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Informativo Virtual Nº 5200
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- La corrupción se ha adueñado de la Municipalidad de Carabayllo y está protegida por el propio alcalde, así lo revela el audio de la verguenza enviado a nuestra redacción y que pone en evidencia la presunta entraña gastetil de la gestion.
- De otro lado, esta gestión es pésima, no hay ánimo de enfrentar la corrupción. Se ocultan resoluciones de supuesta sanción a funcionarios. Un ejemplo, el caso Wu Huapaya hoy convertido en asesor externo de la gestion alvarez.
Como es de conocimiento público, la madrugada del 30 de noviembre del año que paso, la municipalidad fue objeto de robo de una Caja fuerte conteniendo 200 mil nuevos soles, monto que estaba destinado al pago de los trabajadores del PROGRAMA A TRABAJAR.
Sin embargo, a la fecha el caso no ha sido resuelto pese a la existencia de indicios que hacen sospechar que los presuntos autores serian trabajadores la municipalidad en presunta complicidad con funcionarios del entorno del alcalde Rafael Álvarez.
En efecto, basta con escuchar audio enviado a nuestra redacción donde la Señora ODERAY RAMOS (encargada de la Caja Chica de la Municipalidad de Carabayllo) denuncia presuntos actos de corrupción.
Por otro lado, dado a la seriedad y gravedad de la denuncia de la mencionada trabajadora, el alcalde de Carabayllo y sus acólitos regidores guardan absoluto silencio, poniendo una vez más en evidencia, que el robo de la caja fuerte es puro cuento.
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GARCÍA YA NO QUIERE SER INVESTIGADO
DIARIO LA PRIMERA Publicado: Jueves 25 de abril del 2013
Por Raul Wiener
- Aún antes de comenzar el actual gobierno, ya se sabía que se instalaría una comisión especial para investigar la gestión presidencial 2006-2011, y aclarar muchas cosas oscuras de ese período y deslindar si se cometieron delitos y faltas a la Constitución bajo ese gobierno.
Se conoce que el APRA,
con el apoyo del Fujimorismo,
bloquearon la posibilidad que Javier Diez Canseco dirigiera esa comisión, lo
que fue una primera evidencia de que existía miedo, pero el nacionalismo cedió
a la presión y aceptó una composición negociada y una presidencia con menor
perfil político.
Han pasado dos años en los que la táctica García, que empezó ninguneando a sus investigadores y repitiendo que él no la debía y por eso no temía, ha producido un viraje de emergencia que se expresa en la carta a la Defensoría del Pueblo, que en resumen significa que ya no quiere responder preguntas sobre su gobierno y que el objetivo ahora es acabar con la investigación y que otras instituciones del Estado lo saquen del aprieto.
Cuando el país está esperando una explicación sobre el punto más agudo de la Megacomisión, el de los narcoindultos y narcoconmutaciones, García se queja de que entre miles de gracias concedidas no le digan cuáles le cuestionan, fingiendo que no entiende que la mayor acusación que le recae es por qué abusó del derecho de gracia y por qué no respetó las leyes que prohibían los beneficios para narcotraficantes y violadores de niños.
Los casos concretos están en los diarios y cada día incrementan la imagen de un uso mafioso del dispositivo constitucional, en el que probablemente se canjeaban libertades por una cifra de dinero. Este tremendo caso de corrupción pretende evadirlo Alan García recurriendo a asuntos procesales. Como que en otros casos también tira la pelota fuera de la cancha: ¿quién presionó a Business Track?, ¿dónde está lo malo de los Decretos de Urgencia?, ¿por qué tendría que saber lo que hacían Cornejo, Garrido Lecca, Arana y otros funcionarios que le preparaban las grandes inauguraciones de su gobierno?
El presidente sabelotodo, de pronto ya no sabe nada. Y por si fuera poco ni siquiera sabe que su lugarteniente Mulder ha declarado “propio de un payaso”, el fallo sobre el caso Diez Canseco, que García invoca a su favor para exigir un debido proceso. Claro que aquí no se aplica el paralelo, porque no hay aún acusación ni menos sanción contra su persona. Pero la mención refleja que el expresidente se las va jugar a fondo justamente para impedir que la Megacomisión pueda acusarlo. Hasta ha adelantado su candidatura y abierto varios frentes: Nadine, indulto a Fujimori, chavismo de Humala, para sacar su tema del centro de la coyuntura política. Pero mala suerte, cada día aparecen más denuncias y AGP está más acorralado.
Han pasado dos años en los que la táctica García, que empezó ninguneando a sus investigadores y repitiendo que él no la debía y por eso no temía, ha producido un viraje de emergencia que se expresa en la carta a la Defensoría del Pueblo, que en resumen significa que ya no quiere responder preguntas sobre su gobierno y que el objetivo ahora es acabar con la investigación y que otras instituciones del Estado lo saquen del aprieto.
Cuando el país está esperando una explicación sobre el punto más agudo de la Megacomisión, el de los narcoindultos y narcoconmutaciones, García se queja de que entre miles de gracias concedidas no le digan cuáles le cuestionan, fingiendo que no entiende que la mayor acusación que le recae es por qué abusó del derecho de gracia y por qué no respetó las leyes que prohibían los beneficios para narcotraficantes y violadores de niños.
Los casos concretos están en los diarios y cada día incrementan la imagen de un uso mafioso del dispositivo constitucional, en el que probablemente se canjeaban libertades por una cifra de dinero. Este tremendo caso de corrupción pretende evadirlo Alan García recurriendo a asuntos procesales. Como que en otros casos también tira la pelota fuera de la cancha: ¿quién presionó a Business Track?, ¿dónde está lo malo de los Decretos de Urgencia?, ¿por qué tendría que saber lo que hacían Cornejo, Garrido Lecca, Arana y otros funcionarios que le preparaban las grandes inauguraciones de su gobierno?
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