EMPRESARIO CHILENO DEBEN SER
DENUNCIADOS POR HOMICIDIO CULPOSO
Lo ocurrido en Larcomar si no fue provocado para
generar pánico y luego inestabilidad política,
es el resultado de la imposición del Neoliberalismo en el Perú por
la dictadura fuji-montesinista, obviando normas sobre seguridad y privilegiando los
interese de la inversión extranjera. Es que, como señala Michael Porte, que la
mayor parte de la inversión extranjera no viene al Perú a crear nuevas empresas, sino a comprar
negocios ya existentes” añadiendo con
espantosa exactitud lo siguiente: cuando un inversionista, piensa en una fábrica,
no piensa en el Perú.
Al final, la empresa chilena que no respeto las normas de exigencias de seguridad, terminara como
ocurre siempre en el Perú, libre de responsabilidad
al igual que las municipalidad. En estas condiciones la rentabilidad de la inversión
extrajera está garantizada.
PODRÍAN SER
DENUNCIADOS POR HOMICIDIO CULPOSO
Por Diario
UNO el noviembre 18, 2016
Si Fiscalía determina
que empresa chilena dueña de Larcomar no cumplió con medidas para evitar
tragedias.
Henry Cotos
Campeán
Diario UNO
Si la
Fiscalía en sus investigaciones sobre las causas del incendio en Larcomar
determina que hubo negligencia o dolo, y los propietarios no tomaron las
acciones necesarias para impedir una tragedia como la que se vivió en ese
centro comercial con la muerte de cuatro trabajadores, se podría configurar el
delito de homicidio culposo y los dueños de Larcomar (de capitales chilenos) podrían
ser procesados penalmente.
Así lo afirmó
el abogado penalista Mario Amoretti, quien comentó que “si se comprueba que los
dueños del establecimiento no tomaron las medidas para prevenir una situación
de esta naturaleza podrían ser denunciados por homicidio culposo que tiene una
sanción penal de hasta 4 años. No solo se trata de un incendio sino de la
muerte de cuatro personas, lo que debería ser investigado a profundidad”.
En julio del
2010 la empresa chilena Parque Arauco (que también es accionista de la cadena
Mega Plaza) compró las acciones de Graña y Montero y de esta forma pasó a
convertirse en el dueño del centro comercial Larcomar.
Por lo
pronto, la magistrada Janet Bernal (titular de la primera Fiscalía Provincial
Penal de Miraflores) inició una investigación para determinar las causas del
incendio en Larcomar que provocó la muerte de Joel Mario Condori Rejas, Soledad
Moreima Oliveros Trujillo, Sonia Graciela Repetto Chamochumbi y Anita Torres
Cochachín.
FISCAL DE LA
NACIÓN
El Fiscal de
la Nación, Pablo Sánchez, sostuvo que solo una exhaustiva investigación
permitirá establecer las responsabilidades y determinar si se produjo por negligencia
o dolo. “La muerte de las personas en Larcomar es muy lamentable y se deben
establecer responsabilidades por la pérdida de vidas humanas”, indicó.
Ayer,
personal de la Policía Nacional de la dirección de criminalística y Seguridad
del Estado ingresó al local de la sala número 10 de los cines UVK, ubicado al
interior del centro comercial Larcomar, para tomar las pruebas y comenzar a
hacer las investigaciones y dar a conocer las verdaderas causas que ha
originado el incendio.
Seguridad del
Estado es el único ente encargado oficialmente de hacer las investigaciones de
cualquier tipo de incendio que ocurra en cualquier lugar. En el lugar se
destacó a 12 peritos entre personal de criminalística y Seguridad del Estado
que iniciaron su trabajo a las 9:00 a.m.
Mientras
tanto los dueños y trabajadores de las diferentes tiendas del centro comercial
Larcomar fueron impedidos de ingresar a sus locales tras el incendio.
LOS
CERTIFICADOS
Ayer también
se puso en entredicho la idoneidad de los certificados de Defensa Civil que son
entregados a las grandes empresas como Larcomar debido a que son indeterminados
y no obliga a que las empresas realicen revisiones periódicas y modifiquen sus
sistemas de seguridad.
Esto debido a
un Decreto Supremo (DS 058-2014-PCMS) que en lugar de ser riguroso con los
controles más bien los relaja, poniendo en riesgo la vida de los usuarios a
estos centros comerciales, tal como ocurrió en el incendio que mató a cuatro
personas el último miércoles.
Especialistas
consultados pidieron la derogatoria de esta norma legal dada por el pasado
gobierno de Ollanta Humala.
“Este Decreto
Supremo es absolutamente sospechoso, aparentemente las grandes empresas estaban
molestas de hacer el trámite de Defensa Civil cada año ¿Cuál fue el lobby para
que esta norma se diera? Esta norma pone en riesgo la vida de las personas”,
dijo a diario UNO, el presidente de Aspec, Crisólogo Cáceres, quien pidió que
el premier Fernando Zavala, derogue esta norma que solo beneficia a las grandes
empresas.
La presidenta
de la comisión de inspectores técnicos de seguridad en edificaciones del
consejo departamental de Lima del CIP (Colegio de Ingenieros del Perú), Nancy
Barrenechea solicitó retomar la vigencia de dos años para las licencias de
Defensa Civil para las empresas y la actualización de las inspecciones.
INDETERMINADOS
Estos
certificados no pueden ser indeterminados, señala la expresidenta de la
Comisión Nacional de Seguridad en Edificaciones del Colegio de Arquitectos del
Perú, Eva Constanza, quien asegura que las empresas maquillan los locales para
aprobar la inspección, pero al día siguiente todo regresa a su estado de
inseguridad.
El
especialista en temas municipales, Julio César Castiglioni, también se mostró a
favor que las licencias de funcionamiento vuelvan a ser entregadas por los
gobiernos locales y las inspecciones realizadas por Defensa Civil.
“En todas las
municipalidades existe un área de fiscalización. El gobierno local en su
conjunto tiene la obligación de hacer el rol de fiscalización y control porque
ellos entregaron la licencia de funcionamiento. Y si detectan que no se está
cumpliendo con los requisitos que antes tenía, está en la obligación de
clausurarlo, multar o revocar la licencia”, manifestó.
ADEMÁS
Parque Arauco
S.A. es una empresa inmobiliaria, centrada principalmente en la explotación de
centros comerciales. Es originaria de Santiago, Chile, pero tiene presencia en
Perú y Colombia, siendo su fundador José Said, un peruano que además es
propietario de una embotelladora, una envasadora y posee el 28 por ciento de
las acciones del banco BBVA en Chile.
No hay comentarios:
Publicar un comentario