Sí
y no. Si por existir evidencias que el
partido de Fujimori se niega a entregar
documentos originales. No, porque es
poco lo que se podría encontrar producto del allanamiento puesto que estamos
enfrentando a una pandilla que todo lo
tiene controlado, además cuenta con la
complicidad del Poder Judicial en donde
todo está podrido. Sino, preguntemos ¿Por qué a la fecha no exista orden de detención contra Keiko pese a existir evidencias que lo
justifican como lo señala la nota publicada por Ojo Publico.
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Ministerio Público decidió
allanamientos después de que partido de Fujimori se negara a entregar
documentos contables originales y tras detectar indicios de doble contabilidad,
encubrimiento e irregularidades, así como presiones a testigos que prestaron su
nombre para aportes en la campaña del 2011.
ATAQUE. Fuerza Popular responsabilizó al fiscal
de la Nación, Pablo Sánchez, por los allanamientos en sus oficinas de Lima
y Surco. / Gianfranco Huamán
(Ojo-Publico.com)
Por OjoPúblico
(@ojo_publico)
El Ministerio Público descubrió
indicios de doble contabilidad, libros contables presuntamente fraguados,
encubrimiento y manipulación de irregularidades en estos documentos, así como
contribuciones sin identificar por S/1,3 millones, registros de aportantes
falsos o sin capacidad económica en las finanzas de Fuerza Popular en la
campaña presidencial del 2011. Todo estos actos ilícitos fueron cometidos con
la supuesta finalidad de esconder los aportes entregados por Odebrecht en dicha
elección.
Así lo establece el pedido presentado
por la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Lavado de Activos a cargo de José
Domingo Pérez, y aprobado por el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer
juzgado de Investigación Preparatoria. Los hechos citados, descubiertos en el
marco de la investigación contra Fuerza Popular y Keiko Fujimori, originaron la
orden de allanamiento de las dos oficinas de Fuerza Popular en el Centro de
Lima y en Surco.
El primer capítulo en la historia del
allanamiento de los dos locales de Fuerza Popular empezó el 24 de agosto pasado
cuando el Ministerio Público pidió a Fuerza Popular que exhiba la documentación
contable original de la campaña presidencial del 2011. Por tal motivo, el
fiscal del caso, José Domingo Pérez, citó a los representantes legales del
fujimorismo.
INCONGRUENCIAS. Fiscalía realizó un
peritaje contable a los documentos presentados el 11 de octubre. Al revisar los
originales el 24 de noviembre, encontraron contradicciones.
¿Qué pedía el Ministerio Público? “El
libro de registro de ingresos y de gastos relacionados a la campaña del 2011…
así como el libro diario, el libro de inventarios y balances, entre otros”,
dice la resolución judicial. Los representantes de Fuerza Popular fueron
citados para el 13 de octubre pasado, sin embargo, no se presentaron al
despacho del fiscal en la fecha indicada, solo se limitaron a mostrar la
documentación pedida (13 libros contables) en copias legalizadas por el notario
Alejandro Rodríguez Cruzado.
El fiscal José Domingo Pérez dejó
constancia de la inasistencia del representante de Fuerza Popular a través de
un "acta de inconcurrencia": “No se cumplió con el requerimiento
expresado por el representante del Ministerio Público de exhibir la
documentación original, sino con remitir copias legalizadas mediante un
escrito”. Frente a esta situación, la fiscalía dispuso notificar nuevamente al
partido de Fujimori y los citaron por segunda vez para el 13 de noviembre.
Aquella fecha el representante de
Fuerza Popular tampoco concurrió a la diligencia. Por tercera vez, el fiscal
José Domingo Pérez los volvió a citar para el 24 de noviembre y le pidió nuevamente
que exhiba la documentación contable completa sobre la campaña del 2011.
Finalmente, el abogado Luis Ernesto Lazo Mendoza se presentó en la diligencia
con la que sería la documentación original del partido, en total 13 libros
contables. Los documentos se quedaron en poder del Ministerio Público.
ALLANADOS.
Fiscalía incautó tres laptops e
información contable en el local del Centro de Lima. En Surco, recogieron cinco
cajas con documentación del partido. / Gianfranco Huamán (Ojo-Publico.com).
Sin embargo, tras analizar la
documentación, la fiscalía encontró que los libros presentados por el abogado
Lazo Mendoza no eran idénticos a los entregados como copias legalizadas por el
letrado Edward García Navarro, en octubre pasado. Fue entonces que se presumió
que dichos libros, "presentados y exhibidos ante la fiscalía eran falsos y
que Fuerza Popular estaba ocultando o fraguando su información contable”.
Fue tan burda la operación de
suplantación de los libros contables, según el Ministerio Público, que se han
establecido posibles indicios de encubrimiento real. El libro caja presentado
por Fuerza Popular tenía 182 páginas en una versión, y 500 páginas en la otra.
La pericia contable que se hizo respecto a la primera versión era incompleta y
no consideró 23 aportes por más de S/1,3 millones que solo figuran en el
documento original. La fiscalía concluyó que habían partidas que no se habían
podido analizar.
Entre otros hallazgos, la fiscalía
detectó –en base a un informe de la Oficina de Procesos Electorales (ONPE)– que
Fuerza Popular tampoco sustentó gastos publicitarios por un total de S/884 mil
en su contabilidad. Estos expendios fueron informados por los medios de
comunicación, pero la respuesta de Fuerza Popular fue insuficiente a decir del
Ministerio Público.
TESTIGO PROTEGIDO.
Detalles de una reunión en la que el
congresista Rolando Reátegui solicitó a un colaborador que figure como
aportante para ocultar información a la ONPE. / Ojo-Publico.com.
APORTANTES SIN SUSTENTO
Otro de los hallazgos del Ministerio
Público, que forzaron el allanamiento de los locales de Fuerza Popular, está
relacionado con sus aportantes fantasmas.
Al corroborar los aportes de seis
personas de la región San Martín –cinco aportaron S/13.845 y uno S/41.280–, dos
personas negaron haber contribuido a la campaña fujimorista. Uno de ellos,
quien finalmente declaró en calidad de testigo protegido, afirmó que el
congresista Rolando Reátegui se reunió con él y un grupo de simpatizantes
fujimoristas, en marzo del 2011, y les dijo: “nos hemos excedido en la campaña
y no pueden sustentar sus gastos, por eso vengo a decirles a ustedes que, como
gente de confianza, se pongan como donantes del partido”.
Según esta versión, Reátegui les dijo
que necesitaba sus documentos y firmas para sustentar documentos de campaña
ante la ONPE. El testigo asegura que firmó dos papeles en blanco y entregó una
copia de su DNI. Cuando fue notificado de la investigación por lavado de
activos que se sigue al partido, el testigo encontró que su nombre aparecía
como aportante en tres ocasiones: dos veces por S/13 mil y una por US$5 mil.
OPERACIÓN LIMPIEZA.
Nolberto Rimarachín Díaz, excandidato
de Fuerza Popular, buscaba personalmente a los supuestos aportantes para
convencerlos que corroboren la versión del partido, según la fiscalía. /
Ojo-Publico.com.
Para los dirigentes de Fuerza Popular
de Tarapoto era importante que este testigo no declare en Lima. Uno de los
operadores que tuvo ese trabajo fue Nolberto Rimarachín Díaz, excandidato de
Fuerza Popular a la alcaldía de Nueva Cajamarca en el 2014. Él se encargaba de
llamarlos personalmente para que corroboren la versión que el partido había
declarado ante ONPE y cambiar así los testimonios de los supuestos aportantes.
Al ahora testigo protegido del
Ministerio Público le ofrecieron mil soles para que viaje a Moyobamba (San
Martín) y confirme el aporte, y hasta S/6 mil para que no viaje a la capital.
La fiscalía sostiene que hay evidencias suficientes para afirmar que Fuerza
Popular habría ocultado la identidad de posibles aportantes. Uno de los cuales
pudo haber sido la constructora Odebrecht. El congresista Reátegui rechazó
estas imputaciones a través de un comunicado en Twitter.
Además, en los libros contables la
fiscalía encontró aportes sin identificar por más de S/ 2 millones, y nuevas
discrepancias frente a la información presentada ante la ONPE: Ocho aportes por
S/ 728 mil no habían sido identificados en sus libros contables pero se les
había atribuido nombres de empresas y personas naturales en el reporte que
entregaron al organismo electoral.
En base a todos estos indicios, la
fiscalía persiste en la sospecha de que el partido de Fujimori ocultó aportes
de la constructora brasileña.
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