Informativo Virtual Nº 287CODECI-CN
Sábado, 23 de agosto de 2008
ALAN DERROTADO
Está visto que todos aquellos que se amarran al poder, siempre harán lo posible por sacar provecho.
Efectivamente, lo ocurrido con la Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas ha puesto una vez mas en evidencia las cochinadas a las que nos tiene acostumbrado los apristas (al no poner en consulta previa las cuestionadas normas).
Pero, para desgracia del gobierno, el pleno del Congreso derogó ayer los decretos legislativos 1015 y 1073 que facilitan la venta de las tierras de las comunidades nativas e indígenas por por 66 votos a favor y 29 en contra, sin abstenciones.
Es un hecho histórico”, como sostiene Alberto Pizango, dirigente de nativos, tras contundente victoria en el Congreso.
EMILIO TORRES
PARA LA REFLEXION Y LA DIFUSION ADJUNTAMOS NOTA PERIODISTICA
DiarioLa república
21-8-08
Congreso deroga los decretos que provocaron protestas en la selva
Bancada aprista se quedó sola en defensa de controvertidas normas. Todos los grupos parlamentarios votaron por la derogatoria.
Emilio Camacho.
¿Y Ahora qué hacemos?
Congreso deroga los decretos que provocaron protestas en la selva
Bancada aprista se quedó sola en defensa de controvertidas normas. Todos los grupos parlamentarios votaron por la derogatoria.
Emilio Camacho.
¿Y Ahora qué hacemos?
Apristas consultan con Mauricio Mulder ante inminente derogatoria de decretos del Ejecutivo. Niegan que lo ocurrido fuera una derrota. (Foto: Virgilio Grajeda)
Haga click ern la imagen para ampliar. (asi votaron)
Los controvertidos decretos legislativos 1015 y 1073, que facilitaban la venta de tierras comunales de la sierra y de la selva y que provocaron la protesta de buena parte de las comunidades nativas de la amazonía, fueron derogados ayer por el Pleno del Congreso, luego de un debate que se extendió por tres horas y media. Y aunque la euforia se desató entre las comunidades nativas al conocerse esta decisión, el gobierno podría complicar de nuevo las cosas al observar la determinación del Parlamento.
El debate en el Pleno se inició con la exposición del proyecto elabora-do por la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos que planteaba la derogatoria de los decretos 1015 y 1073, y la modificación del artículo 10 de la ley 26505 que regula la inversión privada en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas.
TODOS LOS ARGUMENTOS
Roger Nájar (Bloque Popular), presidente del grupo dictaminador, sostuvo que el Ejecutivo, con la aprobación del decreto 1015, violó el compromiso asumido por el Estado al ratificar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1993. "Los artículos 5 y 117 del convenio con la OIT establecen que debe consultarse a los pueblos afectados cuando se considere enajenar sus tierras, pero eso es algo que no ha ocurrido", dijo el legislador al iniciar el debate. Minutos después, otros bloques se sumaron a la posición de Nájar, sobre todo los representantes de Unidad Nacional.
Pero también hubo otros argumentos a favor de la derogatoria. Alda Lazo de Restauración Nacional, Rosa Venegas de Compromiso Democrático, y Javier Bedoya de Unidad Nacional coincidieron en que el gobierno se equivocó al legislar sobre las tierras de las comunidades nativas sin consultar al Parlamento. "Cuando se le otorgaron facultades para legislar sobre el TLC con Estados Unidos se formó una comisión multipartidaria que debía dar seguimiento al trabajo del Ejecutivo, sin embargo nunca nos convocaron e ignoraban nuestro fuero", protestó Venegas.
El fujimorismo, mientras tanto, argumentó que el gobierno cometió un grave error de procedimiento al modificar la ley 26505 –con la aprobación de los decretos 1015 y 1073– sin tomar en cuenta que esta norma era orgánica y necesitaba de una votación calificada en el Congreso para ser replanteada.
"Es un error pensar que las facultades concedidas para legislar sobre el TLC habilitaban al gobierno para modificar la ley 26505 (con el fin de facilitar la venta de tierras comunales), cuando esto solo podía hacerlo el Congreso", dijo el fujimorista.
Una última queja, más de forma que de fondo, vino de boca de Carlos Bruce (AP), quien protestó contra la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) por publicar ayer un aviso en el que exhortaba al Congreso a no derogar los decretos 1015 y 1073 para no instaurar la anarquía en el país. "Yo tengo un gran respeto por la Confiep. He sido su presidente cuando estuve en Adex, pero no puedo pasar por alto este comunicado. Yo me pregunto qué hubiera hecho la Confiep si el gobierno decidía con un decreto la manera en la que deben disponer de sus activos", dijo un mortificado Bruce.
INSÓLITA RÉPLICA
Ante la andanada de críticas, fue Mauricio Mulder quien asumió la responsabilidad de responder a los diferentes grupos parlamentarios. En primer lugar, el representante del Apra sostuvo que quienes abogaban por restituir los artículos 10 y 11 de la ley 26505 (anulados con los decretos 1015 y 1073) olvidaban que esta norma tampoco fue consultada y, por el contrario, "fue impuesta manu militari por un gobierno dictatorial y autoritario como el fujimorista". "Por qué se olvidan de que la norma que establecía un quórum de 66% para poder vender las tierras de las comunidades no fue consultada con nadie. Dónde estaban los supuestos defensores de las comunidades en ese momento", dijo Mulder. También negó que la ley 26505 fuera orgánica, motivo por el cual el Ejecutivo, gracias a las facultades concedidas para legislar sobre el TLC, sí estaba habilitado para modificarla con los decretos 1015 y 1073.
Tiempo después, Javier Valle Riestra salió en auxilio de Mulder. Según el veterano legislador, el convenio 169 de la OIT no establecía ningún mecanismo de consulta específico para que los nativos se pronuncien cuando se planea vender sus tierras. Agregó que los decretos 1015 y 1073 no decidían específicamente sobre la venta de ningún territorio, motivo por el cual no era necesario consultar con nadie.
Pese a sus esfuerzos, los legisladores apristas no convencieron a los demás grupos políticos, con excepción de los dos legisladores de Renovación, el partido de Rafael Rey. Cuando debatieron el dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos también hubo dudas en los congresistas de Solidaridad Nacional, pero al final estos se inclinaron por la derogatoria. Esta se consiguió con 66 votos favorables y 29 en contra. No hubo abstenciones.
Al terminar la sesión plenaria, Mauricio Mulder y Aurelio Pastor no descartaron que el Ejecutivo observe la decisión del Pleno, dentro del plazo de quince días útiles que la ley le otorga. Por su parte, el premier Jorge del Castillo precisó que evaluarán lo acordado por el Congreso para determinar si lo promulgan o lo observan.
DATOS
Sin consenso. La bancada aprista sorprendió ayer al no presentar una sólida representación en el debate con el que se decidió la derogatoria de los decretos 1015 y 1073. Nueve de sus integrantes no estuvieron presentes en la sesión plenaria.
Novato.
Haga click ern la imagen para ampliar. (asi votaron)
Los controvertidos decretos legislativos 1015 y 1073, que facilitaban la venta de tierras comunales de la sierra y de la selva y que provocaron la protesta de buena parte de las comunidades nativas de la amazonía, fueron derogados ayer por el Pleno del Congreso, luego de un debate que se extendió por tres horas y media. Y aunque la euforia se desató entre las comunidades nativas al conocerse esta decisión, el gobierno podría complicar de nuevo las cosas al observar la determinación del Parlamento.
El debate en el Pleno se inició con la exposición del proyecto elabora-do por la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos que planteaba la derogatoria de los decretos 1015 y 1073, y la modificación del artículo 10 de la ley 26505 que regula la inversión privada en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas.
TODOS LOS ARGUMENTOS
Roger Nájar (Bloque Popular), presidente del grupo dictaminador, sostuvo que el Ejecutivo, con la aprobación del decreto 1015, violó el compromiso asumido por el Estado al ratificar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1993. "Los artículos 5 y 117 del convenio con la OIT establecen que debe consultarse a los pueblos afectados cuando se considere enajenar sus tierras, pero eso es algo que no ha ocurrido", dijo el legislador al iniciar el debate. Minutos después, otros bloques se sumaron a la posición de Nájar, sobre todo los representantes de Unidad Nacional.
Pero también hubo otros argumentos a favor de la derogatoria. Alda Lazo de Restauración Nacional, Rosa Venegas de Compromiso Democrático, y Javier Bedoya de Unidad Nacional coincidieron en que el gobierno se equivocó al legislar sobre las tierras de las comunidades nativas sin consultar al Parlamento. "Cuando se le otorgaron facultades para legislar sobre el TLC con Estados Unidos se formó una comisión multipartidaria que debía dar seguimiento al trabajo del Ejecutivo, sin embargo nunca nos convocaron e ignoraban nuestro fuero", protestó Venegas.
El fujimorismo, mientras tanto, argumentó que el gobierno cometió un grave error de procedimiento al modificar la ley 26505 –con la aprobación de los decretos 1015 y 1073– sin tomar en cuenta que esta norma era orgánica y necesitaba de una votación calificada en el Congreso para ser replanteada.
"Es un error pensar que las facultades concedidas para legislar sobre el TLC habilitaban al gobierno para modificar la ley 26505 (con el fin de facilitar la venta de tierras comunales), cuando esto solo podía hacerlo el Congreso", dijo el fujimorista.
Una última queja, más de forma que de fondo, vino de boca de Carlos Bruce (AP), quien protestó contra la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) por publicar ayer un aviso en el que exhortaba al Congreso a no derogar los decretos 1015 y 1073 para no instaurar la anarquía en el país. "Yo tengo un gran respeto por la Confiep. He sido su presidente cuando estuve en Adex, pero no puedo pasar por alto este comunicado. Yo me pregunto qué hubiera hecho la Confiep si el gobierno decidía con un decreto la manera en la que deben disponer de sus activos", dijo un mortificado Bruce.
INSÓLITA RÉPLICA
Ante la andanada de críticas, fue Mauricio Mulder quien asumió la responsabilidad de responder a los diferentes grupos parlamentarios. En primer lugar, el representante del Apra sostuvo que quienes abogaban por restituir los artículos 10 y 11 de la ley 26505 (anulados con los decretos 1015 y 1073) olvidaban que esta norma tampoco fue consultada y, por el contrario, "fue impuesta manu militari por un gobierno dictatorial y autoritario como el fujimorista". "Por qué se olvidan de que la norma que establecía un quórum de 66% para poder vender las tierras de las comunidades no fue consultada con nadie. Dónde estaban los supuestos defensores de las comunidades en ese momento", dijo Mulder. También negó que la ley 26505 fuera orgánica, motivo por el cual el Ejecutivo, gracias a las facultades concedidas para legislar sobre el TLC, sí estaba habilitado para modificarla con los decretos 1015 y 1073.
Tiempo después, Javier Valle Riestra salió en auxilio de Mulder. Según el veterano legislador, el convenio 169 de la OIT no establecía ningún mecanismo de consulta específico para que los nativos se pronuncien cuando se planea vender sus tierras. Agregó que los decretos 1015 y 1073 no decidían específicamente sobre la venta de ningún territorio, motivo por el cual no era necesario consultar con nadie.
Pese a sus esfuerzos, los legisladores apristas no convencieron a los demás grupos políticos, con excepción de los dos legisladores de Renovación, el partido de Rafael Rey. Cuando debatieron el dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos también hubo dudas en los congresistas de Solidaridad Nacional, pero al final estos se inclinaron por la derogatoria. Esta se consiguió con 66 votos favorables y 29 en contra. No hubo abstenciones.
Al terminar la sesión plenaria, Mauricio Mulder y Aurelio Pastor no descartaron que el Ejecutivo observe la decisión del Pleno, dentro del plazo de quince días útiles que la ley le otorga. Por su parte, el premier Jorge del Castillo precisó que evaluarán lo acordado por el Congreso para determinar si lo promulgan o lo observan.
DATOS
Sin consenso. La bancada aprista sorprendió ayer al no presentar una sólida representación en el debate con el que se decidió la derogatoria de los decretos 1015 y 1073. Nueve de sus integrantes no estuvieron presentes en la sesión plenaria.
Novato.
Javier Velásquez Quesquén no dirigió el debate. En su reemplazo estuvo Álvaro Gutiérrez, quien no supo calcular adecuadamente el tiempo de intervención de los legisladores.
¿Cómo queda la ley sobre tierras?
Los decretos legislativos 1015 y 1073 eran considerados lesivos por las comunidades nativas porque modificaban el artículo 10 de la ley 26505 y anulaban el artículo 11 de la misma norma (que regula el ingreso de la inversión privada en las tierras comunales). Con la modificación del artículo 10 se permitía que la venta de estas tierras fuera aprobada por no menos del 50% de la Asamblea Comunal, un modelo que hasta el año pasado solo se aplicaba en la costa.
Mientras tanto, con la anulación del artículo 11 se eliminaba el requisito utilizado desde 1995 por las comunidades andinas y amazónicas para decidir la venta de sus tierras. Este artículo disponía que la cesión o arrendamiento de sus terrenos debía ser aprobada por no menos de dos tercios de todos los miembros de la comunidad. Vale decir, el 66% de sus integrantes.
En opinión del congresista Roger Nájar, el requisito del 66% es indispensable para evitar que empresas inescrupulosas compren las tierras comunales ofreciendo prebendas a sus habitantes. "No estamos en la costa donde hay un poco más de acceso a la información, estamos hablando de zonas de extrema pobreza", dijo el legislador del Bloque Popular.
Con la derogatoria de los decretos 1015 y 1073 se restituyen los artículos 10 y 11 tal como fueron concebidos en 1995.
¿Cómo queda la ley sobre tierras?
Los decretos legislativos 1015 y 1073 eran considerados lesivos por las comunidades nativas porque modificaban el artículo 10 de la ley 26505 y anulaban el artículo 11 de la misma norma (que regula el ingreso de la inversión privada en las tierras comunales). Con la modificación del artículo 10 se permitía que la venta de estas tierras fuera aprobada por no menos del 50% de la Asamblea Comunal, un modelo que hasta el año pasado solo se aplicaba en la costa.
Mientras tanto, con la anulación del artículo 11 se eliminaba el requisito utilizado desde 1995 por las comunidades andinas y amazónicas para decidir la venta de sus tierras. Este artículo disponía que la cesión o arrendamiento de sus terrenos debía ser aprobada por no menos de dos tercios de todos los miembros de la comunidad. Vale decir, el 66% de sus integrantes.
En opinión del congresista Roger Nájar, el requisito del 66% es indispensable para evitar que empresas inescrupulosas compren las tierras comunales ofreciendo prebendas a sus habitantes. "No estamos en la costa donde hay un poco más de acceso a la información, estamos hablando de zonas de extrema pobreza", dijo el legislador del Bloque Popular.
Con la derogatoria de los decretos 1015 y 1073 se restituyen los artículos 10 y 11 tal como fueron concebidos en 1995.
