Tres
hijos del reo Alberto Fujimori, incluido el congresista Kenji Fujimori, han
sido sometidos a investigación preliminar por lavado de activos. De inmediato,
Kenji ha oficiado a la presidenta del Congreso, Luz Salgado, solicitando que se
le levante la inmunidad parlamentaria. Bonita jugada, espera cortina de humo,
puesto que sabe que el Congreso dominado por su partido no va a acceder a ese
pedido.
La
verdad es sin duda que Kenji y todo el fujimorato temen que la investigación
emprendida por la Segunda Fiscalía Interprovincial de Lavado de Activos, si ahonda
en el caso, puede profundizar en la trama de los cien kilos de cocaína que la
policía encontró, en marzo de 2003, en el local de la Empresa Logística
Integral Marítima Andina S.A. (Limasa), propiedad de los tres hermanos ahora
incriminados.
La
droga iba a ser enviada a México. ¿Era el primer y único cargamento remitido
por Limasa? Se necesitaría ser de una ingenuidad conmovedora para creer eso.
Los
Fujimori han estado ligados al negocio más sucio –y más rentable– de la tierra
desde los días del cogobierno Alberto Fujimori-Vladimiro Montesinos. El tío
Vladi fue, en alianza con aquel, capo del tráfico. Cabe recordar cómo se
descubrió un gran envío de cocaína que iba a ser transportado a Moscú en el
avión presidencial.
Se
le echó la culpa a un subalterno de las fuerzas armadas. Por cierto que ese
modesto oficial no tenía los contactos de alto vuelo que se requerían.
El
libro de la periodista inglesa Sally Bowen The Fujimori File (El expediente
Fujimori), publicado el año 2000, contiene páginas y páginas de los lazos
ilícitos entre los narcos y el dúo Montesinos-Fujimori.
He
aquí un fragmento revelador (página 242): “La tarde del viernes 12 de agosto de
1996, las líneas telefónicas enrojecieron entre una corte de Pueblo Libre y
varias ramas de los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas. Demetrio
Chávez Peñaherrera, apodado “Vaticano” –uno de los más importantes capos
locales de la cocaína que estaba siendo juzgado por tráfico de cocaína– había
soltado un sensacional cargo durante una audiencia pública. Entre julio de 1991
y agosto de 1992, afirmó, había hecho pagos mensuales de 50.000 dólares a
través de un intermediario de Montesinos a cambio de la libertad para emplear
el aeropuerto de Campanilla, en el centro de la cocaína ilegal para compradores
de Colombia”.
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