NOTA QUE PUBLICAMOS POR SU CONTENIDO REFLEXIVO
EL LOBBY COMO PARTE DEL SISTEMA POLÍTICO
Por Raúl Wiener
Tiene razón Ollanta Humala cuando le recuerda a los apristas que
los ministros de su gobierno acudían a reunirse con empresarios privados en la
suite de un hotel de lujo. Sí, pero eso no tiene por qué servir de
justificación para que ministros suyos se valgan de cuentas privadas de
Internet o cualquier otro medio electrónico para la misma cosa, recibir pedidos
de intermediarios de grandes empresas para decisiones gubernamentales que los
favorezcan.
Más aún, si se observa las intervenciones del ministro Eleodoro
Mayorga ante el de Medio Ambiente, que están contenidas en los cornejoleaks, se
verá que en su caso el gestor de intereses privados, o más crudamente el
lobista de la petroleras, es el mismísimo hombre del fajín, al que Humala
defiende y protege, a pesar de su todavía precaria permanencia en el gabinete
(podría ser censurado), casi le cuesta la no confianza a la premier Ana Jara.
Varios han convenido que el problema de Mayorga es que no
distingue el interés público del privado. Pienso que es peor: cree que son lo
mismo. Por eso dice que quién va a saber sobre materia ambiental más que las
petroleras como Karoon que hace exploraciones de petróleo y gas y detecta
reservas para venderlas a otras empresas. Y cuando Pulgar Vidal se queja ante Cornejo
que el reglamento de protección ambiental en hidrocarburos lo haya hecho la
petrolera australiana, contesta con pasmosa frialdad que en realidad no son las
empresas las que hacen los documentos técnicos, sino que contratan a terceros.
Casi lo mismo es con el tema de Interoil, en el que el ministro
asegura que la consultoría que hizo para la petrolera que opera en la costa
norte, para conseguir que el Estado le amplíe el término de vencimiento de su
contrato, fue hecha pensando en los intereses del país, al margen de lo que
cobró por ella, lo que quiere decir coherentemente que como ministro no iba a
hacer lo contrario de lo que venía haciendo. De ahí que Interoil consiguiera la
prórroga de su contrato.
“La decisión se tomó
antes que fuera ministro, y para eso se tomaron en cuenta varias explicaciones,
entre ellas la mía”, afirma Mayorga, que cuando se ciñó el fajín firmó a los
pocos días los documentos que convalidaban lo que había gestionado a nombre de
la empresa y de la consultora privada que representaba. “Si otro hubiera sido
el ministro, el resultado hubiera sido el mismo”, concluye, sugiriendo que
Perupetro y el gobierno ya habían cocinado el asunto y que tal vez por ello fue
que lo convocaron.
El contrato con Interoil se extendió entre 1993 y 2013 (veinte
años) y para no cumplir con devolver los campos, los noruegos asesorados por
Eleodoro Mayorga, invocaron una cláusula que advertía que en caso de fenómeno
del Niño se podían modificar los plazos. Esto había sido desestimado en marzo
por la Corte Internacional de Arbitraje, que no lo encontró como motivo
suficiente para exigir un tiempo adicional, pero como se sabe, la idea del
interés nacional coincidente con el de los inversionistas con que llegó el
ministro, hizo que se impusiera una prórroga prácticamente sin sustento.
Nada demasiado nuevo
El día en que Humala decidió contentar a la CONFIEP y enviar un
rotundo mensaje de paz a los grupos económicos a los que había criticado
durante años, que fue cuando decidió que Miguel Castilla, viceministro de Alan
García, asumiría la conducción del MEF, y Julio Velarde se quedaría al frente
del BCR, estableció la pauta de la que se vale Mayorga actualmente. Si el
gobierno depende de mantener un índice de crecimiento, que deriva a su vez de
los niveles de inversión que puedan realizar muy pocas empresas (alrededor de
200), y el Estado está paralizado para intervenir económicamente por la
Constitución, los gremios privados y los grandes medios de comunicación, el
resultado va a ser una inexorable subordinación del poder político al económico
y una pérdida de fronteras entre uno y otro.
Humala está preso de esta concepción que bloquea cualquier
posibilidad de hacer intervenir otras variables e intereses, en las decisiones
de Estado. En el discurso de 28 de julio, el presidente quiso disfrazarse con
su cara más amable, hablando de prioridad de las educación y la salud, pero aún
en ese espacio la clave de sus palabras estaba en ofrecer un mayor gasto
estatal, para declararlo inmediatamente insuficiente, y apostar por las
asociaciones con el sector privado como “solución”. Pero fue en la presentación
de Ana Jara donde estas ideas se hicieron mucho más explícita. De Cornejo se
había dicho que era el gabinete de las “inversiones” , por el reforzado papel
de la tecnocracia. Pero aún así la notaria iqueña amiga de la primera dama, se
ha empeñado en ser más amiga de las inversiones que los amigos de la
inversiones.
¿Hay lobby bueno?
Humala debe querer decir que cuando convocó a Mayorga ya sabía
que venía como representante de las petroleras y que como en el caso Urresti no
vio nada en su currículum que pudiera alarmarle. ¿Qué puede desencajar en un
gobierno que ha estado buscando desesperadamente la “confianza” de la gran
inversión que sus ministros sean consultores de las mismas? Por ello debe ser
que los cornejoleaks no han tenido ningún efecto en el gobierno, salvo en la
preocupación porque estas cosas se conozcan. Que Blume, Teullet, Mayorga,
Castilla, Cornejo, aparezcan tan asociados en defensa de intereses particulares
no hace reaccionar al presidente como alguien a quién le estarían sacando la
vuelta en sus narices, y eso debe ser porque Humala no encuentra por donde está
el problema, con tal que sus ministros no vayan a hoteles, que se ve pésimo.
Un hecho interesante a considerar es que mientras la población
se ha sentido remecida de conocer las promiscuidades entre el poder político y
el económico, y en general se ha desatado un rechazo de plano a estas prácticas
que favorecen la corrupción, los columnistas de la constelación de El Comercio
han salido a explicar nuevamente que el lobby en sí no es malo, que lo que
falta es regularlo y ejercerlo de la manera más transparente. Esto querría
decir que se requiere algún tipo de norma y de registro de los que realizan la
tarea de influir a las autoridades a responder a los intereses de las empresas.
Pero el Perú cuenta desde el año 2003 con una ley (28024) que
regula la llamada “gestión de intereses” y un listado en los Registros Públicos
para anotarse para cumplir estas funciones. Once años después, apenas un puñado
de personas tiene oficialmente esta condición (menos de 50), pero en el camino
ha habido petroaudios, cornejoleaks y otras expresiones de intervenciones de
personas que aprovechando sus relaciones con el poder han buscado influir
sistemáticamente en sus decisiones.
Porque este es el problema, que el sistema lobista del poder
está construido en base a relaciones personales que algunos tienen con los que
toman las decisiones públicas. Esto convierte en una reverenda farsa la idea de
que el modelo económico trabaja sobre la competencia y la neutralidad estatal
Los cornejoleaks son una cruda expresión de cómo se arreglan las cosas. Que es
además como se diseñaron los recientes paquetes de medidas para “reactivar la
economía”, que no son sino ventajas sacadas en negociación directa por los
propios beneficiarios.
Este modelo tiene más de dos décadas vigencia, y ha pasado por
el autoritarismo fujimorista, que mantenía la ilusión de dirigirlo todo cuando
estaba infiltrado de intereses empresariales; el histrionismo de Toledo, que
creía ser amigo de todo el mundo; le lobismo directo de García que según propia
confesión recibió 4 mil empresarios en cinco años de gobierno generando una
asociación entre su persona y muchos de ellos que le ha dado buenos resultados
económicos; y llega hasta el gobierno de Humala, copado de tecnócratas lobistas
asociados con extecnócratas también lobistas que trabajan para las empresas,
con un presidente pintado en la pared que cree que es fuerte cuando sostiene a
Mayorga y Castilla, que le vinieron impuestos por las empresas.
