LO BUENO, LO MALO Y LO FEO: BALANCE PRE ELECTORAL DE UN GOBIERNO JUGANDO
SUS DESCUENTOS
Como se ha
vuelto usual en el Perú, el Gobierno llega a su etapa final con niveles de
desaprobación considerables y con más desaciertos que aciertos. A poco más de
un año para la finalización del mandato presidencial de Ollanta Humala,
recopilamos algunos de los puntos y temas más significativos de un gobierno
jugándose sus descuentos. Si bien es una tarea complicada resumir cinco años de
actividad política en unas cuantas líneas, razón por la cual no pretendemos ser
exhaustivos, buscamos visibilizar algunos puntos clave del actual gobierno, ya
sea subrayando sus aciertos (lo bueno), sus significativos errores (lo malo) y
los temas ignorados (lo feo).
El balance
que elaboramos se concentra en varios puntos importantes, pero ha dejado en el
tintero otros hitos, como los intentos de intervención estatal en las
actividades económicas mediante regulación (pesquería) o participación directa
(intento de compra de Repsol), así como las fallidas estrategias políticas en
temas de diferente índole, como la “repartija” o la regulación del sistema de
pensiones para trabajadores independientes. Una primera constatación, como
señalamos desde un inicio, es que resulta más difícil ponderar los legados positivos
de este gobierno. Salta a simple vista la importante reforma en las políticas
sociales con la creación del Midis, así como la continuidad en los esfuerzos
por la profesionalización del cuerpo burocrático de diferentes sectores. Otras
reformas, como la legislación e implementación de la consulta previa, aún
resultan muy tímidas para considerarlas exitosas, sin embargo, una mirada fría
nos permite sostener que se trata de avances importantes quizás impensables en
otros gobiernos.
Por otro
lado, los errores significativos nos ayudan a comprender muchas de las
limitaciones del gobierno nacionalista, especialmente en cuanto a su forma de
gobierno (Ley Pulpín), al mismo tiempo que nos dan paso a plantear la
importancia de su debate y mejora con miras a las elecciones presidenciales del
próximo año. En esa línea, los retrocesos en materia de legislación ambiental o
los yerros en las respuestas estatales a la minería ilegal (y otras actividades
ilícitas) nos permiten preguntarnos qué pueden ofrecer las fuerzas políticas
que se disputarán los cargos de gobierno para el periodo 2016-2021. Finalmente,
el gobierno ha dejado, por acción u omisión, una serie de reformas importantes
como un inquietante asunto pendiente. Inquietante porque no resulta claro que
un próximo gobierno, tal como van las recientes encuestas de intención de voto,
tenga una agenda programática clara para enfrentarlos de la manera más óptima. 1
Lo bueno
Dos
grandes temas han llamado la atención en la última década: el importante
crecimiento económico que ha experimentado el Perú y las amenazas a la
continuidad de este modelo por las limitaciones estructurales e institucionales
del Estado peruano (Dargent 2013, Ghezzi y Gallardo 2013). A pesar de las
críticas, muy politizadas, que ha recibido el gobierno nacionalista en los
últimos meses, la continuidad en el manejo económico del país es un factor
positivo que no debería despreciarse. Cabe la pregunta acerca de si otro
gobierno hubiera sido capaz de mantener mejores indicadores económicos en el
contexto internacional que ha atravesado este periodo. Un balance desapasionado
nos permite guardar cierto grado de optimismo. El segundo punto, referido a la
política social, es bastante más fácil de identificar como un legado positivo
del actual mandatario. En ese sentido, las reformas introducidas por el
gobierno nacionalista en materia de políticas sociales apuntaron claramente a
resolver los problemas mencionados inicialmente. Por un lado, los programas
sociales tienen como objetivo contribuir a la reducción de los índices de
pobreza mediante asignaciones monetarias acompañadas de educación financiera y,
por otro lado, tienen el reto de acercar a la población excluida a servicios
estatales básicos como educación y salud.
Estas
reformas, contrariamente a lo que podría imaginarse, se desarrollaron sin
desconocer los avances de programas previamente introducidos por otros gobiernos
como Juntos (APRA), al mismo tiempo que fueron institucionalizados con la
creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), una agencia
estatal de corte técnico que disminuyó las aversiones políticas por el riesgo
de un posible manejo clientelar de los programas sociales (Dargent y Muñoz
2012). Los balances preliminares son bastante auspiciosos respecto al
cumplimiento de las metas propuestas por el Midis, así como algunas
investigaciones cualitativas restan peso a las preocupaciones sobre los
incentivos perversos que estos programas podrían tener en la población (ver
Correa y Roopnaraine 2013). Si bien han salido a la luz una serie de
limitaciones en la provisión de servicios como los casos de intoxicación en el
programa Qali Warma o los de corrupción y robo en Juntos, queda claro que estos
problemas no son ajenos a la implementación de programas ambiciosos en un
Estado con capacidades reducidas (Barrenechea y Sosa Villagarcia 2014). Lo que
llama la atención es la identificación y respuesta ante este tipo de
situaciones.
Otro tipo
de programas importantes que se han desarrollado en los últimos años son la
construcción de tambos y la implementación de las Plataformas Itinerantes de
Acción Social (PIAS). Si bien estas iniciativas pueden rastrearse en el tiempo
antes de la gestión de Ollanta Humala o en espacios “ajenos” al Gobierno
(Marina de Guerra), resulta claro que el contenido que estas plataformas de
servicios pueden ofrecer hoy en día a los ciudadanos que se benefician de sus
servicios es, en buena cuenta, producto de las reformas en política social que
este gobierno ha introducido. En los últimos años, se han construido 225 tambos
en 16 departamentos que funcionan como plataformas de servicios para facilitar
a todos los sectores del Estado la atención a poblaciones en condiciones de
pobreza y pobreza extrema que habitan en zonas rurales; según la información
del Ministerio de Vivienda, en estos tambos han brindado más de un millón de
atenciones. 2 Del mismo modo, desde 2013 opera
en la cuenca del río Napo la PIAS del mismo nombre, que ha sido implementada en
un barco incautado al narcotráfico y cedido por la Comisión Nacional de Bienes
Incautados. 3 Estas iniciativas son
significativas porque a través de ellas se acercan los servicios estatales de
diferentes sectores (programas sociales, servicios de salud, registros de
identificación) a la población territorialmente más alejada.
Un punto relacionado a estos temas es
la creciente eficacia con la que vienen funcionando algunas agencias del Estado
como el Midis y el Ministerio de Educación (Minedu), hablando solamente de su
estructura burocrática.
Un punto
relacionado a estos temas es la creciente eficacia con la que vienen
funcionando algunas agencias del Estado como el Midis y el Ministerio de
Educación (Minedu), hablando solamente de su estructura burocrática. Tal como
mencionamos anteriormente, el Midis ha logrado centralizar los esfuerzos de los
programas sociales en un solo ministerio, y desde sus inicios ha trazado metas
claras y medibles a través de instrumentos planificados como la Estrategia
Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Si bien la institución todavía
presenta retos, tal como la consolidación de capacidades para gestionar
procesos y la generación de una base de conocimiento para sustentar el enfoque
de desarrollo humano (ver Trivelli y Vargas Winstanley 2014), consideramos que
en líneas generales el Midis ha llevado a la profesionalización del manejo de
los programas sociales. Otra entidad estatal que muestra una creciente
profesionalización es el Minedu, el cual, a diferencia del Midis, viene
arrastrando problemas serios durante décadas. Aunque aún estamos lejos de tener
un ministerio que actúe con completa eficacia y eficiencia para solucionar los
principales problemas de la educación en el país, podemos mencionar algunas
oficinas y unidades que cuentan con niveles importantes de capacidad para
lograr sus objetivos (por ejemplo, la Oficina de Medición de la Calidad de los
Aprendizajes). 4 Si bien el tema educativo en el Perú
aún tiene muchos temas por reformar, como por ejemplo la carrera docente o la
implementación de la nueva Ley Universitaria, es justo resaltar algunos
esfuerzos potenciales en el sector, más aún si se compara con la gestión
anterior, abocada principalmente a la inversión en infraestructura.
Finalmente,
uno de los temas clave en este gobierno ha sido la aprobación de la Ley de
Consulta Previa y su reglamentación, condición que le da contenido jurídico
nacional a un convenio vigente, el n.° 169 de la OIT, desde la década de 1990.
Es cierto que existen una serie de factores que nos llevarían a pensar que,
lejos de tratarse de un elemento positivo, el gobierno de Ollanta Humala ha
hecho poco en el avance de esta agenda; sin embargo, como hemos señalado, una mirada
más ponderada resalta los pequeños pero significativos avances. Como han
señalado varios especialistas, la dinámica de introducción de industrias
extractivas ha tenido un efecto observable en el incremento de conflictos
sociales (Arce 2014), y dentro de esta lógica los pueblos indígenas han sido
uno de los grupos poblacionales más afectados (Bebbington 2013). En este
escenario, es importante reconocer que los derechos de estos pueblos son
constantemente vulnerados, y aquellas reformas que apunten a resguardarlos
tienen menos probabilidades de tener la atención del gobierno que otras. Esto
es clave en el derecho a la consulta previa, comúnmente pensada como un
mecanismo de limitación de estas actividades económicas.
En este
contexto adverso, sin embargo, el avance tímido del gobierno de Ollanta Humala,
tácita o explícitamente, ha contribuido a dejar un legado político importante
en esta materia. La aprobación de la Ley de Consulta, boicoteada por el
Ejecutivo en el gobierno anterior, y su reglamentación, desarrollada
sorprendentemente en muy corto tiempo, marcan un punto clave en la forma como
el Estado se ha ido relacionando con la población indígena. Con todas las
críticas que pueda tener este cuerpo legal, como lo han hecho saber en varias
oportunidades las organizaciones indígenas, se ha obligado al Estado a hacer
política —para bien y para mal— tomando en cuenta el impacto que esta tiene en
los pueblos indígenas. El Estado, por ejemplo, se vio obligado a elaborar y
publicar una serie de instrumentos y herramientas administrativas para la
correcta aplicación de esta normativa, entre ellas la Base de Datos Oficial
sobre Pueblos Indígenas fue la más contestada y polémica por los criterios de
identificación en su elaboración y el efecto político que podía tener su
publicación. Luego de una serie de encrucijadas políticas (ver Gálvez y Sosa
2013), el Viceministerio de Interculturalidad optó por publicar estos
resultados de manera paulatina hasta que, en los últimos meses, se ha ido
conociendo la información más cuestionada: la información de los pueblos
indígenas andinos y su ubicación, temida por los sectores extractivos por
superponerse a varios potenciales proyectos. 5
Lo malo
Lo malo,
como sugerimos, es más fácil de identificar, y el espacio ofrecido en este
ensayo quedaría corto para enumerar los yerros en el presente gobierno. 6 Sin embargo, como hemos
adelantado, queremos centrarnos en los puntos que consideramos más importantes
no solo por el balance negativo a la hora de juzgar al Gobierno, sino sobre
todo por su potencial relevancia en la agenda electoral del año próximo. En ese
sentido, uno de los primeros temas que llama la atención está relacionado a la
política ambiental del Gobierno. El Ministerio del Ambiente, heredado del
gobierno aprista, fue un actor clave dentro de la lógica del Gobierno por el
papel político que desempeñó el ministro Manuel Pulgar-Vidal, uno de los más
estables a pesar de los constantes cambios ministeriales (Sosa Villagarcia
2015). Esta preponderancia, además, cobró importancia con el desarrollo de la
COP20 en Lima en 2014, donde no solo resaltó el papel protagónico del Perú,
sino que, lamentablemente, se hicieron más explícitas las contradicciones del
Gobierno en su política ambiental, pues se abrió un espacio importante para la
crítica por una serie de cambios denominados “el paquetazo ambiental”, que
contemplaban, entre otras medidas, la limitación funcional de las capacidades
de fiscalización de la OEFA, órgano de control ambiental, y la flexibilización
de los estándares y procesos de acreditación ambiental.
La experiencia de la “Ley Pulpín” nos
enseña que la falta de canales de comunicación entre la sociedad civil y el
Gobierno puede salir muy cara al largo plazo.
Por otro
lado, la política ambiental también exhibió una serie de incongruencias en su
manejo de la formalización y erradicación de la minería ilegal. Esta es una
actividad que ha crecido de forma exponencial debido a la demanda internacional
de minerales, principalmente del oro, y su efecto es visible no solo por el
impacto ambiental que genera, sino también por los problemas sociales y
estatales que trae consigo, como la proliferación de la prostitución
clandestina, la trata de personas y la corrupción de funcionarios públicos, como
reconoce el propio Ministerio del Ambiente. 7 Este es un problema que también
ha sido heredado de gestiones anteriores, y cuya respuesta estatal ha variado
de forma importante; sin embargo, los resultados aún reflejan una política
débil y limitada. Como sostienen Dargent y Urteaga (s. f.), las medidas
adoptadas por el presente gobierno han contemplado un tratamiento más integral
del problema, incorporando medidas para la fase de extracción y procesamiento
(formalización, interdicciones y el control de insumos químicos usados para la
explotación), así como otras enfocadas en el control de la exportación y
comercialización del oro obtenido de forma ilegal, exigiendo a los procesadores
la documentación que verifica la procedencia legal del mineral. Las respuestas
de los mineros informales, sin embargo, han hecho evidentes las limitaciones de
esta política, especialmente por la debilidad estatal y la falta de control
efectivo del territorio (Dargent y Urteaga s. f.).
En materia
de conflictos sociales, el Gobierno deja un asunto pendiente importante aunque
diferente, claro está, al heredado del gobierno de Alan García. Ollanta Humala
procuró introducir ciertos cambios desde la Presidencia del Consejo de
Ministros con la creación de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad
(ONDS), dirigida originalmente por Vladimiro Huaroc, que procuró un cambio en
la forma de negociación de los conflictos sociales reemplazando las “mesas de
diálogo” por “mesas de desarrollo”, que no solo discutan los puntos
concernientes al conflicto latente, sino que introduzcan en la negociación
agendas de desarrollo integral con la participación de todos los sectores del
Estado. Como se señala en el número anterior de la Revista Argumentos,
los conflictos sociales activos, registrados por la Defensoría del Pueblo,
parecen mantenerse, en promedio, en una meseta luego del segundo año de
gobierno, aunque registran una tendencia decreciente; sin embargo, la respuesta
estatal a los conflictos sociales de Conga, Espinar y Tía María terminó
obedeciendo, lamentablemente, a una estrategia heredada de su predecesor (Sosa
Villagarcia 2015). Esto es preocupante, especialmente, porque Humala fue
elegido con los votos de estos sectores, a quienes además prometió hacer de sus
demandas una prioridad frente a la introducción de industrias extractivas, en
oposición a la política del gobierno anterior. Finalmente, la política del
Gobierno fue diferente, lo cual generó aún más rechazo de este sector de la
población.
Otro de
los grandes desaciertos del gobierno de Humala fue el fallido intento de
reforma laboral, focalizada en el sector informal más joven, mediante la
llamada “Ley Pulpín”, ley n.° 30288, que permitía a las empresas contratar a
trabajadores de 18 a 24 años sin que reciban beneficios como la CTS o las
gratificaciones. La ley fue aprobada por el Congreso el 11 de diciembre de
2014, promulgada por el Ejecutivo el 16 de diciembre del mismo año y fue
finalmente derogada a fines de enero de 2015. Es decir, tuvo menos de dos meses
de vigencia. Más allá del debate sobre la conveniencia o no de la medida como
incentivo para lograr el objetivo planteado, el manejo político de la reforma
por parte del Ejecutivo dejó mucho que desear. Para comenzar, no hubo ningún
tipo de campaña de comunicación o difusión por parte del Gobierno acerca de los
supuestos beneficios de la norma, tomando en consideración la sensibilidad del
tema laboral para los jóvenes. La norma fue aprobada por el Congreso sin haber
generado mayores discusiones previas acerca de su conveniencia, y cuando se le
consultaba al presidente por su opinión al respecto, sus respuestas eran más
bien confusas. 8
Rápidamente,
la ley genera el rechazo del sector al cual iba a afectar de manera más
directa: los jóvenes. Este sector se movilizó y logró organizar cinco marchas
con un grado de organización importante (García y Vela 2015). Mientras tanto,
Humala seguía de espaldas a la opinión pública, y tanto él como la primera
dama, Nadine Heredia, continuaban con la defensa del nuevo régimen laboral
juvenil. Sin embargo, al verse acorralado por la presión de las movilizaciones
y el malestar general a raíz de la medida, 9 el presidente tuvo que convocar a
una legislatura extraordinaria del Congreso, en la que se derogó la norma. La
experiencia de la “Ley Pulpín” nos enseña que la falta de canales de
comunicación entre la sociedad civil y el Gobierno puede salir muy cara al
largo plazo, sobre todo para un gobierno “desgastado, acosado por múltiples
escándalos, percibido como inconsecuente con sus promesas electorales” (Tanaka
2014). La derogación de la ley demuestra los problemas de manejo político que
evidenció el Gobierno desde sus inicios, más preocupado en apagar los incendios
políticos que iban apareciendo que en renovar sus relaciones con la ciudadanía
y los demás partidos políticos (Sosa Villagarcia 2015).
Lo feo
De esta
manera, llegamos al punto final en nuestro balance, en el cual resaltamos los
temas centrales que fueron ignorados por el Gobierno, y que amenazan con entrar
con fuerza al debate presidencial para 2016. El primer punto a recalcar es la
ausencia de una posición por parte del Gobierno acerca de la agenda LGTB, la
unión civil y los derechos reproductivos. La única medida relacionada a este
punto que se ha logrado avanzar durante el gobierno actual fue el protocolo del
aborto terapéutico, aunque cabe recordar que la medida ya estaba contemplada en
el Código Penal desde hace noventa años. Con respecto a temas como la unión
civil o el aborto en caso de violación, Humala ha preferido no pronunciarse
abiertamente, y lo único que ha declarado es que cree en un país libre de
discriminación. 10 El mandatario no solo brilló por
su ausencia, sino todos los partidos políticos, los cuales prefirieron hacerse
de la vista gorda o se pronunciaban a través de congresistas con declaraciones
anacrónicas (y consideradas acientíficas en algunos casos). A pesar de esta
ausencia de debate actual, podríamos esperar que para las elecciones
presidenciales de 2016 el tema de la unión civil y el matrimonio igualitario
esté muy presente. 11
Un segundo
tema que aún pesa en la política peruana, y que definitivamente surgirá en los
debates por la campaña presidencial, es el de la corrupción. El actual
gobierno, a pesar de las promesas de campaña de sancionar estos casos con “mano
dura”, se ha visto envuelto en escándalos de corrupción a gran escala, como en
relación con su supuesta vinculación con Martín Belaunde Lossio y la red
Orellana. A raíz del vínculo con este personaje y de las consecuentes
investigaciones, las relaciones con la Fiscalía y la Procuradoría
Anticorrupción parecen tambalearse. En el caso de la Procuradoría
Anticorrupción, hay acusaciones de presión por parte del exministro de Justicia
Daniel Figallo a los procuradores Christian Salas y Yeni Vilcatoma por el caso
Belaunde Lossio; mientras que en el caso de la Fiscalía, el presidente Humala
ha tenido palabras fuertes en contra del fiscal César Rojas, quien investiga a
su esposa por lavado de activos. En general, Humala culmina su mandato con la
impresión de no haber hecho nada radicalmente distinto a sus predecesores en
cuanto a lucha anticorrupción, y más bien parece repetir la figura de un
presidente que termina su gobierno con escándalos que lo involucran
directamente. 12
Un tercer
tema que parece haber pasado desapercibido por el actual gobierno es la
inseguridad ciudadana, a pesar de ser considerado uno de los mayores problemas
que aqueja al país, sobre todo para la población urbana (Carrión, Zárate y
Zechmeister 2015). De nuevo encontramos a un presidente electo con la promesa
de afrontar este tema, pero que una vez en el poder es incapaz de hacerle
frente. El Ministerio del Interior cuenta hasta el momento con su séptimo
ministro en lo que va del gobierno, y las acciones en contra de la creciente
percepción de inseguridad son casi nulas e invisibles a la ciudadanía. Ante la
ausencia de acciones concertadas y planificadas, las apariciones
grandilocuentes (por ejemplo, el exministro del Interior, Daniel Urresti,
dirigiendo operativos por las calles de Lima) parecen ser recibidas por la
población como una suerte de consuelo. Las acciones en contra de la inseguridad
parecen ser más planificadas y exitosas a escala municipal distrital; sin
embargo, en el ámbito del Gobierno central, medidas como la profunda reforma
del Ministerio, la PNP y el Poder Judicial aún son necesarias.
El periodo 2011-2016 dejará como un
importante legado la concreción de un modelo institucionalizado de política
social que, aun con sus limitaciones, debería ser respetado, corregido y
afianzado en los siguientes gobiernos.
Por
último, un punto central que fue dejado de lado por el gobierno de Humala, y
que viene siendo arrastrado por todos los gobiernos desde el 2002, es el tema
de la descentralización y la política subnacional. En un contexto de boomeconómico
y mayores ingresos para los gobiernos subnacionales, cada vez es más común oír
denuncias sobre escándalos de corrupción que implican a los presidentes
regionales y alcaldes. Mientras tanto, la capacidad de gestión de estos
gobiernos es bastante baja, y las ciudades en el interior del país sufren por
la falta de planificación urbana. Todos estos problemas se ven enmarcados en un
contexto mayor de “precariedad organizativa de la política peruana” y de
debilidad del Estado y sus entidades para controlar y fiscalizar a los gobiernos
subnacionales (Muñoz 2014), así como en la presencia de mayores presupuestos
por canon en algunas regiones (Arévalo 2015).
Si bien es
complicado enfrentar el tema, dadas las resistencias a escala regional y el
temor de ir en contra de una medida vista como “democratizadora”, el Gobierno
ha decidido evadir las reformas centrales y más bien se ha enfocado en temas
que no aportan en lo absoluto, y hasta podrían terminar agravando el problema:
prohibir la reelección inmediata del presidente regional y cambiar la
denominación de este último a “gobernador regional”. 13 Como es usual al momento de
tomar decisiones en los gobiernos, la reforma para prohibir la reelección se
dio de manera reactiva ante los escándalos de corrupción y crimen de César
Álvarez, expresidente regional de Áncash. Sin duda, los temas de la corrupción
en gobiernos subnacionales y la falta de gestión de estos continuarán siendo
centrales en los debates para la elección de 2016, y se espera que las reformas
propuestas sean más sustanciales y planificadas que lo efectuado por el actual
gobierno. 14
Como hemos
visto en este recuento, el Gobierno que se prepara para dejar Palacio tiene una
serie de legados positivos y negativos, así como un saldo importante en
reformas que requieren atención inmediata. Este gobierno ha sido clave, y hay
que reconocerlo, en aterrizar una alternativa de “crecimiento con inclusión”,
aunque el eslogan le haya quedado chico al presidente al momento de cosechar el
apoyo popular a su mandato. El periodo 2011-2016 dejará como un importante
legado la concreción de un modelo institucionalizado de política social que,
aun con sus limitaciones, debería ser respetado, corregido y afianzado en los
siguientes gobiernos. Como hemos intentado argumentar, esta política le ha dado
contenido cualitativo a otro tipo de proyectos implementados en los últimos
años, especialmente en los espacios menos favorecidos por el crecimiento
económico e históricamente relegados de la atención estatal.
A pesar de
las victorias enlistadas, son los errores y las omisiones del presente gobierno
los que más destacan en este escenario preelectoral. Ollanta Humala deja el
sillón presidencial habiendo cometido errores cruciales que dan cuenta de su
inexperiencia política y falta de planificación para la elaboración de
políticas públicas eficaces. En temas como la política ambiental, por ejemplo,
parece haber dado un retroceso con la limitación del rol fiscalizador del OEFA
y la flexibilización de los procesos de acreditación. Así también, no se dio
ningún tipo de acción efectiva en el tema de la formalización y erradicación de
la minería ilegal, y, en general, el tema de la conflictividad social asociada
a la minería no parece haber generado una respuesta adecuada. Por último, cabe
resaltar también la falta de manejo político del Gobierno y su incapacidad para
tender puentes de comunicación con la sociedad civil, lo que se ve reflejado en
episodios de protesta por la “Ley Pulpín” o la “repartija”. En cuanto a las
omisiones del Gobierno, algunas de las más resaltantes son la falta de una
posición clara acerca de la unión civil y de los derechos reproductivos. La
inacción en temas clave como la corrupción, la inseguridad y la
descentralización tan solo reforzaron la imagen de un gobierno con una falta de
visión clara que repite patrones de comportamiento de gobiernos pasados por default.
Este es,
claro está, un balance primario de estos temas, y requiere de miradas más
profundas para poder concretar la ansiada agenda pendiente. En los últimos
años, se ha llamado la atención acerca de estas condiciones y los efectos que pueden
tener en el mediano y largo plazo sobre las perspectivas de desarrollo de un
país que se ha considerado “milagroso” por su trayectoria económica. Sin
embargo, no basta con mirar y denunciar “los grandes temas pendientes” de
reojo, sino hacer cada vez más el ejercicio de ofrecer balances ponderados que,
aunque siendo eminentemente políticos, nos permitan aproximarnos mejor a las
necesidades que reclama el país y a las alternativas de solución que
efectivamente nos plantean las diferentes fuerzas políticas. Ni el optimismo
mediocre ni la mezquindad deberían cegarnos en este recorrido, más aún hoy que
parece aflorar en nuestras autoridades la tendencia a borrar de porrazo todas
las herencias de los oponentes, aun cuando se tratan de iniciativas importantes.
Abierto queda el debate que, esperemos, se refleje en el discurso presidencial
del 28 de julio de 2016, independientemente del grupo político que gane las
elecciones.
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