AL FINAL SE IMPONDRA LA MAFIA POLTICA APROFUJIMORISTA
¿Podemos en verdad creer que a los postulantes a la
Defensoria les importa el país? Definitivamente
que no. Esta logia auspiciada por el aprofujimorismo viven en un mundo
totalmente alejado del que viven los de a pie. Solo les importan sus intereses.
¿Qué hacer por Dios, para que la justicia y el sentido
común sean el punto de partida? ¿Esperar como el pueblo de Ilave que cansado de
tanta porquería, hagan justicia por su propia mano? Es triste, indignante y
repugnante lo que viene ocurriendo en nuestro empobrecido país.
A continuación,
adjuntamos nota publicada por el DIARIO ONO:
CONOZCA A LOS
CANDIDATOS A DEFENSOR
Cuando faltan cuatro días para
la elección del nuevo Defensor del Pueblo, que apura el fujimorismo, Ideele
difunde los expedientes de los tres candidatos, contribuyendo a la apertura del
proceso que plantea la sociedad civil.
Tras el pedido del partido oficialista Peruanos por el
Kambio (PPK) para que antes de elegirse al Defensor del Pueblo se realice una
audiencia pública y se conozca más sobre los tres candidatos que postulan al
cargo, el Instituto de Defensa Legal (IDL) elaboró y difundió un perfil de cada
uno de ellos.
ABAD INDEPENDIENTE
Según el informe, el candidato propuesto por el Frente Amplio (FA), Samuel Abad Yupanqui es un abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, no tiene filiación partidaria alguna o cercanía conocida con algún poder político o fáctico.
Según el informe, el candidato propuesto por el Frente Amplio (FA), Samuel Abad Yupanqui es un abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, no tiene filiación partidaria alguna o cercanía conocida con algún poder político o fáctico.
Se trata de un reconocido jurista en temas
constitucionales, exintegrante del equipo de la Defensoría del Pueblo.
Actualmente es miembro del estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International,
en el que es responsable de temas constitucionales y de derechos fundamentales.
Según apunta el IDL tendría que dar a conocer la lista de sus clientes para
evitar futuros conflictos de intereses.
GUTIÉRREZ LIGADO AL APRA
El candidato propuesto por Acción Popular (AP), Walter Gutiérrez Camacho es un abogado egresado de la Universidad San Martín de Porres, para muchos una especie de feuda del Apra, partido que en el anterior Congreso lo promovió como candidato a Defensor.
El candidato propuesto por Acción Popular (AP), Walter Gutiérrez Camacho es un abogado egresado de la Universidad San Martín de Porres, para muchos una especie de feuda del Apra, partido que en el anterior Congreso lo promovió como candidato a Defensor.
En el año 2008, mientras era decano del Colegio de
Abogados de Lima, condecoró al entonces legislador aprista Luis Gonzales
Posada, quien luego lo propuso para Defensor según una investigación de IDL
Reporteros.
El gobierno aprista lo designó como uno de los
representantes del Poder Ejecutivo en la comisión especial creada para
investigar los sucesos de Bagua y por esas acciones medios como Altavoz
indagaron sobre su filiación política.
La información elaborada por la ONG en mención señala
que tuvo un papel cuestionado en el proceso electoral cuando fue nombrado
presidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético.
El 7 de junio último, según información de un medio
local, Gutiérrez sostuvo reuniones con el exvocero fujimorista Pedro Spadaro y
con el también exlegislador José Barba Caballero, también ligado a Fuerza
Popular.
Gutiérrez es director y fundador de conocidas
publicaciones como Gaceta Jurídica, Diálogo con la Jurisprudencia y La Ley y el
portal web www.laley.pe. Tampoco tiene información pública sobre los
patrocinios que ha hecho y que, según Ideele, debería hacer de conocimiento a
la ciudadanía.
MAGISTRADO Y CANDIDATO
El tercer candidato, propuesto por la bancada de Alianza para el Progreso (APP), es Enrique Mendoza, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Carece de filiación a partido alguno o cercanía conocida con algún poder político. Ha ejercido como juez entre los año 1995 y 1999.
El tercer candidato, propuesto por la bancada de Alianza para el Progreso (APP), es Enrique Mendoza, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Carece de filiación a partido alguno o cercanía conocida con algún poder político. Ha ejercido como juez entre los año 1995 y 1999.
Del año 1999 al 2002 fue juez superior. Desde 2003 es
juez supremo y desde abril del 2016 el Consejo Nacional de la Magistratura lo
debió llamar para proceso de ratificación.
Fue presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)
del 2004 al 2008 y presidente de la Corte Suprema de Justicia del 2013 al 2014
y estando en ese cargo sin cambios que los justifiquen realizó cambios en las
salas de derechos humanos que dilataron gravemente procesos pendientes de
veinticinco años indica la ONG.
Fue jefe de la Oficina de Control de la Magistratura
del Poder Judicial (Ocma) del 2010 al 2012. Su labor tuvo algunas quejas por el
poco impulso dado a la lucha contra la corrupción judicial, tal y como lo
denunció una investigación de IDL Reporteros.
PEDIDO DE PPK
“Estimamos necesario la realización de una audiencia pública, a fin de que los candidatos a tan importante cargo puedan tener la oportunidad de exponer de manera pública su plan de trabajo”, indica una solicitud de la bancada oficialista sobre la elección del reemplazante de Eduardo Vega, programada para este martes 6 de setiembre, lo que organizaciones defensores de derechos humanos consideran precipitado.
“Estimamos necesario la realización de una audiencia pública, a fin de que los candidatos a tan importante cargo puedan tener la oportunidad de exponer de manera pública su plan de trabajo”, indica una solicitud de la bancada oficialista sobre la elección del reemplazante de Eduardo Vega, programada para este martes 6 de setiembre, lo que organizaciones defensores de derechos humanos consideran precipitado.
ADEMÁS
El exdefensor del Pueblo Walter Albán señaló a su vez que el nuevo defensor debe ser elegido por concurso público, con plena transparencia, y no por acuerdos entre voceros de las bancadas políticas, como ocurrió con la fracasada “repartija” de cargos de alta jerarquía institucional, que generó gran repudio ciudadano, por lo que tuvo que ser anulada.
El exdefensor del Pueblo Walter Albán señaló a su vez que el nuevo defensor debe ser elegido por concurso público, con plena transparencia, y no por acuerdos entre voceros de las bancadas políticas, como ocurrió con la fracasada “repartija” de cargos de alta jerarquía institucional, que generó gran repudio ciudadano, por lo que tuvo que ser anulada.
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