EL POBRE DIABLO QUE SE CONVIRTIO EN CONTRALOR DE LA REPÚBLICA

EL BOTONERO DE LA CALLE 6 DE AGOSTO

Víctor Enrique Caso Lay, en su condición de contralor general de la República, desde el 28 de junio de 1993 al 28 de junio de 2000, no efectuó acciones de control y fiscalización al Servicio de Inteligencia Nacional, sobre el enriquecimiento ilícito de Vladimiro Montesinos, ni impuso ni aprobó los planes anuales de control para la fiscalización del presupuesto del SIN, favoreciendo de esta forma los actos de corrupción en dicha institución (DIARIO16).

Víctor Caso Lay tenía una vida discreta en El Salvador. Durante casi trece años evadió a las autoridades. Estaba acusado de corrupción, tenía una remuneración y pagaba impuestos. Durante el régimen aprista ocurrieron hechos extraños que lo beneficiaron y que, incluso, lo salvaron cuando estuvo a punto de ser capturado (VELA VERDE) 

Por Raül Wiener (DIARIO LA PRIMERA)

Antes de ser propuesto por su amigo Santiago Fujimori, ante su hermano Alberto Kenyo, que a su vez lo presentaría ante el Congreso para hacerse cargo de la Contraloría General durante siete años, Víctor Enrique Caso Lay era un pacífico vendedor de botones en una de las antiguas calles del centro de Lima. Cuando, la oposición de la época denunció que el propuesto no tenía experiencia que lo sustentara para un cargo de esta trascendencia, Martha Chávez dijo que había que darle oportunidad de aprender y de recoger su experiencia en la empresa privada.

Instalado en el edificio de la Contraloría en la avenida 6 de agosto en Jesús María, Caso Lay nombró como Subcontralor Adjunto al Ing. Juan Carlos Migone Guzmán; como secretario general al abogado José Manuel Dulanto D´Carroll; como jefe de la oficina jurídica al abogado Juan Carlos Morón Urbina; y como director de administración al contador Andrés Casildo Mariños; todos los cuales figuraron en la investigación del año 2001, cuando el excontralor de Fujimori usó en su descargo el hecho de que estos funcionarios fueran los que visaban con carácter retroactivo los gastos de las Fuerzas Armadas y el SIN, sin revisarlos y menos cuestionarlos, en lo que se suponía un mecanismo de regularización.

Durante sus testimonios ante la Comisión de Alto Nivel, el abogado Morón, actualmente miembro del Estudio Echecopar, contaba que las veces en que quiso negarse a visar lo que consideraba demasiado problemático, Caso Lay lo emplazó teniendo al lado a jefes militares a los que les indicaba que ese era “el señor que estaba oponiéndose”. Morón además relata que cuando se negó firmemente a firmar, ocurrió que en la mañana siguiente manejando muy temprano en dirección a la Contraloría, una bomba lacrimógena estalló sobre el parabrisas de su automóvil haciéndole perder el control. Más tarde encontró una nota sobre su escritorio que le indicaba que ojalá hubiese entendido el mensaje. Nunca más se negó a la orden superior.

El director de administración, Casildo, ya fallecido, dio otra explicación para la insólita circunstancia de que un funcionario de gestión interna de la institución, apareciera en los visados de gastos militares, indicando que su situación laboral en todos esos años fue sumamente precaria: “me renovaban el contrato cada mes y me presionaban con la amenaza de despido”.

Caso Lay no se presentó a la Comisión de Alto Nivel y mandó varios mensajes para intentar una negociación. Ante los comisionados se identificó entonces como su apoderado, el ingeniero Paco Toledo Llallico, funcionario de la Contraloría, que quiso declarar por él. La pretensión no fue aceptada. Caso Lay salió del país poco después. Paco Toledo es actualmente Gerente Central de Calidad de la Contraloría y al parecer encabeza una red de funcionarios fujimoristas que bloquean cualquier esfuerzo anticorrupción que pudiera poner en evidencia el papel que han venido jugando a través del tiempo.

Para llegar a las primeras conclusiones sobre lo que había sido la Contraloría fujimontesinista, los comisionados del gobierno transitorio de Paniagua, tuvieron que abrir las puertas del quinto piso del edificio de 6 de agosto, que permanecía cerrado con varios candados y sobre el cual, la contralora saliente, Carmen Higaona, recibió una hoja en blanco que intentó transferir a su sucesor que no lo aceptó. El encargado de las llaves de ese piso era el jefe de Control Interno de la Contraloría, que nunca había pisado el interior, y que también se negó a abrírsela a la Comisión de Alto Nivel, entregándoles las llaves, bajo su responsabilidad. Nótese que era la época de Paniagua, pero los fantasmas de Fujimori y Montesinos seguían rondando por los pasillos de la institución.

En el quinto piso había una interminable cantidad de anaqueles cubiertos de un gran número de archivadores con documentos de las Fuerzas Armadas y el SIN. Eran los documentos “justificatorios” de todo gasto, calificados con la mayor soltura como “secretos” para exceptuarlos de publicidad y control. Los visados de Contraloría eran de fecha posterior al gasto, o sea primero se usaba el dinero y luego se le autorizaba, y no había ninguna revisión sobre la calidad y cantidad de lo gastado, ya que los encargados de los visados lo hacían por orden superior sin revisar los papeles. Ese era el mundo del fujimorismo, funcionarios acobardados, archivos bajo candado, un botonero en la Contraloría.