Mientas en el Congreso la mayoría fujimorista se ponen de acuerdo para impedir la visita del Presidente Maduro, esta misma mayoría,
permite que la empresa chilena Inka Farma monopolice la
venta de medicinas que terminarían elevando los precios en perjuicio de
los enfermos en especial de los más pobres.
La Ley de productos farmacéuticos, vigente desde el año
2009, dice a la letra que el Estado garantiza el acceso universal a medicinas e
insumos sanitarios a precios asequibles. Pero esta norma no se cumple por que las leyes vigentes no permiten al sector farmacéutico nacional competir en igualdad de condiciones con la empresa
chilena Inka Farma que controla el 90% de farmacias como lo señala
la nota informativa que adjuntamos:
REMEDIOS SIN REMEDIO
Por Diario UNO el enero 31, 2018
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Hace años me sorprende la cantidad de
farmacias que hay en el Perú: 11 mil según la estadística oficial (cinco mil en
Lima). Puede ello deberse a que hay aquí muchos enfermos y también a que las
medicinas no son eficaces, por lo cual cada vez hay más fármacos. En algunos
barrios populares hay dos y hasta tres por cuadra.
Ahora ha estallado un escándalo por
el hecho de que la poderosa empresa chilena Inkafarma ha comprado otro grupo de
farmacias, con lo cual resulta monopolizando el 90 por ciento del negocio. Esto
no es sano para los enfermos, menos aún para los pobres. El precio es la
amenaza. Ayer mismo, un canal de televisión mostró un fármaco que en Inkafarma
costaba 15 soles, en una farmacia independiente, nueve soles, y en otra, cinco
soles.
¿A quién castiga esa escala de
precios? ¡A los más pobres, por supuesto! Eso, el estado actual. ¿Cómo será
cuando Inkafarma ejerza su soberanía monopólica en un caso de crisis sanitaria?
Es un problema de peso no solo para
el presente individual. Pienso en los remedios que necesitan los once millones
de asegurados de EsSalud. Sé que ahí existe un solo proveedor de medicinas,
gracias a una concesión irresponsable que, a la luz del escándalo actual,
debiera investigarse y anularse.
El neoliberalismo ha permitido que en
el Seguro Social, así como en otras instituciones de la Salud, se instale el
afán privado por encima del interés colectivo. No se puede dejar organismos que
nos cuestan a todos en manos de quienes solo piensan en cuánto hay, cuánto hay
para llevarse el 90 por ciento.
El privatismo ha corrompido el
carácter social de la medicina. Acá, el egoísmo privatista ha colocado en manos
de aseguradoras y bancos la propiedad de clínicas y hospitales. Eso amenaza con
una catástrofe la salud de los trabajadores. El problema no es solo el precio
de las medicinas, sino por quién y cómo se producen, distribuyen y consumen
esas medicinas.
Otro eslabón de la cadena son los
grandes laboratorios transnacionales que manejan la salud al compás de sus
negocios. Recuerdo un ensayo del director de Salud Mental de los Estados Unidos
que señalaba que aquellos financian becas, bolsas de viaje, conferencias, para
que los siquiatras recomienden específicos que a lo largo de años suelen ser el
mismo con otro nombre. Cuando le mostré el texto en inglés a un siquiatra
amigo, me dijo: “Esa es la diferencia con la siquiatría europea. Esta no está
encadenada al negocio privado de la salud”.
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