Informativo Virtual Nº 323CODECI-CNSabado, 11 de octubre de 2008
Como era de esperarse,ha quedado al descubierto la entraña gansteril de la gestion que lidera el presidente Garcia.
Ahora sabemos de lo que es capaz el partido aprista peruano: mientras nos rajamos los lomos los allegados del presidente se levantan el pais.
Y para colmo de los colmos, con un cinismo que raya en lo patalogico, García Pérez pretende lavarse las manos hablando de ratas, en la creencia de que quienes asistimos a la funcion circence, somos unos idiotas que no nos damos cuenta de sus majaderias.
emilio torres
ADJUNTAMOS NOTA PERIODISTICA POR SU ALTO CONTENIDO REFLEXIVO
Diario LA REPUBLICA
11-10-2008
11-10-2008
Corrupción y poder invisible
Por Alberto Adrianzén M.
Sería bueno preguntarle al premier Jorge del Castillo, qué entiende por red mafiosa. Porque si alguien en este país ha mantenido y mantiene relaciones con la más importante red mafiosa –es decir con el fujimorismo– ha sido y es el Partido Aprista. No ha sido la oposición política quien ha llevado a la Vicepresidencia de la República a un conocido militante de una de las agrupaciones del fujimorismo. Tampoco quien ha prohijado y avalado, desde un inicio, al fujimorismo en el Congreso, estableciendo extrañas alianzas, incluso con tránsfugas declarados, para ganar la Mesa Directiva de ese poder del Estado. En cada uno de estos actos la responsabilidad del APRA, de sus militantes y del propio Gobierno es más que evidente. En realidad, uno no sabe cuál de estos dichos se aplica más a este gobierno: "cría cuervos y te sacarán los ojos" o, más bien, "dime con quién andas y te diré quién eres".
Por eso, esta primera gran crisis del gobierno no es responsabilidad de la oposición que esconde supuestos planes desestabilizadores sino más bien del gobierno mismo que ha sido incapaz de frenar la corrupción y menos de poner fin a esta famosa red mafiosa de la que habla el Primer Ministro. No hay mejor ejemplo de la falta de compromiso de este gobierno en la lucha contra la corrupción que la creación de la famosa Oficina Nacional Anticorrupción (ONA) que terminó en uno de los peores naufragios políticos de los últimos años.
En este contexto, ha hecho bien el Congreso en no recibir al gabinete el jueves pasado porque se estaba ante una evidente maniobra política que tenía como objetivo evitar la censura y una investigación a fondo de este hecho. En cualquier país normal, un suceso de la naturaleza del conocido el fin de semana, trae como consecuencia la renuncia inmediata del responsable político del gobierno, más allá de que esté o no comprometido con el hecho mismo. En este contexto la responsabilidad del Congreso es doble: por un lado, investigar las corruptelas que han operado detrás de este y otros negocios con el Estado; y, por el otro, el asunto de la interceptación telefónica.
Es que en este último escándalo el otro dato importante, además del hecho mismo de la corrupción que debe ser investigada hasta las últimas consecuencias, es el asunto del llamado "chuponeo" telefónico que tiene la "virtud" de decirnos, una vez más, que en este país muy poco, por no decir nada, ha cambiado en cuanto a la manera de hacer política y, también, de hacer negocios con el Estado. Son los mismos estilos acuñados durante el fujimorato los que hoy prevalecen: política palaciega, caudillismo, concentración de poder, premiación a los tránsfugas, ataques a la oposición, chantaje, control de la fiscalización, corrupción de cuello y corbata, impunidad y estrechas relaciones con los grupos económicos, espionaje a la vida privada de los personas, etc.
Hace cinco años, durante el breve paso, limpio por cierto, del almirante Alfonso Panizo por el Consejo Nacional de Inteligencia (CNI), el asunto de los "chuponeos" a empresas y a personas privadas fue motivo de un debate público. Incluso, la salida de Panizo del CNI (estuvo unos cuantos meses) obedeció, además de las luchas internas en esa dependencia motivadas por un mayor control del gasto, a que justamente se había iniciado una investigación sobre una serie de "empresas privadas" que tras el rótulo de "empresas de seguridad" vendían equipos y prestaban servicios de "chuponeo" telefónico.
Con la salida de Panizo esta investigación quedó trunca como muchas otras que emprenden los distintos gobiernos y que demuestran, hasta la saciedad, que la única forma de operar tanto el poder político como el económico es, justamente, recreando, una y otra vez, un poder invisible que no se somete a la fiscalización y menos al escrutinio público. En realidad, como lo fue en los años 90, este poder invisible cree que su interés privado es el mismo que el interés público. Por eso que hoy el poder se muestre sorprendido y/o indignado porque se descubre un hecho de corrupción, es un simple acto de hipocresía por una razón muy simple: en estos años este gobierno como el anterior, no solo han conciliado con estos poderes ocultos sino que, en muchos casos, hasta los han promovido y alentado. Hace unos años le pregunté a un amigo, aprista y dirigente de ese partido, quién a su criterio era el personaje aprista más corrupto del primer gobierno de Alan García. Su respuesta fue inmediata: Rómulo León Alegría. El tiempo le ha dado la razón a este amigo. Y esa es una tragedia no solo para este gobierno y el PAP sino también para la propia democracia que le dice al ciudadano común que es incapaz de combatir la corrupción y su
Por Alberto Adrianzén M.
Sería bueno preguntarle al premier Jorge del Castillo, qué entiende por red mafiosa. Porque si alguien en este país ha mantenido y mantiene relaciones con la más importante red mafiosa –es decir con el fujimorismo– ha sido y es el Partido Aprista. No ha sido la oposición política quien ha llevado a la Vicepresidencia de la República a un conocido militante de una de las agrupaciones del fujimorismo. Tampoco quien ha prohijado y avalado, desde un inicio, al fujimorismo en el Congreso, estableciendo extrañas alianzas, incluso con tránsfugas declarados, para ganar la Mesa Directiva de ese poder del Estado. En cada uno de estos actos la responsabilidad del APRA, de sus militantes y del propio Gobierno es más que evidente. En realidad, uno no sabe cuál de estos dichos se aplica más a este gobierno: "cría cuervos y te sacarán los ojos" o, más bien, "dime con quién andas y te diré quién eres".
Por eso, esta primera gran crisis del gobierno no es responsabilidad de la oposición que esconde supuestos planes desestabilizadores sino más bien del gobierno mismo que ha sido incapaz de frenar la corrupción y menos de poner fin a esta famosa red mafiosa de la que habla el Primer Ministro. No hay mejor ejemplo de la falta de compromiso de este gobierno en la lucha contra la corrupción que la creación de la famosa Oficina Nacional Anticorrupción (ONA) que terminó en uno de los peores naufragios políticos de los últimos años.
En este contexto, ha hecho bien el Congreso en no recibir al gabinete el jueves pasado porque se estaba ante una evidente maniobra política que tenía como objetivo evitar la censura y una investigación a fondo de este hecho. En cualquier país normal, un suceso de la naturaleza del conocido el fin de semana, trae como consecuencia la renuncia inmediata del responsable político del gobierno, más allá de que esté o no comprometido con el hecho mismo. En este contexto la responsabilidad del Congreso es doble: por un lado, investigar las corruptelas que han operado detrás de este y otros negocios con el Estado; y, por el otro, el asunto de la interceptación telefónica.
Es que en este último escándalo el otro dato importante, además del hecho mismo de la corrupción que debe ser investigada hasta las últimas consecuencias, es el asunto del llamado "chuponeo" telefónico que tiene la "virtud" de decirnos, una vez más, que en este país muy poco, por no decir nada, ha cambiado en cuanto a la manera de hacer política y, también, de hacer negocios con el Estado. Son los mismos estilos acuñados durante el fujimorato los que hoy prevalecen: política palaciega, caudillismo, concentración de poder, premiación a los tránsfugas, ataques a la oposición, chantaje, control de la fiscalización, corrupción de cuello y corbata, impunidad y estrechas relaciones con los grupos económicos, espionaje a la vida privada de los personas, etc.
Hace cinco años, durante el breve paso, limpio por cierto, del almirante Alfonso Panizo por el Consejo Nacional de Inteligencia (CNI), el asunto de los "chuponeos" a empresas y a personas privadas fue motivo de un debate público. Incluso, la salida de Panizo del CNI (estuvo unos cuantos meses) obedeció, además de las luchas internas en esa dependencia motivadas por un mayor control del gasto, a que justamente se había iniciado una investigación sobre una serie de "empresas privadas" que tras el rótulo de "empresas de seguridad" vendían equipos y prestaban servicios de "chuponeo" telefónico.
Con la salida de Panizo esta investigación quedó trunca como muchas otras que emprenden los distintos gobiernos y que demuestran, hasta la saciedad, que la única forma de operar tanto el poder político como el económico es, justamente, recreando, una y otra vez, un poder invisible que no se somete a la fiscalización y menos al escrutinio público. En realidad, como lo fue en los años 90, este poder invisible cree que su interés privado es el mismo que el interés público. Por eso que hoy el poder se muestre sorprendido y/o indignado porque se descubre un hecho de corrupción, es un simple acto de hipocresía por una razón muy simple: en estos años este gobierno como el anterior, no solo han conciliado con estos poderes ocultos sino que, en muchos casos, hasta los han promovido y alentado. Hace unos años le pregunté a un amigo, aprista y dirigente de ese partido, quién a su criterio era el personaje aprista más corrupto del primer gobierno de Alan García. Su respuesta fue inmediata: Rómulo León Alegría. El tiempo le ha dado la razón a este amigo. Y esa es una tragedia no solo para este gobierno y el PAP sino también para la propia democracia que le dice al ciudadano común que es incapaz de combatir la corrupción y su
