EL AÑO 2014 HA SIDO EL AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL DESPOJO MARCADO
POR LOS INCUMPLIMIENTOS, LA IMPUNIDAD Y LAS MENTIRAS
Escribía Don Cesar
Lévano El 2014: “Nos deja un gobierno arrinconado por una tecnocracia neo liberal y una derecha empresarial que quieren sostener tasas de crecimiento
y tasas de ganancia a costa del medio ambiente, del patrimonio cultural y de
los trabajadores y las trabajadoras, objetivo central de los 4 paquetes de
medidas que se han dado en respuesta a la caída en las tasas de crecimiento que
se ha vivido en el 2014. Nos deja un Estado profundamente penetrado por la
corrupción. Y no solo se trata de un problema asociado a la descentralización,
sino de la penetración del crimen organizado hasta los niveles más altos del
estado, incluyendo la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial”
Pasado la locura del año nuevo en la que todo fue pura ilusión con los
mejores deseos, ahora volvemos a la realidad en medio de dificultades y
conflictos acumulados producto de ofrecimientos incumplidos que hacen sumamente
difícil el escenario en el que tenemos que desplazarnos, escenario embalsamado
de hechos como la LEY PULPIN que únicamente favorece a los empresarios.
En ese marco y contexto, el
año que comienza no parece que vaya a mejorar, por el contrario, apuesta por
mantener las políticas que nos está conduciendo
a un creciente malestar social que
se debe canalizar en términos de respuestas políticas por que resulta
imprescindible que se supere los problemas, sobre todo cuando el actual
gobierno está empeñado en seguir aplicando esas políticas.
No debemos perder de vista que se está produciendo una fuerte y
generalizada respuesta a la “clase política”; dejando en evidencia las medidas
de un gobierno que está poniendo en grave riesgo la democracia y que carece de
soluciones en perjuicio de los más débiles que sólo buscan justicia y bienestar
para todos y no para unos cuantos.
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Bangladesh a la
vista
Un interesante cálculo del conocido catedrático sanmarquino Jorge Rendón Vázquez, demuestra que con la aplicación de la Ley 30288, un patrón al contratar a un joven con los derechos recortados, se embolsará el 41.16%.
El resultado lo obtiene sobre un pago de $750
mensuales, equivalentes a $9000 al año. De aquí, deja de pagar $750 por CTS,
dos gratificaciones de $1500, $900 de asignación familiar, $180 por seguro de
vida y $375 por quince días de vacaciones no pagadas. En total $3705 que no
beneficiarán al trabajador que crea riqueza.
Los datos evidencian que el objetivo de la ley va
únicamente a favorecer a los empresarios, en particular a los grandes. La
Organización Internacional del Trabajo demuestra que no existe ningún caso que
verifique que regímenes parecidos aumenten el nivel de empleo, y menos
contribuyan a su formalización.
Lo que soslayan los publicistas de la explotación
juvenil, es que las estadísticas en nuestro precaria economía registran a los
trabajadores desde los 14 años. En realidad laboran desde mucho antes, en
pésimas condiciones, obligados por la necesidad, tomados por el descaro de los
empleadores ilegales y la negligencia estatal que lo permite. En condiciones de
servidumbre, los adolescentes que podían aspirar a una mejor situación al
llegar a la mayoría de edad, ahora se encuentran formalmente discriminados. La
explotación persistirá hasta que cumplan 25 años. Encima, las estadísticas
oficiales –cuadros de condiciones de vida del INEI-, prueban que los sectores
menos calificados tienen más oportunidades de trabajo que los que terminan una
carrera universitaria, incluso que los que estudiaron secundaria.
Las cifras evidencian la penosa situación del empleo
en el Perú. Con una economía donde el 80% de las unidades productivas son
ilegales, las encuestas del INEI prueban que la abrumadora mayoría de
empresarios prefiere el trabajo no calificado.
Sobre este dramático escenario laboral, el gobierno de
Ollanta Humala decide remachar la explotación y suprimirle derechos a los
jóvenes. El problema resulta muy serio cuando el Ministro de Educación,
proclama que: “Las leyes laborales en el Perú son irreales desde 1930”. En
cualquier país democrático, una declaración tan retrógrada ya hubiese merecido
la renuncia del dinosaurio. Aquí miran a otro lado.
Las dimensiones que alcanza la supresión de derechos
laborales desde la dictadura de Alberto Fujimori, no cesa de golpear al
trabajo. No hay que olvidar que desde su formación, el nacionalismo incorporó
en sus filas a los grandes mineros ilegales y a los cocaleros del narcotráfico,
además de otros contingentes de la economía delictiva.
La movilización de los jóvenes, atropellados en sus
derechos constitucionales, por un gobierno que desconoce la igualdad ante la
ley, el derecho al progreso social y a la participación en las utilidades, no
debe detenerse, sino queremos convertirnos en Bangladesh.
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