Informativo Virtual Nº 222CODECI-CNdomingo, 25 de mayo de 2008
UN MISERABLE
UN MISERABLE
LLAMADO PRESIDENTE
Si a alguien en este gobierno hay que tildarlo de miserable ese es nuestro paranoico presidente de la republica.
Por que hay que ser un miserable para que con el cuento de las Inversiones subaste lo que queda del país despues del despojo que fuimos objeto por parte del chino rata hoy su socio estrategico.
Por que hay que ser un miserable para que con el cuento de las Inversiones subaste lo que queda del país despues del despojo que fuimos objeto por parte del chino rata hoy su socio estrategico.
No es el amor al chacho sino a los chicharrones reza un dicho popular que cae como anillo a dedo. Si pues. Asi lo evidencia el enfermiso afán de inversión de la pandilla de saqueadores que lidera este engendro de la política y que tiene como fondo las llamadas coimisiones por cada inversión transnacional depositadas en los bancos suizos. Es decir, del mismo cuero sacan las correas.
Completan la banda, ese chiquero llamado Congreso, logia de rufianes vende patrias dedicados a cualquier cosa menos a los asuntos del país conforme lo señala nuestra Constitución.
Es asi como, motivado por una ambición que raya en lo patológico, a menos de una semana de ese chongo llamado cumbre del ALC-UE , promulga el Decreto Legislativo 1015 que no es otra cosa que extender la propiedad agraria de la costa a la sierra y selva con la única intención de favorecer a los importadores de la industria alimentaria (Grupo Romero), los grupos del poder minero, así como a los que pretenden apoderase de los bosques de nuestra Amazonía.
Claro. Es cierto. El pueblo no ha votado por ellos para que hagan lo que les da la gana como convertirse en los sirvientes promotores del ingreso de capitales en la sierra y la selva sin respetar derechos comunales. Tampoco, para subastar nuestros recursos de la forma miserable y servil como lo vienen haciendo.
Completan la banda, ese chiquero llamado Congreso, logia de rufianes vende patrias dedicados a cualquier cosa menos a los asuntos del país conforme lo señala nuestra Constitución.
Es asi como, motivado por una ambición que raya en lo patológico, a menos de una semana de ese chongo llamado cumbre del ALC-UE , promulga el Decreto Legislativo 1015 que no es otra cosa que extender la propiedad agraria de la costa a la sierra y selva con la única intención de favorecer a los importadores de la industria alimentaria (Grupo Romero), los grupos del poder minero, así como a los que pretenden apoderase de los bosques de nuestra Amazonía.
Claro. Es cierto. El pueblo no ha votado por ellos para que hagan lo que les da la gana como convertirse en los sirvientes promotores del ingreso de capitales en la sierra y la selva sin respetar derechos comunales. Tampoco, para subastar nuestros recursos de la forma miserable y servil como lo vienen haciendo.
Lamentablemente la guerra contra las comunidades campesinas desatará sin duda la ira y la lucha campesina.
La suerte esta echada. Las reacciones no han demorado. Lo que viene solo será defensa propia. Y, que ese zoologico de papapagayos que lidera Garcia, no nos vengan con la cancion que detras de la protesta estan los terroristas financiados por Hugo Chavez.
EMILIO TORRES MELENDEZPARA LA REFLEXION Y DIFUSION ADJUNTAMOS ARTICULOS PERIODISTICOS
PRIMERA REFLEXION
DIARIO LA PRIMERA
CUSCO 24-5-08Escribe Jorge Valenzuela
CUSCO 24-5-08Escribe Jorge Valenzuela
Alan… escucha… tierra o muerteNadie de mediana cultura general podrá negar la sustancial presencia e importancia, así como el respeto que debemos a las COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS en nuestro País, por ser nuestra raíz, nuestra referencia y nuestra historia.Ellas son la razón de nuestra lucha, de nuestros intentos de que todos seamos iguales, etc.-Solo el Presidente García se atreve y las agrede. Olvida adrede una serie de dispositivos legales y contenidos de nuestra Constitución (El violador, viola los Arts.88 i 89 de La Constitución) que protegen y amparan la existencia de estas entidades humanas de tradición e historia ligadas, pegadas íntimamente al rol histórico de nuestra Patria. Solo la regordete y grasosa cabezota del Sr. Alan García, pretextando que un DL.es de mayor importancia que una Ley Congresal, ha rubricado el D.L N-1015 publicado en El Peruano el 19 -5-08 “mandando” a que se despoje a las comunidades campesinas y nativas de sus tradicionales y sagradas tierras comunales de vida o muerte.-No solo es fiel y obediente a Bussh, no solo se inclina y reverencia a la nefasta economía neo liberal y la repudiable globalización.Hace poco que, ebrios y esbirros pretendieron “cambiar” el modo o la vida social y económica de nuestras comunidades de inmensa tradición continental , “justificando la necesidad de actualizar o modernizar esa forma de vida”- Ocultaron que al interior de esa vida y esa tradición, está aún nuestro gran pasado andino.La moral, el respeto al trabajo y a la naturaleza, la tecnología agropecuaria, textilería y cerámica aún no superada por la modernidad y mediocridad.-Si desaparecen-en especial- las comunidades campesinas, desparece el Runa Simy (Quechua) junto con todo su valor comunicativo para el futuro, un patrimonio cultural vivo, cuya dimensión técnica crece y es reconocida por científicos y muchos estudiosos de este Idioma.Alan debe ordenar el indispensable apoyo, asistencia técnica, crediticia, mercado para su producción y a precios justos. Pero, Alan pretende agrupar las tierras comunales o nativas y venderlas al más rico y mejor postor. Este mejor postor será un nuevo gamonal, un nuevo terrateniente y los legítimos y ancestrales dueños de esas tierras, volverán a ser peones, pongos o arrendires. Nuestro deber es devolverles la memoria a nuestros hermanos de campo y selva.Que ardan fogatas en el horizonte, que flameen las banderas del Tawantinsuyu, que los puños en alto griten. !Tierra o Muerte Venceremos¡. ¿Esto es lo que busca nuestro circunstancial presidente?
SEGUNDA REFLEXIONLA PRIMERA 21-5-08
César Lévanocesar.levano@diariolaprimeraperu.com
La guerra incivil de GarcíaEl Decreto Legislativo 1015 que ordena liquidar la comunidad campesina en el Perú es antidemocrático, puesto que no ha sido consultado con los comuneros; antisocial, puesto que propicia la creación de latifundios, sobre todo extranjeros; e inconstitucional, ya que viola los artículos 88 y 89 de la Carta. Con descaro, dicho decreto, publicado ayer en El Peruano, comienza precisando que se dicta para la “implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos”. Es decir, el TLC. Confesión de parte. El punto aclara qué intereses (u órdenes) son los que inspiran la serie sobre “El síndrome del perro del hortelano” que el presidente Alan García ha publicado a lo largo de meses en El Comercio. El primer artículo, publicado el 28 de octubre del 2007, declaró la guerra a las comunidades. La tierra de éstas, decía, “vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero”. (Que ya no sería comunero, sino peón de un hacendado, a lo mejor chileno, o de una gran minera). Lo previmos enseguida. Y denunciamos la ignorancia de García, quien afirmó en ese texto que las comunidades eran creación del virrey Toledo. No sabe que esas instituciones provienen en gran parte del ayllu prehispánico. Una sola pregunta basta para desvelar la intención del decreto legislativo: ¿Quiénes son los que pueden comprar esos grandes lotes que promete García? Lo más probable es que detrás de los artículos y del decreto estén algunas grandes compañías mineras, cuya acción de envenenamiento de aguas y contaminación ambiental que amenaza vidas ha sido resistida por las comunidades. El proyecto viola, sin vergüenza, el artículo 88 de la Constitución, el cual establece que el Estado “garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquier otra forma asociativa.” El decreto viola también el artículo 89 de la Constitución, que declara que las comunidades campesinas y las nativas “son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras”. La propiedad de sus tierras, prosigue el dispositivo constitucional, “es imprescriptible.” En el inciso b) del decreto legislativo está la clave del crimen: la adquisición en propiedad de tierras comunales por terceros requerirá el voto a favor de no menos del cincuenta por ciento de los asistentes a una asamblea. De acuerdo con eso, un 25% de los comuneros reunidos en una asamblea, a lo mejor amañada, puede decidir la venta de todas las tierras de la comunidad. ¿Por qué García no establece la misma regla para toda clase de empresas y sociedades? La declaratoria de guerra contra las comunidades de la sierra y la selva desatará sin duda la ira y la lucha campesina. Será un caso de legítima defensa.
César Lévanocesar.levano@diariolaprimeraperu.com
La guerra incivil de GarcíaEl Decreto Legislativo 1015 que ordena liquidar la comunidad campesina en el Perú es antidemocrático, puesto que no ha sido consultado con los comuneros; antisocial, puesto que propicia la creación de latifundios, sobre todo extranjeros; e inconstitucional, ya que viola los artículos 88 y 89 de la Carta. Con descaro, dicho decreto, publicado ayer en El Peruano, comienza precisando que se dicta para la “implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos”. Es decir, el TLC. Confesión de parte. El punto aclara qué intereses (u órdenes) son los que inspiran la serie sobre “El síndrome del perro del hortelano” que el presidente Alan García ha publicado a lo largo de meses en El Comercio. El primer artículo, publicado el 28 de octubre del 2007, declaró la guerra a las comunidades. La tierra de éstas, decía, “vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero”. (Que ya no sería comunero, sino peón de un hacendado, a lo mejor chileno, o de una gran minera). Lo previmos enseguida. Y denunciamos la ignorancia de García, quien afirmó en ese texto que las comunidades eran creación del virrey Toledo. No sabe que esas instituciones provienen en gran parte del ayllu prehispánico. Una sola pregunta basta para desvelar la intención del decreto legislativo: ¿Quiénes son los que pueden comprar esos grandes lotes que promete García? Lo más probable es que detrás de los artículos y del decreto estén algunas grandes compañías mineras, cuya acción de envenenamiento de aguas y contaminación ambiental que amenaza vidas ha sido resistida por las comunidades. El proyecto viola, sin vergüenza, el artículo 88 de la Constitución, el cual establece que el Estado “garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquier otra forma asociativa.” El decreto viola también el artículo 89 de la Constitución, que declara que las comunidades campesinas y las nativas “son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras”. La propiedad de sus tierras, prosigue el dispositivo constitucional, “es imprescriptible.” En el inciso b) del decreto legislativo está la clave del crimen: la adquisición en propiedad de tierras comunales por terceros requerirá el voto a favor de no menos del cincuenta por ciento de los asistentes a una asamblea. De acuerdo con eso, un 25% de los comuneros reunidos en una asamblea, a lo mejor amañada, puede decidir la venta de todas las tierras de la comunidad. ¿Por qué García no establece la misma regla para toda clase de empresas y sociedades? La declaratoria de guerra contra las comunidades de la sierra y la selva desatará sin duda la ira y la lucha campesina. Será un caso de legítima defensa.
TERCERA REFLEXION
Diario LA PRIMERA
EN PIE DE GUERRA
Ley anticomunera es una afrenta de GarcíaAlguien le contó que el proyecto de ley iba a ser rechazado y se adelantó con DL 1015.
DATO
Ley anticomunera es una afrenta de GarcíaAlguien le contó que el proyecto de ley iba a ser rechazado y se adelantó con DL 1015.
DATO
El informe defensorial dice también que deben protegerse no sólo las tierras que pertenecen a las comunidades campesinas o nativas, sino también las tierras que tradicionalmente ocupan.“El Estado debe proveer una protección especial a las tierras comunales, y por ende debería requerirse un número de votos calificado que refleje la voluntad de casi la totalidad de los comuneros en caso se pretenda disponer de aquella. Dicho deber de protección no se cumpliría si el Estado permite que la decisión de disposición de las tierras comunales fuera de responsabilidad de los asistentes a la asamblea”.
Sacándole la vuelta al Parlamento, el Mandatario lanzó DL 1015, al ver que el Legislativo iba a rechazar un proyecto de ley similar, cuestionado por la Defensoría del Pueblo.
Sacándole la vuelta al Parlamento, el Mandatario lanzó DL 1015, al ver que el Legislativo iba a rechazar un proyecto de ley similar, cuestionado por la Defensoría del Pueblo.
El día martes 20 de mayo ocurrieron dos hechos aparentemente sin conexión: la Defen-soría del Pueblo remitió al Con-greso el Informe Nº 016-2008-DP/ASMA.PCN, opinando desfavorablemente al Proyecto de Ley 1992, que el Ejecutivo había so-metido a la representación parlamentaria, sobre inversión privada en tierras rurales y comunidades campesinas y nativas; y el gobierno publicó en las Normas Legales del diario El Peruano el DL 1015, con un título que era casi una proclama: “Decreto Legislativo que unifica los procedimientos de las comunidades campesinas y nativas de la sierra y selva con las de la costa, para mejorar su producción y productividad”.Lo curioso del caso era que el Proyecto 1992 y el Decreto 1015 eran y son la misma cosa y que su sorpresiva aprobación, en el marco de las facultades legislativas otorgadas para la implementación del TLC, no era sino una manera de sacar de carrera a la Defensoría y al propio Congreso, probablemente en coordinación con parlamentarios apristas que solicitaron la opinión defensorial. Nadie se explica, por cierto, que el oficialista presidente de la Comisión de Vivienda, José Herrera Pumayauli, se interesara en una posible ley que versaba sobre las tierras de las comunidades. Pero lo que sí podemos establecer es que este caballero debe haber sabido la fecha en que le sería entregado el informe final y probablemente fue advertido que no favorecería el interés del gobierno. Antes de la solicitud del in-forme de la Defensoría, formulada por las comisiones de Agri-cultura y Vivienda, ya la de Pueblos Indígenas, presidida por Gloria Ramos, había desestimado el Proyecto 1992, recomendado su envío a archivos; lo que quiere decir que la iniciativa aprista se encaminaba a una derrota. Si se agregaba el pronunciamiento de la Defensoría, las posibilidades de pasar a una nueva etapa de la guerra contra el perro del hortelano, como era el plan de Alan García, quedarían seriamente comprometidas.El informe de la Defensoría dictamina que se debe “mantener el número de dos tercios requeridos para disponer, gravar o realizar cualquier otro acto de disposición de las tierras comunales de sierra y selva, y extender este criterio también para las tierras de las comunidades campesinas de la costa”, y el decreto anticomunero reduce la exigencia al 50% de los asistentes a una asamblea.Raúl WienerUnidad de Investigación
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