
Mercantilización
Y dejándolo así, sin mayor orientación y encima con beneficios tributarios, no tardaron en aparecer los que ven en la Educación, especialmente la universitaria, la oportunidad de lucrar.
El impacto de esta norma ha sido medido por el II Censo Nacional Universitario 2010, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) y la Asamblea Nacional de Rectores (ANR).
Y como el primer censo se realizó precisamente en 1996, las cifras nos permiten darnos una idea del efecto que introdujo el decreto Fujimorista que convirtió a la Educación en una mercancía. “Desde 1996 (…) se aprecia un aumento notable en las instituciones universitarias a nivel nacional. En el Censo Nacional Universitario 1996 se censaron en el país 57 universidades, casi en igual proporción de universidades públicas y privadas (28 públicas y 29 privadas). En el 2010 se han censado 100 universidades, con un considerable crecimiento de las universidades privadas, éstas ascienden a un total de 65, aumentando en 1.8 veces su número respecto a 1996…”
El número de estudiantes universitarios de pre grado registrados en el 2010 llegaron a 782 mil 979, de los cuales la mayor parte se encuentran en universidades privadas (473 mil 795). Las carreras con mayores alumnos en los últimos años del pre grado son derecho y medicina. Al 2010, se registraron más de 56 mil alumnos de derecho (6to año) y medicina (6to y 7mo) a punto de terminar su carrera.¿Pero cuál es la calidad de médicos y abogados que se gradúan por miles, incluso en filiales informales de varias universidades privadas que saltando la normatividad vigente instalan su oferta educativa en varias ciudades del país?
Proliferan las universidades privadas en el Perú.
El CONAFU
El Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU), es la entidad rectora para la creación de una nueva universidad. Una vez completado los trámites administrativos, que incluyen la compra de una carpeta, la presentación de un Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI), y la designación de una comisión organizadora; el CONAFU da el visto bueno en base a lo establecido en el Decreto Legislativo 882, en la Ley 23733 y en la Ley 26439, mediante una resolución que autoriza provisionalmente el funcionamiento por lo menos durante 5 años, luego de los cuales y varias evaluaciones de por medio, se les ratifica, pasando a depender de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). Cesa la comisión organizadora y se elige a un rector.
En la actualidad hay 25 universidades con autorización provisional bajo la jurisdicción de CONAFU. Entre ellas tenemos: la Universidad Privada de Ica, la Universidad para el Desarrollo Andino, la Universidad Privada de Pucallpa, la Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima, la Universidad Peruana de Integración Global, y la Universidad Privada Sergio Bernales, entre otras más.
Para poner una universidad, debe haber un promotor. En el caso de las privadas, el promotor puede ser una persona natural o jurídica, y en el caso de las públicas, debe ser una entidad estatal, que normalmente es el Ministerio de Educación. Sin embargo, la Presidencia del Consejo de Ministros de la gestión aprista ha sido promotora de dos universidades: la Universidad Nacional de Barranca, y la Universidad Nacional de la Frontera en Suyana.
El promotor puede escoger si la universidad se organiza en virtud del Decreto Legislativo 882, escogiendo a su vez su forma jurídica entre empresa y asociación sin fines de lucro; o también puede escoger si se construye en base a la vieja ley universitaria, Ley 23733. La mayoría de las universidades nuevas, escogen el Decreto 882 y la forma empresarial, pues ahí se pueden repartir utilidades, gozando además del beneficio tributario mencionado.
Actualmente, la Universidad de Lima está tramitando su cambio de régimen: de la Ley 23733, al Decreto 882, con el fin de poder repartir utilidades.
Debilidad institucional
Para muchos analistas, el CONAFU no tiene mayor fuerza. Incluso habiendo denegado la creación de la Universidad Autónoma de Los Olivos, de carácter municipal, debido a que se encontraba incompatible que fondos públicos se utilicen para crear una universidad privada; la comuna del distrito limeño no encontró mejor manera de sacar la vuelta a CONAFU que promoviendo en el Congreso del periodo anterior una ley de creación.
Pero no solo se saca la vuelta de esa manera. Universidades como Alas Peruanas han logrado ofrecer sus carreras universitarias en varias ciudades a través de la modalidad de “sedes” u “oficinas de enlace”, cuando lo correcto es pedir formalmente la apertura de una filial siguiendo un trámite ante el Consejo de Acreditación, Evaluación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (CONEAU), que para otorgarla debe en primer lugar certificar la calidad de la carrera que se ofrece; y hasta el día de hoy, aún CONEAU no ha certificado a ninguna.
Según la propia presidenta de CONAFU, Martha Tapia, la normativa dada en los noventa ha permitido la proliferación de instituciones privadas que solo con demostrar la capacidad de montar una universidad y cumplir con los requisitos organizan una universidad. Es por ello que se requiere de una revisión integral de la normativa que regula la creación y funcionamiento de las casas de estudios superiores.
Mapa de las Universidades con autorización provisional
La ANR
En la actualidad, tenemos 77 universidades bajo la jurisdicción de la Asamblea Nacional de Rectores (ANC). Para llegar a allí, las universidades deben por lo menos haber sido evaluadas por CONAFU durante cinco años. Hay universidades que no llegan a pasar la evaluación y son cerradas. Es el caso de la Universidad Virgen Inmaculada que funcionaba en la Av. Brasil, y que no llegó nunca a ingresar a la tutela de la ANR. Cuando eso pasa, los alumnos obtienen facilidades para trasladarse a universidades públicas.
En la ANR se encuentran las universidades más populares del Perú como la San Marcos, la Católica, la Agraria, la Villareal, la UNI, la Garcilaso, la Ricardo Palma, la San Martín, la Cayetano, la Cristóbal de Huamanga, la San Antonio Abad de Cusco, la Nacional del Centro, la de Piura, la de Lima, la Cantuta, etc. Pero en los últimos años, se han venido sumando otras menos conocidas como la Universidad Privada Telesup, la Universidad San Juan Bautista, la Universidad Privada Norbert Wiener, la Universidad Alas Peruanas, entre otras.
En fin, tenemos universidades de sobra. Pero lo que no hay es una política pública que oriente a los estudiantes, que vincule la formación académica y técnica con las necesidades del país, y que apueste por la investigación.
Mientras que muchas de estas instituciones se llenan de dinero y decenas de miles de abogados, médicos, comunicadores, entre otros profesionales, se gradúan sin una adecuada formación y se insertan en un mercado laboral caracterizado por su informalidad, nosotros nos preguntamos ¿a dónde va la universidad peruana?
Detalle
Entre el 26 y 28 de octubre se realizará en las instalaciones de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya el simposio: ¿A dónde va la universidad peruana?, donde se analizará la historia de la universidad en el siglo XX, el cisma que sufrió en 1961 la Facultad de Medicina de San Marcos, la aparición subsecuente de la universidad privada de clase media, sus consecuencias, la evolución del número de estudiantes y de universidades, la presencia de la mujer en la Educación superior entre otras claves de esta problemática. Mayor información en: http://www.uarm.edu.pe/universidadperuana
Carlos Alonso Bedoya
Unidad de Investigación
No hay comentarios:
Publicar un comentario