viernes, 19 de octubre de 2012

INDULTO A FUJIMORI: ¿FILANTROPÍA O CÁLCULO POLÍTICO?

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  Informativo Virtual Nº 3059
El líder de Perú Posible, Alejandro Toledo, se pronunció sobre el posible indulto para el expresidente Alberto Fujimori, luego de que su partido difundiera un comunicado que señala que este merece cumplir su sanción penal impuesta.
En su cuenta de Twitter, Toledo Manrique refirió que indultar a Fujimori como producto de “negociaciones” entre el fujimorismo y Gana Perú ofendería la memoria de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta (PERU 21)
 
INDULTO A FUJIMORI: ¿FILANTROPÍA O CÁLCULO POLÍTICO?
Por Wilson Enríquez Jueves 11 de octubre de 2012
El tiempo dirá si Fujimori sale o no airoso del negociado político que implica su libertad. Mientras, personas como Víctor Zavala Cataño, dramaturgo peruano, precursor del teatro del realismo campesino andino, condenado por delito de terrorismo, con el diagnostico de una enfermedad terminal sigue en la cárcel, sin que los medios de comunicación y los politicastros —disfrazados de filántropos— se preocupen o se planteen su indulto.
A finales de septiembre de este año, fue lanzada la primera campaña «oficial» para el indulto de Alberto Fujimori, ex dictador peruano. Bastó una sarcástica frase de Ollanta Humala, para que los medios de comunicación peruanos pongan el asunto en la agenda de la discusión en el Perú. Súbitamente, una espiral de opiniones han empezado a circular en prensa escrita, televisada, radial e Internet; politicastros domésticos, «renombrados» juristas, autoridades clericales, intelectuales y médicos vienen circulando por las instalaciones de las radios y televisoras convirtiendo el asunto en un reality show.
El debate sobre este indulto, se apruebe o no finalmente, pone de manifiesto que crímenes de lesa humanidad —como la masacre a presos políticos de los penales peruanos, las desapariciones forzadas de los estudiantes universitarios de la Universidad La Cantuta, la masacre de Barrios Altos y el secuestros perpetrado contra el periodista Gustavo Gorriti— pueden quedar impunes. Está claro que las élites peruanas están dispuestas —al menos— a discutir la redención del ex dictador de todos sus crímenes comprobados con sentencia ejecutoriada; es decir, son capaces de anteponer los compases de los cálculos de los costos y beneficios políticos a los derechos humanos, convirtiendo en una ingenuidad —o en una hipocresía—, aquella frase que señala que: «los derechos humanos son la ética de la democracia».
Los ecos de la posibilidad del indulto a favor del ex dictador rondaban desde hace más de un año; sobre todo, en el desarrollo de la segunda vuelta electoral en junio del 2011, mientras confrontaban su hija Keiko Fujimori y Ollanta Humala. En esa instancia, se deslizó no sólo la idea del indulto al ex dictador, sino también el de Antauro Humala — hermano de Ollanta. Una vez culminada la segunda vuelta se dejó de hablar de estos indultos, quedando algo muy claro: la importancia de las relaciones de parentesco en un país gobernado por élites políticas corruptas e involucradas en crímenes de toda clase; síntoma inequívoco del aire viciado que fluye en las esferas palaciegas del país andino.
Una vez instalado el asunto en el debate, y adentrándonos en la institución jurídica del indulto, para empezar recordemos que el indulto es el perdón de la pena a un condenado por motivos legales o humanitarios; el ejemplo más conocido, quizás sea aquel recogido por el pasaje bíblico en el que se concede el indulto al delincuente Barrabás —en lugar de Jesús de Nazaret— en el mundo hebreo antiguo.
Retornando al caso peruano, la constitución política peruana reserva exclusivamente para el presidente la decisión del indulto; recuérdese, que la constitución peruana vigente fue aprobada en 1993, durante el fujimorato; no obstante, la aplicación de esta facultad presidencial no es irrestricta, dado que en una disposición final de la constitución se señala que la norma constitucional debe ser interpretada de conformidad con los tratados internacionales y las decisiones internacionales; por lo que no procedería el indulto en los casos de violación a los derechos humanos, como las torturas, las ejecuciones sumarias o las desapariciones forzadas; además, la ley peruana Nº 28760 —promulgada también por el mismo congreso dominado por el fujimorismo— impone restricciones al indulto, en especial en los casos de delitos de secuestro y extorsión; luego de este breve recuento queda claro que los delitos por los que ha sido procesado y condenado Fujimori impiden la posibilidad del indulto a Fujimori.
Otro de los caminos es el indulto por motivos humanitarios; la familia de Fujimori arguye este tipo de razones, pues aducen que el ex dictador sufre de cáncer. Este beneficio suele ser concedido a aquellos condenados que padecen enfermedades terminales graves, o a los que sin padecer enfermedades terminales graves, las condiciones carcelarias pueden colocarlos en grave riesgo de su vida, salud e integridad.
Pero, tampoco Fujimori padece de una enfermedad terminal pues la leucoplasia oral que le ha sido diagnosticada, se trata de una lesión precancerosa del paladar asociada con el hábito del tabaquismo, no se trata de cáncer en sí mismo, aunque los pacientes que la padecen sí corren el riesgo de adquirirla; el tratamiento que se sugiere en los casos de leucoplasia oral es «excluir el tabaco y el alcohol, eliminar cualquier factor irritativo de tipo mecánico, etc.», además, se sugiere que estos pacientes tengan una revisión periódica cada seis o doce meses, es decir de una a dos veces por año, en los casos más extremos (1).
Los medios de comunicación que defienden solapadamente a Fujimori, exponen argumentos infantiles tales como tildar a quienes se oponen al indulto de Fujimori de gente involucrada con la concesión de indultos a condenados por los delitos de terrorismo y traición a la patria durante los gobiernos de Valentín Paniagua y de Alejandro Toledo, entre el 2000 y 2006; olvidan, que el mismo gobierno de Fujimori, fue quien inició este proceso de indultos con la Ley Nº 26655 en el año 1996, no por que hayan considerado razones humanitarias o legales, o cualquier tipo de filantropía —inimaginable en estas personas— sino por las presiones internas y externas, al quedar claro que el gobierno de Fujimori maniató al Poder Judicial y a la Justicia Militar del Perú y las empujó a condenar y procesar a centenares de personas en base a elementos probatorios insuficientes y sin que hayan tenido ningún tipo de vinculación con las partes beligerantes en la guerra interna en el Perú.
Queda claro, que en el Perú, ningún presidente otorga indultos por razones humanitarias o legales —aunque en apariencia, éstos tendrían que ser los motivos fundamentales—, al menos no en el caso de personajes conocidos como Fujimori, ni por los procesados por terrorismo, sin que previamente no se haga un cálculo de los costos y beneficios políticos, ya sea en la escena nacional peruana o atendiendo a los agentes externos.
El tiempo dirá si Fujimori sale o no airoso del negociado político que implica su libertad. Mientras, personas como Víctor Zavala Cataño, dramaturgo peruano, precursor del teatro del realismo campesino andino, condenado por delito de terrorismo, con el diagnostico de una enfermedad terminal sigue en la cárcel, sin que los medios de comunicación y los politicastros —disfrazados de filántropos— se preocupen o se planteen su indulto.

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