lunes, 9 de septiembre de 2013

EL APRA NO MIENTE SOLO ES LA DERECHA MAS CORRUPTA

JORGE DEL CASTILLO HASTA EL CUELLO
  • Gracias a un sistema judicial donde todo está podrido; malandros como Jorge Del Castillo podrán salir librados  de sus fechorías porque habida cuenta, el  sistema judicial al no ser elegidos por el voto popular, es falso y corrupto; ahí está el detalle.
  • Felizmente, para desgracia de los delincuentes  de cuello y corbata, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, al final  pagaran por todas sus fechorías porque la gente no es estúpida y se da cuenta de las cochinadas cometidas.  
  • En ese sentido, todo lo que sale a desmentir del daño ocasionado conjuntamente  con su jefe el ladrón mayor, terminara por condenarlo, porque podrá  mentirle a su familia, a sus amigos, al mundo entero, pero no podrá mentirle a su conciencia.
  • Estos son los eternos politiqueros en la que el pueblo confió y que se la dan de expertos en políticas de Estado, al final no son otra cosa que caimanes del  mismo pozo, politiqueros que solo han vivido de los cargos públicos.

LE PODRÍA INTERESAR
ISMAEL MATTA Y LUIS AMENGUAL, QUE SABÍAN COSAS ADVERSAS A DEL CASTILLO, ESTÁN FUERA DEL PAÍS GRACIAS A MOVIDAS DEL EXPREMIER APRISTA.
DIARIO LA PRIMERA LUNES 09-9-2013
DEL CASTILLO AYUDÓ A DOS TESTIGOS CLAVES DE CASO BTR
Otro elemento que llevó a la Megacomisión a concluir que existió una interferencia política desde las altas esferas del poder en el caso BTR fue lo dicho por el excanciller José Antonio García Belaunde en el sentido que el exprimer ministro Jorge del Castillo le sugirió contratar a los exmarinos y cercanos suyos Ismael Matta y Luis Amengual, quienes de esta forma pudieron evadir el accionar de la justicia.
Durante el proceso de investigación, la Megacomisión conversó con el exministro de Relaciones Exteriores del último gobierno aprista a quien, entre otras cosas, le consultaron sobre la identidad de la persona que le recomendó contratar los servicios de los dos exmarinos y extrabajadores de la empresa BTR en consulados peruanos en los Estados Unidos.
Al respecto, García Belaunde aseguró a la Megacomisión en un inicio no recordar quién había sido, pero acto seguido agregó “pudo haber sido Jorge del Castillo” e hizo tal aseveración sin que ninguno de sus interrogadores nombraran en algún momento el nombre del expresidente del Gabinete Ministerial aprista.
Como informó LA PRIMERA, Matta Uribe fue contratado por el Consultado del Perú en Patterson y Luis Amengual fue nombrado agregado civil en el Consulado General del Perú en Nueva York. Ello significó al Estado un grave perjuicio económico de 377 mil dólares.
De acuerdo a las pesquisas realizadas por la Megacomisión, ambos trabajaron en la empresa BTR donde se percataron de que ésta contaba con información que podría serle adversa a Del Castillo.
Entonces Amengual, exguardia de seguridad de Del Castillo, en coordinación con Matta contactó al expremier para ponerle sobreaviso y es así que empiezan a espiar desde adentro.
Luego de ello, Del Castillo les habría recomendado acusar a esta empresa y acogerse como colaboradores eficaces, lo que nunca sucedió formalmente.
Ambos tendrían que terminar incluidos como implicados en el caso, pero de un momento a otro abandonaron el país y contratados en consulados peruanos en Estados Unidos. Es más, como Amengual requería formalizar su situación legal con su pareja antes de su viaje decide casarse y es el propio Del Castillo, quien lo apadrina.
Fue el 22 de diciembre del 2008, en que Matta Uribe intenta acogerse a la colaboración eficaz y entrega información que provocó el allanamiento de la casa de la analista Guisella Gianotti que duró por lo menos once horas en las que la fiscal asignada Vanesa Araníbar, amiga de Rómulo León, se dedicó a hablar por teléfono.
Como informó este diario, el Congreso contaría con una relación de llamadas hechas a Araníbar, entre las que estaría la de Miguel del Castillo, pero ello no se ha podido confirmar debido a la negativa de la embajada norteamericana de colaborar. Este trabajó en una dependencia de esta sede desde la cual habría realizado las llamadas.
Esta relación, como indicó el legislador Yonhy Lescano, llegó de forma tardía a la comisión investigadora de la presunta manipulación de los USB incautados a Gianotti que presidió el exparlamentario de Solidaridad Nacional Walter Menchola, luego de lo cual recién pudo analizarla la Megacomisión.
ENCUBRIMIENTO
Para el vocero de Acción Popular-Frente Amplio Mesías Guevara de comprobarse las imputaciones que existen en su contra entonces el exprimer ministro aprista habría actuado como cómplice o encubridor de los dos exmarinos.
Dijo que ello es falso debido a que el Poder Judicial se abocó a sancionar el delito de “chuponeo” y no si existió interferencia política o no. “Este es un caso que remeció al régimen anterior y que aún está latente en la mente de los peruanos”, remarcó. Este diario buscó conversar con el exprimer ministro, pero ello resultó infructuoso.
Sin embargo, al cierre de esta edición Del Castillo dijo en el Canal 4 que no ha cometido ninguna irregularidad en este caso y que él y los otros miembros del último gobienro aprista actuaron por el bien del país. “Quieren entorpecer el diálogo con este caso”, dijo y volvió a acusar a Tejada de haber filtrado el preinforme del caso BTR.
PETROTECH
Testimonios recogidos afirman que Alan García se entera por boca de su exprimer ministro de la existencia de la empresa BTR y de la labor de espionaje que realizaba. Ambos preocupados por conocer quién estaba detrás de la misma habrían puesto la puntería en Petrotech.
El escándalo BTR salta en el 2008 y, meses después, García cita a sus congresistas y les recomienda la conformación de una comisión investigadora de la venta de Petrotech a capitales colombo-coreanos, como dan cuenta los archivos periodísticos de la época.
Incluso el mismo García declara haberse reunido con los representantes de la empresa estatal Ecopetrol y Korean Oil y con los embajadores de Colombia y Corea para advertirles sobre las sospechas que tenía por la venta de Petrotech, empresa implicada en la investigación fiscal sobre los petroaudios.
Sin embargo, y como informamos en la revista Miércoles de Política, testimonios aseguran que el real móvil del exmandatario era impedir esta transacción porque él mismo estaba interesado en adquirir a través de terceros esta empresa, pero no lo logró.
En el 2010, el exministro del Interior, Remigio Hernani, reveló que en los primeros días de enero de 2009, aún en el cargo se comunicó con el entonces general Miguel Hidalgo para preguntarle sobre la investigación que le había sido encargada por el exmandatario, y que este le respondió que no podía informarle porque era reservada y por orden de García.
Esta aseveración habría sido confirmada por diversos testimonios, en sentido de que Hidalgo despachaba directamente con García todo lo relacionado al caso BTR.
EXTRAÑAS MOVIDAS
Hablando de Hidalgo, en su caso no solo resulta extraña la forma tan rápida en que ascendió hasta llegar a ministro del Interior, sino cómo terminó teniendo a su cargo las investigaciones del caso BTR.
El 16 de octubre del 2008, la División Especializada en Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional empieza a investigar de oficio, después de unos días la entonces fiscal de la Nación, Gladys Echaíz dispone por excepción que el caso sea visto por Mateo Castañeda, quien era el coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada.
Este decide que pase a la Tercera Fiscalía Contra el Crimen Organizado a cargo a Walter Milla, quien a su vez lo pasa a la Dirandro dirigido por Hidalgo.
Nada de cosa juzgada
El presidente de Megacomisión, Sergio Tejada, indicó que no es cierto que sea “cosa juzgada” la presunta interferencia política y la manipulación de pruebas en el caso BTR porque este tema en específico no ha sido analizado por el Poder Judicial y que el expresidente Alan García ni el expremier nunca han estado inmersos en algún proceso en este caso.
Por su parte, el jurista Guillermo Olivera Díaz dijo “El conocido instituto procesal de la cosa juzgada está previsto en el Artículo 139°, inciso 13, de la Constitución Política con estos términos: ‘la prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución ejecutoriada’. Esto significa que no se debe procesar, juzgar y sancionar dos veces a la misma persona y por lo mismo. García y Del Castillo no han sido procesados, juzgados y condenados o absueltos por el caso BTR. Lo fueron otros (los chuponeadores) que cumplen su condena, y el proceso de ellos no puede ser revivido, porque ya feneció por sentencia firme, final o ejecutoriada, incluso en la Corte Suprema”.
Vilma Escalante  Redacción
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