Informativo Virtual Nº 1051
Aída García Naranjo tiene un proceso abierto en el Poder Judicial por colusión y en el que la Fiscalía ha pedido 15 años de cárcel.
No sale del caso Pronaa y ya tiene que explicar un proceso judicial. (Luis Gonzales)
lgodoy@peru21.com
El juicio escondido. La última sesión plenaria del Congreso sacó a la luz un caso que se encontraba en la más absoluta reserva. En pleno debate por el escándalo del Pronaa, el congresista fujimorista Alejandro Aguinaga denunció que la ministra de la Mujer, Aída García Naranjo, tenía abierto un proceso penal en agravio del Estado, que debería aclarar. La ministra se quedó muda. No negó ni afirmó nada. Es más, lo ignoró.
Es por ello que Perú21 buscó en los archivos judiciales y encontró el citado expediente (190-01), en el que se le acusa a la exvocera de Gana Perú del delito de colusión, al haber realizado compras “indebidas” de leche en polvo para la Municipalidad de Lima Metropolitana (ahora Municipalidad Metropolitana de Lima), cuando era regidora de la comuna limeña.
El caso es de 1994. Diez años después, exactamente, el 6 de diciembre de 2004, el titular de la Primera Fiscalía Superior Penal de Lima, José Rimarchi Meléndez, la denunció –junto a otros 20 funcionarios– por el delito de corrupción de funcionarios-cohecho propio, además de colusión, en agravio del Estado y de la comuna limeña.
Según el mismo expediente, el fiscal también solicitó una condena de 15 años de pena privativa de la libertad (cárcel) y una reparación de S/.30,000 para cada uno de los encausados que resulten condenados, entre los que se encuentra la actual titular de la Mujer.
El proceso contra García Naranjo se encuentra en etapa de juicio oral, desde el 30 de junio último, en la Primera Sala Penal Corporativa de Procesos Ordinarios con Reos Libres, y mañana martes, la titular del Mimdes deberá acudir a una audiencia en la que el referido tribunal resolverá si acepta o no el pedido de prescripción planteado por su defensa el 23 de setiembre.
LA HISTORIA
La ministra ‘Mocha’ García Naranjo siempre fue conocida por su interés en el Programa del Vaso de Leche. Bajo esa bandera, fue electa regidora por la comuna capitalina entre 1990 y 1993. Sin embargo, un año antes de terminar con su periodo municipal, se origina este problema judicial.
“En su calidad de miembro del Comité Directivo del Programa Metropolitano del Vaso de Leche (junto con seis regidores más), durante el año 1992, se realizaron compras directas de leche entera en polvo y hojuelas de avena a la Empresa Nacional de Comercialización de Insumos S.A. (ENCI), por la suma de S/ 10’142,963 omitiendo la convocatoria a licitación pública y/o concurso público de precios como correspondía”, se lee en el expediente.
Al año siguiente, el mismo Comité “adquirió productos por la suma de S/. 3’171,117, y en el año 1994 se realizaron nuevas adquisiciones por un monto a S/.483,360 sin haberse suscrito contratos con el proveedor, o se haya establecido un cronograma de entregas, penalidad por mora o fijado una carta fianza por el 20% del total adquirido, en cada una de las compras”.
Todo esto en clara desobediencia a las leyes de presupuesto y al Reglamento Único de Adquisiciones, según la misma denuncia fiscal.
DIETAS QUE ENGORDAN
En el mismo expediente consta también que a García Naranjo se le imputó, en la misma época de regidora, la comisión del delito de concusión-cobro indebido, por “haberse aprovechado de las circunstancias de ser regidora de la Municipalidad de Lima y haber cobrado dietas que no le correspondían”.
Se detalla que en 1992, los regidores que asistieran a las Sesiones de Consejo recibirían por dieta dos remuneraciones mínimas por sesión (y no una, que era lo normal). Es decir, que percibieron ocho dietas mensuales de 1992 a 1994. Sin embargo, este caso fue declarado prescrito.
ES INCOMPATIBLE
El expresidente del Consejo de Ministros Javier Velásquez advirtió que “si se comprueba que la ministra de la Mujer tiene un proceso abierto por el delito de colusión y en agravio del Estado, no puede representar al país. Debe renunciar”. “Un proceso penal, pendiente de sentencia es incompatible con el cargo de ministra”, aseguró.
HABLA SU DEFENSA
El abogado de la titular de Mindes, Martín Oré Guerrero, calificó como “extraño que este caso, que debió prescribir en el 2003, se reactive después de la segunda vuelta electoral”, es decir, cuando su patrocinada era vocera de Gana Perú y participaba en el proceso de transferencia.
Para el abogado “existe una intencionalidad política o una interpretación errónea de la legislación vigente”. “Primero, porque el caso se reactiva después de 27 años. Segundo, porque saben que tiene un compromiso político y ha contribuido con la campaña del presidente Humala”, alegó.
Explicó que existen resoluciones de la Contraloría y hasta del Ministerio Público favorables a su patrocinada, pues “no le encuentran responsabilidad penal y hasta piden que no le formulen acusación”. Sin embargo, en el 2004 el Ministerio Público decidió acusarla.
El expediente estaba en trámite cuando los magistrados de la Primera Sala Penal para Reos Libres, presidida por Luisa Napa, deciden pasar a la fase de juicio oral. Es más, el 25 de agosto último, cuando ya era ministra, el colegiado rechazó el pedido de exclusión solicitado por su defensa. Al contrario, la Fiscalía optó por reiterar el pedido de pena de 15 años de cárcel.
Consultado si la ministra informó sobre este proceso al presidente Humala, Oré respondió: “Entiendo que sí le informó. Además, el mandatario debió haber estado enterado del caso porque salió a luz durante la segunda vuelta presidencial de 2011”.
¿Sabía Humala que la ministra de la Mujer tenía un proceso penal abierto?
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