PARA EL GENERAL (R) JUAN BRIONES PENA DE CÁRCEL EFECTIVA
DE DIEZ AÑOS.
Para la Fiscalía Suprema en lo Penal todos los ex
ministros tienen la condición de co autores del delito de rebelión, ya que no
es cierto que tuvieran conocimiento del golpe de Estado después que este se
materializó, participación de los ex ministros fue intenso y decisivo y no
fueron meros cómplices. Por estos fundamentos había solicitado entre 12 y 20
años de pena privativa de libertad. Pero…..
A continuación la nota periodística publicada por Cesar Levano.
GOLPE A LA
JUSTICIA
En esta columna publiqué, el 29 de noviembre de 2007,
el siguiente texto. Lo reproduzco porque conserva, creo, actualidad y se aparta
de las interpretaciones meramente jurídicas o políticas.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema acaba de
confirmar su inclinación política: ha dictado una sentencia demasiado benigna
contra los ministros que acompañaron a Fujimori en el golpe de Estado del 5 de
abril de 1992.
Sólo contra el general (r) Juan Briones se ha
producido una pena que corresponde a todos los ministros: pena de cárcel
efectiva de diez años. Sus colegas golpistas sólo reciben cuatro años de
prisión condicional.
La sentencia castiga la rebelión contra el Estado y la
ruptura del orden constitucional. Los ministros enjuiciados convalidaron el
golpe con un decreto supremo que, entre otras cosas, disolvió el Congreso
elegido por los ciudadanos.
En su momento y aún hoy muchos ven en el autogolpe de
1992 sólo un atentado contra las instituciones de la democracia formal. En
realidad, fue un pronunciamiento con más alcances que ése.
Puedo jactarme de que en el momento mismo del crimen
precisé los propósitos de éste. Trabajaba yo en esa época en Antena Uno Radio
(que es hoy CPN) y acababa de retirarme a dormir, aburrido con los programas de
TV, cuando Cecilia Lacca, directora de ese medio, me llamó por teléfono para
informarme de lo que acababa de ocurrir y pedirme un juicio inmediato.
Dije sin vacilar: “Éste es un golpe militar que lleva
como mascarón de proa a un presidente civil. Es un golpe de los militares
genocidas comprometidos en la violación de los derechos humanos y con el
narcotráfico”.
Esa misma noche, clausuraron la radio.
Creo que mi reflexión fue acertada. Mi percepción me
permitió mantener una posición firme basada en el criterio de que, puesto que
no estaban en juego sólo las formalidades democráticas, la lucha contra la
dictadura debía acompañarse de la defensa de los derechos humanos y sociales,
en particular de los trabajadores.
Lo acertado de mi opinión se vio refrendado por los
hechos. Pocas horas después del golpe, las fuerzas del orden asaltaron oficinas
del Poder Judicial donde se conservaban expedientes contra narcotraficantes.
Hay fotos e imágenes televisuales de cómo los documentos eran lanzados desde un
balcón del Palacio de Justicia a una camioneta descapotable.
Eran las huellas digitales de Vladimiro Montesinos.
Enseguida empezó la mayor ofensiva que se haya librado
contra los derechos sociales. Fujimori anuló la jornada de ocho horas, el
derecho a la seguridad social, al pago de horas extras, a las vacaciones;
introdujo la precariedad laboral (contratos a plazo fijo).
La faena antisocial, aplaudida por los grandes
empresarios, ha sido proseguida por Alejandro Toledo y Alan García. Los
oligarcas siguen aplaudiendo.
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