ISLAY AL BORDE DE UNA NUEVA CRISIS POR CULPA DE LAS MINERAS ABUSIVAS QUE INSISTEN EN IMPONERSE Y LA MALA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE NO RESPETAR LA VOLUNTAD DEL PUEBLO

VIDEO QUE MUESTRA  LO QUE PUEDE NUEVAMENTE REPETIRSE

AL GOBIERNO NO LE DA LA GANA DE ENTENDER QUE:
NINGÚN PAÍS HA LLEGADO A SER DESARROLLADO TENIENDO COMO MOTOR DE CRECIMIENTO A LA MINERÍA 
Carlos Monge, investigador de DESCO: ¿Es sostenible un modelo que genera ingresos exportando minerales y otras materias primas, y utiliza parte de esos recursos para financiar programas sociales que reduzcan la pobreza y traten de compensar las desigualdades?
No creo que eso sea sostenible. En primer lugar, porque dependes de un sector que se te puede caer en cualquier momento, mañana se cae un poco más el precio de los minerales y se te acabó la plata para los programas sociales; pero, además, si aún tuvieses plata por unos diez años más, la intervención del programa social no soluciona, por ejemplo, problemas de la productividad y competitividad de la pequeña producción rural. ¿Cómo haces para que un campesino pueda vivir dignamente de vender su olluco y sus papas sin tener que depender de un programa social? Eso crea problemas de propiedad, de producción, de tecnología, de composición del mercado interno, de estructura de la canasta de consumo en los medios urbanos.

ADEMAS SEÑALA CARLOS MONGE QUE: "LA GRAN MINERÍA NO GENERA NINGÚN TIPO DE DESARROLLO RURAL"
PUBLICADO: 2013-02-06
En la siguiente entrevista, Carlos Monge, Coordinador Regional de America Latina de Revenue Watch Institute, analiza el concepto de desarrollo rural que maneja el actual gobierno, así como la necesidad de que la pequeña agricultura sea una de las palancas para lograr el desarrollo rural. También insiste en que la gran minería no se propone hacer ningún tipo de desarrollo rural en el país, y que los lobbys mineros, en la actualidad, están impidiendo la promulgación de una ley de ordenamiento territorial.
Entrevista de Ricardo Marapi
Este año 2013 ha sido bautizado por el gobierno como el “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”, lo cual nos lleva a preguntar ¿qué entiende el gobierno sobre desarrollo rural?
Yo no he escuchado, de parte del gobierno, una especie de gran definición conceptual: «esto es lo que entiendo por rural, esto es lo que entiendo por desarrollo, y en consecuencia esta es mi política supra, grande, orientadora sobre desarrollo rural». A mi me ilustra más bien lo que el gobierno está haciendo. Y lo que veo en relación con el mundo rural ─no solamente agrario, sino el mundo rural de manera más amplia─ es que hay una política sectorial agraria que ha estado fuertemente centrada en la promoción de la mediana y gran agricultura de exportación en la costa.
Ha seguido la inercia de anteriores gobiernos…
Sí, de acuerdo. Incluso tu lo ves en la selección de los últimos tres ministros: Miguel Caillaux, que ha sido presidente de Conveagro pero que es un líder de medianos agroindustriales costeños; Luis Ginocchio, un conocedor de la agricultura costeña y de la plataforma agroexportadora del norte; y ahora Milton von Hesse, un técnico que viene del MEF…
¿Y el perfil de estos tres ministros que te da a entender…?
Me da la impresión de que ha habido una continuidad por la consolidación de la plataforma agroexportadora costeña. Y el caso emblemático es Olmos. Que un Ministerio de Agricultura con cuadros progresistas, con gente que viene de la izquierda, y con mucha cercanía con Conveagro, haya dejado que ocurriera lo de Olmos, en mi opinión, fue una barbaridad. Olmos es un proyecto diseñado para reconcentrar tierra, donde premias al que compra más y no había ningún espacio para promover el acceso a pequeña y mediana propiedad. En mi opinión, los perfiles de las personas y las políticas más significativas tienen que ver con la continuidad.
¿Ha habido un excesivo apoyo a la agricultura industrial en desmedro de la pequeña agricultura?
No digo que la descarten ─porque creo que también se debe tener una plataforma agroexportadora exitosa, ojalá democratizada, ojalá no tan concentrada─ pero que por lo menos le presten mayor o igual atención a los problemas de inversión, crecimiento económico, desempeño, y productividad de la sierra andina, de la sierra campesina empobrecida. Yo veo un Ministerio de Agricultura muy costeño. Y ahí no está ni la mayor ni la peor pobreza. Ahí no están los gravísimos problemas estructurales del minifundio, de la interculturalidad, de la complejidad de la geografía. Veo un ministerio centrado en costa que no tiene un gran liderazgo, ni un gran discurso, ni una gran apuesta en relación a la sierra. Sin embargo, lo que sí veo en políticas para la sierra es una incesante y enérgica promoción de una gran minería en el espacio andino, y, por otro lado, la promoción de programas de lucha contra la pobreza.
¿La pequeña agricultura continúa siendo la actividad económica que servirá de palanca para superar la pobreza rural? ¿O el actual gobierno está concibiendo otras actividades económicas?
En la práctica, lo que el gobierno está haciendo en ese mundo rural pobre, de pequeños productores parceleros, comunitarios, quechuahablantes, es promover la minería y focalizar los programas sociales. Yo no veo que esté haciendo una apuesta por esa pequeña agricultura comunal, familiar, parcelaria. Esa es mi crítica. Parece que en la imaginación del gobierno, el desarrollo rural de las zonas pobres y, por tanto, la superación de la pobreza, no va a venir de la agricultura misma sino de un cheque del Programa Juntos, con su Cuna Más, su Pensión, su Beca, es decir, la suma de todos los programas. Ciertamente ahora cuentan con técnicos más calificados y con más respeto por la dignidad de las personas. Los equipos que ahora manejan el MIDIS no manosean la dignidad de las personas, con los niveles del clientelismo que había durante Fujimori, e incluso también con Toledo y García. Pero, finalmente, lo que veo es harta minería y harto programa social, y poca política que saque al campesino de la pobreza a partir de su condición de ser campesino. Yo creo que la única salida de la pobreza ─que sea sostenible, permanente y con dignidad─, es que el campesino sea exitoso en el mercado. Así de simple. Cuando un campesino pueda vender sus carnes, sus lanas, su fibra, su artesanía, sus papas, sus quinuas en el mercado ─sin necesidad de un cheque mensual que lo sostenga, como colgado de los pelos, encima de la línea de la pobreza─, entonces yo creo que ahí va haber inserción social.
¿Para caminar hacia este anhelado desarrollo rural, la pequeña agricultura tiene que ser necesariamente la palanca? ¿Por qué no puede serlo también la gran minería?
No, porque la gran minería plantea tres problemas fundamentales. El primero es que la gran minería compite por la tierra ─y sobre todo por el agua─ con esa misma población campesina, parcelera, comunera. La gran minería, en algunos casos, destruye fuentes de agua al hacer tajo abierto en las praderas altoandinas. Y, en muchos casos, contamina el agua que no consume, devuelve aguas contaminadas o tira relaves. Entonces, hay un primer problema de que la minería compite con la agricultura en el tema de acceso a ciertos recursos. En segundo lugar, la minería genera poco empleo directo, y no se puede reconvertir a 600 mil pobladores de Cajamarca en trabajadores mineros. No hay manera. La minería grande y formal es una operación muy intensiva en capital, que requiere mano de obra calificada, que no puede ser provista por las poblaciones locales. Y en tercer lugar, la gran minería tiende a no abastecerse de los agentes económicos locales, es decir, tiene poco contenido local, porque hasta la comida la traen de afuera. El Estado no tiene ninguna política para promocionar que las empresas mineras compren en los mercados locales. Cero políticas al respecto.
¿Crees que las actuales políticas del gobierno están dirigidas a una convivencia entre la gran minería y la agricultura en determinadas zonas?
Creo que el gobierno apunta por la gran minería porque es fuente de renta, esa es la razón principal. Una fuente de renta que le va a permitir sostener sus programas sociales, porque en la concepción del gobierno la lucha contra la pobreza pasa, fundamentalmente, no por el Ministerio de Agricultura ni por el Ministerio de la Producción, sino por el MIDIS. Pero al final están repartiendo plata y eso requiere un presupuesto. ¿Te acuerdas de la frase del presidente Humala?: «Conga garantiza la gran transformación». Bueno, Conga es la fuente de renta para los programas sociales y eso es lo que él quiso decir. Yo no sé si el gobierno sabe cuán compatible es ese gran proyecto minero con la pequeña agricultura. Su visión fundamental es: «necesitamos meter el paquete de 56 mil millones de dólares de inversión minera porque esa es la renta que nos va a permitir atender la pobreza». Esa es su compresión de lucha contra la pobreza y todo lo demás es secundario.
Hace unas semanas se firmó un convenio entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Energía y Minas para buscar una buena relación o convivencia entre la pequeña agricultura y la minería. ¿Esto qué implica?
El mismo término “convivencia” me preocupa. Es como que están juntos y no se tocan, no es una relación mutuamente beneficiosa. Creo que es un gesto político más que algo real. Mi preocupación es que quieren sacar adelante proyectos ─tipo Conga o Tía María─ a como dé lugar y sin importar el tema del agua que es fundamental para la agricultura. Por otro lado, tampoco tienen ninguna política que le diga, a esos mismos agricultores del valle Río Tambo o de las cuencas de Celendín, que la mina les va a comprar o que fomentarán un proceso de asociatividad, capacitaciones o asistencia técnica. Eso no hay, no existe, ni forma parte de una política gubernamental. Lo que sí hay es: «te impongo el proyecto minero», y lo demás librado a la buena de Dios…
¿Necesitamos la gran minería para aspirar a un desarrollo rural integral?
No, para nada. Lo que el gobierno dice es que la minería genera renta y con esa renta hacemos escuelas, vías de comunicación, etc. Pero la minería, per se,no genera ningún tipo de desarrollo rural, incluso en algunos casos lo perjudica. Nosotros hemos investigado cómo, en muchos casos, la rentabilidad minera se traduce en presupuesto municipal a través del canon; y el alcalde ─desesperado por gastar y con el afán de hacerse reelegir─ paga jornales tres o cuatro veces más altos de los que paga la agricultura. Entonces tienes problemas de falta de competitividad de la agricultura porque le distorsionas el mercado de mano de obra por la vía de la obra municipal en la infraestructura. Eso ya lo hemos documentado en varios casos en el país. Hablemos claro: en primer lugar, la minería no se propone hacer desarrollo rural. La minería podrá manejar un concepto de responsabilidad social corporativa y preocuparse por el bienestar social de su entorno ─en algunos casos más y en otros menos─, pero su objetivo fundamental no es el desarrollo rural. En segundo lugar, no hay ninguna política pública que busque una mejor articulación de la minería con su entorno rural.
En medio de este proceso de descentralización ¿los diversos gobiernos regionales están acogiendo la actividad minera como parte de sus planes de desarrollo?
Creo que hay de todo. Es difícil hablar de “los gobiernos regionales” porque hay una enorme heterogeneidad. Existen algunos como el de Cajamarca que se han tirado frontalmente en contra, presionados por su base social. Y además Yanacocha es una mala marca, tiene una mala imagen. Pero tienes casos como los de Moquegua y Tacna donde los gobiernos regionales entran en la lógica de la negociación, siempre en torno al agua, y buscando proteger a una base social que es fundamentalmente agraria y que compite con la mina, o que siente que la mina, más bien, compite con ellos por el agua. Entonces en un caso un gobierno regional dice: «o sacamos Pasto Grande o no hay Quellaveco»; y en otro caso un gobierno regional dice: «desaliniza agua de mar, aunque bajes tu tasa de ganancia, o sino, no hay ampliación de Cuajone y Toquepala». En ambos casos es un gobierno regional el que ingresa al debate, aunque no tiene ninguna competencia, pero como actor político entra al debate y pone en el centro del problema el tema del desarrollo rural ─buscando proteger una dotación de agua para el desarrollo rural─ y planteando soluciones creativas.
Sin embargo, ¿no suena utópico plantear que se impida el ingreso de la gran minería sabiendo la alta rentabilidad que en la actualidad tiene esta actividad?
Bueno, puede sonar utópico pero en Costa Rica ya lo hicieron. Ahí te prohíben la minería de tajo abierto; te prohíben el uso de mercurio y cianuro; y apostaron por la pequeña y mediana agricultura. Esas son sus bases de generación de empleo, de ingresos públicos y de renta pública. Y Costa Rica es un país moderado, tirando para conservador, nada izquierdista, casi una colonia norteamericana, culturalmente hablando. Entonces, ¿por qué va a ser totalmente utópico? Me parece más bien realista el pensar que no es posible que el país siga absorbiendo todo un paquetón de inversiones mineras. El gobierno debe bajar un poco el ritmo. Allí donde no se puede, pues no se puede. Y más bien debe empezar a pensar qué se puede hacer con esa pequeña y mediana producción. Por ejemplo, en el caso de Cajamarca, ¿cuál ha sido la acción del gobierno ante el proyecto Conga? Yo no veo un Ministerio de Agricultura interviniendo con la misma energía para recuperar la ganadería lechera, las cuencas, la alfalfa. Eso no hay. Solo es minería, minería, minería.
Entonces… ¿cuál es la visión de desarrollo que tiene el gobierno de Ollanta Humala? o mejor dicho ¿tiene una visión de desarrollo rural?
Yo no creo que tenga una visión de desarrollo rural. Creo que lo que ha tenido son ministerios con visiones parciales. Creo que el Ministerio de Agricultura ha estado muy concentrado en la agricultura de costa, eso es lo que sus cuadros conocen, eso es lo que los ministros conocen. Creo que la sierra se la han encargado al Ministerio de Energía y Minas y al MIDIS, y que ellos vean como hacen. Yo no conozco un discurso central que me haya impactado y que me diga que existe un conjunto de intervenciones del sector público en comunicaciones, transporte, agricultura, trabajo, pequeña y mediana empresa, destinadas a recuperar la competitividad de la pequeña agricultura y crearle condiciones mínimas para salir adelante. No veo eso.
¿De qué manera una Ley de Ordenamiento Territorial ayudaría a ver el camino para alcanzar ese desarrollo rural?
Ese tema es súper importante. La Ley de Ordenamiento Territorial, si se hace bien, va a terminar de definir la metodología y las competencias para hacer un proceso previo de zonificación ecológica y económica. Eso es totalmente fundamental porque, si se hace bien y de manera participativa, permitirá combinar los saberes técnicos con los saberes populares para generar una suerte de acuerdo, de consenso, de pacto social respecto de cuáles son los recursos que hay en ese territorio y cuáles son los prioritarios; para qué se deben usar; en qué partes del territorio y para quién; y por la misma razón, cuáles son las cosas que no se pueden hacer.
¿Estamos maduros, políticamente hablando, para ejercer una ambiciosa ley de este tipo? Es decir, la madurez de actores sociales de una zona para reunirse y tomar una decisión consensuada sobre el futuro económico de su territorio…
Pero son madureces que también se construyen. Es decir, no se debe tener un gobierno central que reaccione con miedo cuando Cajamarca hace su zonificación. Por ejemplo, en el gobierno anterior el ministro Brack la declaró ilegal porque no la hizo él ni estuvo bajo su control, o porque le tuvo miedo, o porque las mineras se quitaron del proceso y la denunciaron como una conspiración comunista en contra de la inversión. ¡Y eso que el proceso fue acompañado por la GIZ, por Dios! La GIZ es la misma que colabora con el Ministerio de Agricultura, con la Defensoría del Pueblo, con el MEF y con medio mundo. Pero no, la reacción no es de liderazgo. La reacción no es de: «vengan, hagamos esto, encerrémonos una semana, juntemos a los técnicos, veamos cuáles son las bases mínimas de acuerdo». Yo parto de la premisa de que son madureces que se construyen en la búsqueda del consenso, con la intencionalidad de sacar esto adelante. Siempre habrán discrepancias, obviamente, en un proceso participativo. El conflicto es parte de la vida social. Habrá intereses contrapuestos pero también mecanismos institucionales para resolverlos. Pero yo sí creo que el ejercicio mismo puede generar bases de consensos más grandes de lo que podría aparecer a primera vista.
¿Y cuál es la posición actual de los lobbys mineros sobre el ordenamiento territorial? ¿Permitirán que salga una ley de este tipo?
Yo entiendo que su posición es que «mientras menos mejor y si no hay una, muchísimo mejor». Y en algunos de los debates, a uno de sus representantes le he escuchado decir: «el único ordenamiento territorial que hay es el resultado de la exploración que te dice si hay o no hay minerales». Es decir que, para ellos, la única lógica de ordenamiento territorial es la rentabilidad de esa inversión en el mercado. O sea, «si hay minerales y es rentable, esa es una zona minera, y el resto son vainas. Eso del ordenamiento territorial es un invento de los ambientalistas agitadores, ultras, extranjeros...». Es decir que, para ellos, el destino de un territorio lo decide la rentabilidad en el mercado de los recursos que contiene. Yo estoy absolutamente seguro que el lobby minero está ahí, trabajando contra el ordenamiento territorial y estoy seguro que tiene al MEF y al Minem de su lado.

VERÓNIKA MENDOZA SE LANZA COMO CANDIDATA DE LA IZQUIERDA…

PERO TENDRÁ QUE RESOLVER  EL PROBLEMA DE UNA IZQUIERDA FRAGMENTADA

PERO TENDRÁ QUE RESOLVER  EL PROBLEMA DE UNA IZQUIERDA FRAGMENTADA

Verónika Mendoza Frisch es precandidata a las elecciones primarias del Frente Amplio que, de ganarlos, la convertirían oficialmente en la CANDIDATA A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  en el año 2016. En este contexto y marco, el primer problema  que tendrá que resolver es buscar la unidad de una izquierda fragmentada. Por otro lado,  pueden pasar muchas cosas en el camino como el no contar con recursos para financiar su candidatura. Sobre el tema, por su contenido reflexivo, adjuntamos  la siguiente nota publicada  por Juan de la Puente

EL MATADOR Y LA VERÓNIKA

Diario La republica

Por Juan de la Puente

El lanzamiento de la precandidatura presidencial de Verónika Mendoza fue jalonado por opiniones suyas imprecisas en torno al carácter del régimen venezolano, criticadas desde varios ángulos y con diverso tono, las que ella aclaró y hasta cierto punto corrigió.

En ese contexto, me llamaron la atención las opiniones de Julio Cotler sobre Mendoza y su aspiración presidencial. Ha dicho que ella no tiene “capacidad” de atracción, que carece de “suficiente fuerza”, que no es políticamente “hábil”, y que no es “segura” aunque es “buena y bonita”.

De Cotler esperaba argumentos más sustantivos. Dada su trayectoria y prestigio es un claro abuso de una posición dominante en el mercado de la ideas, sin necesariamente exponerlas. Estas apreciaciones lucen como renuncia al análisis, una especialidad que como sabemos ejerce bien, una apuesta reiterada por la frase fácil y un gusto por el adjetivo, sobre todo el calificativo.

Las referencias a Mendoza son vacías o por lo menos indefinidas. Las ciencias sociales tienen cuidado al importar conceptos o desarrollar principios que podrían provenir de otras ciencias. Al interior de los tópicos sociales se mantiene ese cuidado de modo que, por ejemplo, la “fuerza” no es tratada del mismo modo por el derecho y por  la ciencia política.

No sé qué argumentos se tienen a la mano para afirmar que una candidata joven, en un proceso de primarias que acaba de empezar, en un movimiento igualmente joven y que intenta realizar consultas (precisamente abajo) casi inéditas, carece de “fuerza” o que esta no es “suficiente”. Del mismo modo, cómo calificar la “atracción” de un político o su “capacidad” si la campaña electoral está en ciernes y si los sondeos no han medido la incidencia de las nuevas candidaturas. En ese caso, nos deslizamos a la adivinación o al pronóstico con el consiguiente riesgo de yerros. El mismo Cotler erró gruesamente cuando en diciembre del 2010 pronosticó una segunda vuelta entre Toledo y PPK. A él no le pidieron una autocrítica y ni él la hizo.

Se supone que un análisis riguroso incluye la opinión pero no se confunde con ella o la sustituye. En el caso de Mendoza es injusto obviar precisamente su condición de joven y mujer, dos componentes que las políticas de género insisten en introducir como instrumentos que garanticen un piso mínimo de equidad para que millones de ciudadanos no sean excluidos de la participación en los espacios públicos. La aceptación sustitutiva de esos valores por “buena y bonita” suena al viejo machismo patriarcal. Sinceramente.

En Mendoza hay más valores públicos que deberían apreciarse, como su compromiso ambiental y regional con el sur del país, su lucha contra la corrupción, la defensa de las mujeres víctimas de acoso político y su clara identificación con los derechos de la comunidad homosexual.

Es conveniente aprovechar este episodio para reflexionar sobre cierta obsolescencia de prácticas electorales basadas en maquinarias y principios convencionales que ponen ante los electores exagerados atributos de los candidatos, como fuerza, energía, dureza, tracción, atracción, seguro de todo, capaz hasta el infinito, hábil e infalible. Ya en 1980 un entrañable político, Armando Villanueva, que basó su campaña en el lema “fuerza para gobernar” fue respondido por otro, Fernando Belaunde, con otro lema: “para gobernar no se necesita fuerza sino inteligencia”.

Los jóvenes deberían ser alentados a tomar el control de las tradiciones políticas del país, algo que no se ha visto en 20 años y creo que el papel de los maestros es, precisamente, ser más maestros que fiscales. En este punto me quedo con Stéphane Hessel que a los 93 años les escribió a los jóvenes europeos: “Yo les digo a los jóvenes: buscad un poco, encontraréis. La peor actitud es la  indiferencia, decir ‘paso de todo, ya me las apaño’. Si os comportáis así, perdéis uno de los componentes esenciales que forman al hombre. Uno de los componentes indispensables: la facultad de indignación y el compromiso que la sigue”.

APROFUJMORISTAS TRAICIONARON A LORETO: RECHAZARON MOCIÓN QUE PEDÍA QUE PETRO- PERÚ OPERE LOTE 192

GOBIERNO ADJUDICÓ EXPLOTACIÓN DE ESTE LOTE A LA EMPRESA CANADIENSE PACIFIC STRATUS ENERGY

Parlamentarios que respaldaban la moción indicaron que brindarle la concesión a Petro-Perú le permitiría obtener utilidades para que sean destinadas a la financiación de la modernización de la refinería de Talara.

Mauricio Mulder se opuso a la propuesta y manifestó que se estaba buscando engañar al pueblo loretano con "un saludo a la bandera".

el presidente regional de Loreto, Fernando Meléndez, quien estuvo presente en el debate, manifestó a la prensa que el pueblo loretano se siente traicionado por esta decisión.

"Hoy nuevamente el Partido Aprista y el fujimorismo vuelven a traicionar a Loreto, así como traicionaron a los pueblos indígenas entregando sus tierras mediante resoluciones supremas. El Perú le tiene una deuda moral a Loreto", indicó Meléndez.

SI el 2014 fue malo para nuestro país por los escándalos   a los que nos tienen acostumbrado  nuestra clase política, el 2015  será mucho peor, en especial para el pueblo loretano que una vez más fue  traicionado por el partido aprista y  el fujimorismo que se opusieron a la propuesta que Petro-Perú opere Lote 192.

A continuación la nota periodística emitida por el Diario La Región que expresa el sentir del pueblo loretano.

Nuestra palabra

La Región agosto 28, 2015

Una vez más, Loreto fue traicionado. Una vez más, el Perú, representado por congresistas ignorantes de la realidad que vivimos en la Amazonía, nos han dado la espalda y han pisoteado nuestros anhelos, nuestras esperanzas y han dejado de lado con olímpico desdén, nuestra preocupación por seguir haciendo patria desarrollando nuestros pueblos olvidados, por no decir desconocidos, por quienes dirigen la nación.

Nuestras iniciativas no merecen la atención, menos ser consideradas en el debate nacional. Es que estamos tan distantes de la gran Lima que más nos conocen en el exterior que en nuestro país.

El Congreso Nacional ha rechazado la moción que pedía adjudicar el Lote 192 a Petroperú. Un clamor del Pueblo de Loreto ha sido repudiado por congresistas fujimoristas y apristas, que no han sabido apoyar nuestro pedido o no han podido hacerlo por subjetivas motivaciones que solo ellos y Dios saben.

Los loretanos hemos hecho todo lo posible por llamar la atención de la representación nacional para que nos ayuden a hacer lograr que sea Petróleos del Perú, nuestra empresa de bandera, que explote nuestro preciado recurso natural, que sea ella la que convenga con los intereses de nuestras comunidades indígenas los términos de un compromiso serio para no malograr el entorno donde vive la biodiversidad, sabiendo que eso también es del Perú y que hay que cuidar la vida del bosque y las aguas. Pero no. Cuando quienes cuidamos la integridad de la patria como guardianes de tres fronteras le pedimos algo al Perú, nos desconocen, nos agreden, nos marginan.

Esos votos traidores que hoy nos regaló la mayoría parlamentaria, no serán olvidados, permanecerán presentes en nuestra memoria como una alerta presta a salir en cualquier momento. Pero también sabremos llevar en nuestro recuerdo con agradecimiento, a quienes nos tendieron su mano amiga, su apoyo incondicional en esta nueva agresión a los intereses de nuestro pueblo.

ALAN Y EL APRA SE LEVANTARON EL PAIS

RED DE CORRUPCIÓN COPO TODAS LAS ESFERAS DEL GOBIERNO APRISTA

Los actos delictivos ocurridos durante el gobierno aprista, son casos  típicos de corrupción que no tiene por qué llamarnos la atención tratándose de Alan García que desde su Primer Gobierno viene arrastrando más de una denuncia por corrupción conforme lo demuestra los sonados casos del Banco BCCI en 1986, la reventa de los aviones Mirage en 1985, los negociados con los dólares MUC, las coimas del tren eléctricos, etc. etc. etc. y que a la fecha no han sido esclarecido. Entonces ¿Cómo creerle al ex Presidente García cuando asegura que hay que 'sancionar a las ratas que se detentan cargos públicos'. La historia enseña: Todo queda en casa. El Apra es hoy la casa de la corrupción, una corrupción generalizada, como en tiempos de Fujimori, sólo que ahora abarca toda la estructura partidaria. Un caso concreto es el caso Oropeza

 A continuación, una nota periodística publicada por el diario Correo que pone en evidencia la entraña gansteril del gobierno aprista

 LAS 4 VECES QUE EL APRA FUE RELACIONADO CON EL NARCOTRÀFICO

LOS MILITANTES PRINCIPALES AFIRMAN QUE NO PERMITEN A NARCOTRAFICANTES EN SUS FILAS, NO ES LA PRIMERA VEZ QUE SON CUESTIONADOS POR SUS VÍNCULOS CON EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.

Diario Correo 25 de Abril del 2015

Tras la revelación de que el narcotraficante Geral Oropeza López era militante del partido aprista desde hace siete años, el Tribunal de Ètica del APRA decidió destituirlo y a pesar de que los militantes principales afirman que no permiten a narcotraficantes en sus filas, no es la primera vez que son cuestionados por sus vínculos con el tráfico ilícito de drogas.

Como destaca el diario El Comercio en los últimos 35 años la agrupación fundada por  Haya de la Torre ha sido acusada de recibir financiamiento de presuntos ‘narcos’  y hasta uno de sus diputados fue sentenciado a prisión por sus vínculos con el tráfico ilícito de drogas.

1. EL CASO LANGBERG

El empresario Carlos Langberg Meléndez era el financista de la campaña presidencial de lider aprista Armando Villanueva del Campo en 1980. Pero además de sus labores como financista también fue señalado como el responsable de un cargamento de 475 kilos de pasta básica de cocaína (PCB), interceptado por agentes de la Policía Nacional en una carretera de Pucallpa, estas imputaciones se probaron en 1984. 

El Poder Judicial lo condenó a 14 años de prisión por el delito de narcotráfico. Pero, a pesar que se creía que no iban a reincidir en estas prácticas a pocos días de que Alan García jurara como presidente de la República en 1985, el laboratorio de PBC ‘Villa Coca’ explotó y coincidimetemente  este local le pertenecía al narco Reynaldo Rodríguez ‘El Padrino’, socio de Lamgberg y ¿qué hizo el gobierno aprista frente a esto? archivar la denuncia. 

2. MANUEL ANGEL DEL POMAR

Durante el primer gobierno de Alan García se produjo la la detención de uno de los diputados de su partido, el aprista Manuel Ángel del Pomar fue capturado por la Interpol al intentar cobrar un cheque por 18 mil marco alemanes de una cuenta del CommerzBank, en Berlín.  La cuenta estaba vinculada al narcotraficante Manuel García Montes.

 Tras estar prófugo durante 4 años y cinco meses, se entregó a la justicia peruana el 10 de noviembre de 1993. Es condenado a 4 años de prisión con libertad condicional el 21 de diciembre de ese mismo año.

3. LOS SÁNCHEZ PAREDES

Habían muchas especulaciones sobre la presencia de Pericles y Simón Sánchez Paredes, ambos narcotraficantes, de ser financistas de varios candidatos apristas para la Asamblea Constituyente de 1978. 

Hasta ahí especulaciones pero  Alan García tuvo que dar explicaciones sobre cómo Alfredo Sánchez Miranda, hijo del empresario procesado por lavado de activos provenientes del narcotráfico Orlando Sánchez Paredes, terminó donando 5 mil dólares para la campaña del 2006 del líder aprista. 

Ante estas denuncias, el Apra se vio obligado a devolver el dinero y García dijo que “no tuvo conocimiento” de este aporte.

4. LOS ‘NARCOINDULTOS’

En 2013, el dominical  "Cuarto Poder” reveló que durante su segundo gobierno, García indultó 5.500 presos, entre ellos a 400 sentenciados por narcotráfico. Incluso se reveló la participación activa del ex ministro de Justicia Aurelio Pastor en el ofrecimiento de las gracias presidenciales a los internos.

Según la investigación de la megacomisión, el encarcelado ex titular de la Comisión de Gracias Presidencial Miguel Facundo Chinguel y otros funcionarios habrían formado parte de una organización ilícita que dejó en libertad a presos por narcotráfico y otros graves delitos a cambio del pago de dinero.

Con información de El Comercio 

EL OCASO DEL NACIONALISMO

EL PNP FUE CREADO PARA CONCENTRAR ORGÁNICAMENTE LOS ESFUERZOS EN LA FUTURA POSTULACIÓN DE 2011 Y NO DEPENDER DE UN PARTIDO YA CONSTITUIDO COMO UPP

El Partido Nacionalista apareció en la escena tras la derrota de Ollanta Humala frente al aprismo, que significó la capitulación de su proyecto chavista en 2006. El PNP fue creado para concentrar orgánicamente los esfuerzos en la futura postulación de 2011 y no depender de un partido ya constituido como UPP que pediría, sin duda, una cuota en la conformación de la lista parlamentaria como hizo en la primera postulación del militar. Uno de los fundadores y articuladores de este nuevo proyecto fue Carlos Torres Caro, quien ha salido hace poco en este mismo diario a expresar posiciones de crítica bastante duras respecto al presente de dicha organización, que abandonó antes de iniciada la última campaña presidencial.

Al proyecto nacionalista se sumaron rápidamente personajes de la “izquierda” local atraídos por la plataforma estatista del candidato, su complacencia con el régimen venezolano y su orfandad de vocerías políticas que ellos ofrecieron llenar, como en efecto hicieron Tapia, Diez Canseco, Lerner, etc. Ellos más colectivos diversos conformaron la alianza “Gana Perú” con la que Humala derrota al fujimorismo en segunda vuelta para lo cual tuvo que abandonar el programa de “La Gran Transformación” e ir hacia la “Hoja de Ruta”, bajo el padrinazgo de Vargas Llosa y la garantía convenida de un disminuido Alejandro Toledo. Tras seis meses de gobierno la izquierda fue desbancada a empellones,

El nacionalismo afortunadamente –en uno de sus pocos aciertos- abandonó el programa de la “Gran Transformación” pero no tuvo la suficiente convicción, ni capacidad ni mucho menos experiencia para abrazar con firmeza el camino del crecimiento económico que por entonces transitaba por el 8 %. Los estragos de este manejo tan errático los empiezan a sentir la clase media y los más pobres con la subida de los productos básicos y el alza trepidante del dólar. Sus voceros han entrado en un profundo desgaste, sus técnicos aliados en el desprestigio y su bancada se evapora poco a poco, siendo superados ahora por Fuerza Popular.

Nunca quedó claro cuáles fueron los aportantes generosos con los que se financió la campaña del Partido Nacionalista, la que fue, a todas luces, el despliegue operativo y publicitario más costoso, incluyendo además la asesoría permanente de Luis Favre, quien como es conocido es un asesor que cobra honorarios bastante altos. Esta duda persiste hasta hoy asociándose el hecho al dinero venezolano, al oro ilegal, etc.

Las agendas de Nadine representan la ruina moral del nacionalismo; su estocada final. Han terminado, además, de liquidar políticamente al régimen para el futuro, del que queda solo esperar el opaco y triste final. Todo esto nos llama a la reflexión sobre elegir líderes sin partido, sin ideología y sin experiencia, asesorados por marketeros-lobbistas extranjeros…

GLADYS TEJEDA DIO POSITIVO EN PRUEBA ANTIDOPING Y PERDERÍA MEDALLA

Si la Odepa adopta por retirarle la presea, sería el segundo caso de un deportista que pierde su emblema a raíz de un caso de dopaje

Publicado el Jueves 20 de Agosto del 2015

Titular de la Odepa Julio César Maglione, adelantó que en diez dias se definirá si Tejeda pierde la medalla de oro de la maratón que ganó en los Panamericanos de TorontoGladys Tejeda, la atleta peruana que se llevó la medalla de oro en los Panamericanos de Toronto 2015, dio positivo en la prueba antidoping confirmó hoy la Organización Deportiva Panamericana (Odepa) y perdería la presea que obtuvo.

Esta triste noticia fue confirmada por el titular de la Odepa, Julio César Maglione, quien informó que Gladys Tejeda dio positivo en la prueba antidoping tras correr la maratón en la que obtuvo la medalla de oro. “De cualquier manera lo resuelve el Ejecutivo. Eso no está resuelto. Es un voto por carta, por mail. En diez días se va a saber”, añadió Maglione.

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Según informó al programa 'Negrini lo sabe' de  Radio Ovación, existen atenuantes que se vienen contemplando en este caso. Debido a ello, en diez días se definirá si le quitan la medalla.

Como se recuerda, apenas se dio la primera noticia de un supuesto dopaje de Gladys Tejeda, el Comité Olímpico Peruano (COP) señaló que a la deportista peruana se le realizaron exámenes y se le halló una sustancia que le fue suministrada por una dolencia, pero ella y su entrenador lo declararon, además, se aseguró, que lo consumido no alteró en absoluto su rendimiento y no sacó ventaja deportiva.

Perú consiguió un total de cuatro medallas de oro en los Panamericanos 2015. Si la Odepa adopta por retirarle la presea, sería el segundo caso de un deportista que pierde su emblema a raíz de un caso de dopaje en esta edición, como le sucedió a Mauricio Fiol. La agencia Andina de noticias también hizo eco de esta terrible noticia.  

EN CARABAYLLO BETZY NORY ZAVALA REQUIS JURAMENTO COMO GOBERNADORA

PARA SUS OPOSITORES, EL DISCURSO DE FUE “POBRE, VACÍO Y SIN UN HILO CONDUCTOR Y MOSTRANDO UN DESCONOCIMIENTO  DE LA FUNCIÓN QUE LE TOCA DESEMPEÑAR

 Confirmado en el cargo, prestado el juramento de estilo, asume el encargo de Gobernadora la Sra.  BETZY NORY ZAVALA REQUIS que seguramente dio risa a algunos y a otras indignaciones por tratarse de una juramentación desde su génesis nulo de pleno derecho, por cuanto estuvo a cargo de un vecino que no es lo que se estila. En otros distritos la juramentación estuvo a cargo de un miembro del Poder Judicial.

La ceremonia  se realizó en el local comunal del Segundo Sector en presencia de algunas autoridades como su madrina la  ex gobernadora Carmela Chumbiray, su mentor José Rosas, Leandro autoproclamado joven y Vicepresidente  del segundo Sector, Dayce García,  funcionarios de la Municipalidad de Carabayllo y la ausencia por completo de  autoridades del Ministerio de Interior.

En su corto discurso de orden brindado no dijo nada importante. Un discurso pobre, vacío de contenido y sin grandes anuncios. Fue un mensaje para el masaje, sin un hilo conductor y mostrando un desconocimiento completo  de la función que le toca desempeñar como Gobernadora del distrito.

No fueron tocados temas que  deberían ser tomado en consideración como la proliferación de discotecas con venta de licor bamba a menores de edad, la prostitución infantil en algunos hostales, la micro comercialización de droga y la delincuencia juvenil en su forma de pandilla. Menos dijo nada de nada sobre la corrupción, el tráfico de terrenos que deberían enfrentarse con una visión integral, pues Carabayllo no quiere más demagogia,   no puede  darse el lujo de equivocarse. Pues nunca antes  los problemas han sido tan graves y la incapacidad y la voluntad para resolverlos tan evidente. Un discurso del moco por babas. Bueno pues, para ser gobernador en el Perú solo se necesita saber leer y escribir.

Definitivamente Carabayllo no tiene mucho que esperar, menos del entorno que lo acompaña y cuyas imágenes adjuntamos  para su conocimiento, su difusión y su reflexión. Ahora ¿Quién nos salvara? Chapulín esta muerto. 

BALANCE PRE ELECTORAL DE UN GOBIERNO JUGANDO SUS DESCUENTOS

LO BUENO, LO MALO Y LO FEO: BALANCE PRE ELECTORAL DE UN GOBIERNO JUGANDO SUS DESCUENTOS

Por  Yamilé Guibert/  Paolo Sosa

Como se ha vuelto usual en el Perú, el Gobierno llega a su etapa final con niveles de desaprobación considerables y con más desaciertos que aciertos. A poco más de un año para la finalización del mandato presidencial de Ollanta Humala, recopilamos algunos de los puntos y temas más significativos de un gobierno jugándose sus descuentos. Si bien es una tarea complicada resumir cinco años de actividad política en unas cuantas líneas, razón por la cual no pretendemos ser exhaustivos, buscamos visibilizar algunos puntos clave del actual gobierno, ya sea subrayando sus aciertos (lo bueno), sus significativos errores (lo malo) y los temas ignorados (lo feo).

El balance que elaboramos se concentra en varios puntos importantes, pero ha dejado en el tintero otros hitos, como los intentos de intervención estatal en las actividades económicas mediante regulación (pesquería) o participación directa (intento de compra de Repsol), así como las fallidas estrategias políticas en temas de diferente índole, como la “repartija” o la regulación del sistema de pensiones para trabajadores independientes. Una primera constatación, como señalamos desde un inicio, es que resulta más difícil ponderar los legados positivos de este gobierno. Salta a simple vista la importante reforma en las políticas sociales con la creación del Midis, así como la continuidad en los esfuerzos por la profesionalización del cuerpo burocrático de diferentes sectores. Otras reformas, como la legislación e implementación de la consulta previa, aún resultan muy tímidas para considerarlas exitosas, sin embargo, una mirada fría nos permite sostener que se trata de avances importantes quizás impensables en otros gobiernos.

Por otro lado, los errores significativos nos ayudan a comprender muchas de las limitaciones del gobierno nacionalista, especialmente en cuanto a su forma de gobierno (Ley Pulpín), al mismo tiempo que nos dan paso a plantear la importancia de su debate y mejora con miras a las elecciones presidenciales del próximo año. En esa línea, los retrocesos en materia de legislación ambiental o los yerros en las respuestas estatales a la minería ilegal (y otras actividades ilícitas) nos permiten preguntarnos qué pueden ofrecer las fuerzas políticas que se disputarán los cargos de gobierno para el periodo 2016-2021. Finalmente, el gobierno ha dejado, por acción u omisión, una serie de reformas importantes como un inquietante asunto pendiente. Inquietante porque no resulta claro que un próximo gobierno, tal como van las recientes encuestas de intención de voto, tenga una agenda programática clara para enfrentarlos de la manera más óptima. ¹

Lo bueno

Dos grandes temas han llamado la atención en la última década: el importante crecimiento económico que ha experimentado el Perú y las amenazas a la continuidad de este modelo por las limitaciones estructurales e institucionales del Estado peruano (Dargent 2013, Ghezzi y Gallardo 2013). A pesar de las críticas, muy politizadas, que ha recibido el gobierno nacionalista en los últimos meses, la continuidad en el manejo económico del país es un factor positivo que no debería despreciarse. Cabe la pregunta acerca de si otro gobierno hubiera sido capaz de mantener mejores indicadores económicos en el contexto internacional que ha atravesado este periodo. Un balance desapasionado nos permite guardar cierto grado de optimismo. El segundo punto, referido a la política social, es bastante más fácil de identificar como un legado positivo del actual mandatario. En ese sentido, las reformas introducidas por el gobierno nacionalista en materia de políticas sociales apuntaron claramente a resolver los problemas mencionados inicialmente. Por un lado, los programas sociales tienen como objetivo contribuir a la reducción de los índices de pobreza mediante asignaciones monetarias acompañadas de educación financiera y, por otro lado, tienen el reto de acercar a la población excluida a servicios estatales básicos como educación y salud.

Estas reformas, contrariamente a lo que podría imaginarse, se desarrollaron sin desconocer los avances de programas previamente introducidos por otros gobiernos como Juntos (APRA), al mismo tiempo que fueron institucionalizados con la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), una agencia estatal de corte técnico que disminuyó las aversiones políticas por el riesgo de un posible manejo clientelar de los programas sociales (Dargent y Muñoz 2012). Los balances preliminares son bastante auspiciosos respecto al cumplimiento de las metas propuestas por el Midis, así como algunas investigaciones cualitativas restan peso a las preocupaciones sobre los incentivos perversos que estos programas podrían tener en la población (ver Correa y Roopnaraine 2013). Si bien han salido a la luz una serie de limitaciones en la provisión de servicios como los casos de intoxicación en el programa Qali Warma o los de corrupción y robo en Juntos, queda claro que estos problemas no son ajenos a la implementación de programas ambiciosos en un Estado con capacidades reducidas (Barrenechea y Sosa Villagarcia 2014). Lo que llama la atención es la identificación y respuesta ante este tipo de situaciones.

Otro tipo de programas importantes que se han desarrollado en los últimos años son la construcción de tambos y la implementación de las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS). Si bien estas iniciativas pueden rastrearse en el tiempo antes de la gestión de Ollanta Humala o en espacios “ajenos” al Gobierno (Marina de Guerra), resulta claro que el contenido que estas plataformas de servicios pueden ofrecer hoy en día a los ciudadanos que se benefician de sus servicios es, en buena cuenta, producto de las reformas en política social que este gobierno ha introducido. En los últimos años, se han construido 225 tambos en 16 departamentos que funcionan como plataformas de servicios para facilitar a todos los sectores del Estado la atención a poblaciones en condiciones de pobreza y pobreza extrema que habitan en zonas rurales; según la información del Ministerio de Vivienda, en estos tambos han brindado más de un millón de atenciones. ² Del mismo modo, desde 2013 opera en la cuenca del río Napo la PIAS del mismo nombre, que ha sido implementada en un barco incautado al narcotráfico y cedido por la Comisión Nacional de Bienes Incautados. ³ Estas iniciativas son significativas porque a través de ellas se acercan los servicios estatales de diferentes sectores (programas sociales, servicios de salud, registros de identificación) a la población territorialmente más alejada.

Un punto relacionado a estos temas es la creciente eficacia con la que vienen funcionando algunas agencias del Estado como el Midis y el Ministerio de Educación (Minedu), hablando solamente de su estructura burocrática.

Un punto relacionado a estos temas es la creciente eficacia con la que vienen funcionando algunas agencias del Estado como el Midis y el Ministerio de Educación (Minedu), hablando solamente de su estructura burocrática. Tal como mencionamos anteriormente, el Midis ha logrado centralizar los esfuerzos de los programas sociales en un solo ministerio, y desde sus inicios ha trazado metas claras y medibles a través de instrumentos planificados como la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Si bien la institución todavía presenta retos, tal como la consolidación de capacidades para gestionar procesos y la generación de una base de conocimiento para sustentar el enfoque de desarrollo humano (ver Trivelli y Vargas Winstanley 2014), consideramos que en líneas generales el Midis ha llevado a la profesionalización del manejo de los programas sociales. Otra entidad estatal que muestra una creciente profesionalización es el Minedu, el cual, a diferencia del Midis, viene arrastrando problemas serios durante décadas. Aunque aún estamos lejos de tener un ministerio que actúe con completa eficacia y eficiencia para solucionar los principales problemas de la educación en el país, podemos mencionar algunas oficinas y unidades que cuentan con niveles importantes de capacidad para lograr sus objetivos (por ejemplo, la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes). ⁴ Si bien el tema educativo en el Perú aún tiene muchos temas por reformar, como por ejemplo la carrera docente o la implementación de la nueva Ley Universitaria, es justo resaltar algunos esfuerzos potenciales en el sector, más aún si se compara con la gestión anterior, abocada principalmente a la inversión en infraestructura.

Finalmente, uno de los temas clave en este gobierno ha sido la aprobación de la Ley de Consulta Previa y su reglamentación, condición que le da contenido jurídico nacional a un convenio vigente, el n.° 169 de la OIT, desde la década de 1990. Es cierto que existen una serie de factores que nos llevarían a pensar que, lejos de tratarse de un elemento positivo, el gobierno de Ollanta Humala ha hecho poco en el avance de esta agenda; sin embargo, como hemos señalado, una mirada más ponderada resalta los pequeños pero significativos avances. Como han señalado varios especialistas, la dinámica de introducción de industrias extractivas ha tenido un efecto observable en el incremento de conflictos sociales (Arce 2014), y dentro de esta lógica los pueblos indígenas han sido uno de los grupos poblacionales más afectados (Bebbington 2013). En este escenario, es importante reconocer que los derechos de estos pueblos son constantemente vulnerados, y aquellas reformas que apunten a resguardarlos tienen menos probabilidades de tener la atención del gobierno que otras. Esto es clave en el derecho a la consulta previa, comúnmente pensada como un mecanismo de limitación de estas actividades económicas.

En este contexto adverso, sin embargo, el avance tímido del gobierno de Ollanta Humala, tácita o explícitamente, ha contribuido a dejar un legado político importante en esta materia. La aprobación de la Ley de Consulta, boicoteada por el Ejecutivo en el gobierno anterior, y su reglamentación, desarrollada sorprendentemente en muy corto tiempo, marcan un punto clave en la forma como el Estado se ha ido relacionando con la población indígena. Con todas las críticas que pueda tener este cuerpo legal, como lo han hecho saber en varias oportunidades las organizaciones indígenas, se ha obligado al Estado a hacer política —para bien y para mal— tomando en cuenta el impacto que esta tiene en los pueblos indígenas. El Estado, por ejemplo, se vio obligado a elaborar y publicar una serie de instrumentos y herramientas administrativas para la correcta aplicación de esta normativa, entre ellas la Base de Datos Oficial sobre Pueblos Indígenas fue la más contestada y polémica por los criterios de identificación en su elaboración y el efecto político que podía tener su publicación. Luego de una serie de encrucijadas políticas (ver Gálvez y Sosa 2013), el Viceministerio de Interculturalidad optó por publicar estos resultados de manera paulatina hasta que, en los últimos meses, se ha ido conociendo la información más cuestionada: la información de los pueblos indígenas andinos y su ubicación, temida por los sectores extractivos por superponerse a varios potenciales proyectos. ⁵

Lo malo

Lo malo, como sugerimos, es más fácil de identificar, y el espacio ofrecido en este ensayo quedaría corto para enumerar los yerros en el presente gobierno. ⁶ Sin embargo, como hemos adelantado, queremos centrarnos en los puntos que consideramos más importantes no solo por el balance negativo a la hora de juzgar al Gobierno, sino sobre todo por su potencial relevancia en la agenda electoral del año próximo. En ese sentido, uno de los primeros temas que llama la atención está relacionado a la política ambiental del Gobierno. El Ministerio del Ambiente, heredado del gobierno aprista, fue un actor clave dentro de la lógica del Gobierno por el papel político que desempeñó el ministro Manuel Pulgar-Vidal, uno de los más estables a pesar de los constantes cambios ministeriales (Sosa Villagarcia 2015). Esta preponderancia, además, cobró importancia con el desarrollo de la COP20 en Lima en 2014, donde no solo resaltó el papel protagónico del Perú, sino que, lamentablemente, se hicieron más explícitas las contradicciones del Gobierno en su política ambiental, pues se abrió un espacio importante para la crítica por una serie de cambios denominados “el paquetazo ambiental”, que contemplaban, entre otras medidas, la limitación funcional de las capacidades de fiscalización de la OEFA, órgano de control ambiental, y la flexibilización de los estándares y procesos de acreditación ambiental.

La experiencia de la “Ley Pulpín” nos enseña que la falta de canales de comunicación entre la sociedad civil y el Gobierno puede salir muy cara al largo plazo.

Por otro lado, la política ambiental también exhibió una serie de incongruencias en su manejo de la formalización y erradicación de la minería ilegal. Esta es una actividad que ha crecido de forma exponencial debido a la demanda internacional de minerales, principalmente del oro, y su efecto es visible no solo por el impacto ambiental que genera, sino también por los problemas sociales y estatales que trae consigo, como la proliferación de la prostitución clandestina, la trata de personas y la corrupción de funcionarios públicos, como reconoce el propio Ministerio del Ambiente. ⁷ Este es un problema que también ha sido heredado de gestiones anteriores, y cuya respuesta estatal ha variado de forma importante; sin embargo, los resultados aún reflejan una política débil y limitada. Como sostienen Dargent y Urteaga (s. f.), las medidas adoptadas por el presente gobierno han contemplado un tratamiento más integral del problema, incorporando medidas para la fase de extracción y procesamiento (formalización, interdicciones y el control de insumos químicos usados para la explotación), así como otras enfocadas en el control de la exportación y comercialización del oro obtenido de forma ilegal, exigiendo a los procesadores la documentación que verifica la procedencia legal del mineral. Las respuestas de los mineros informales, sin embargo, han hecho evidentes las limitaciones de esta política, especialmente por la debilidad estatal y la falta de control efectivo del territorio (Dargent y Urteaga s. f.).

En materia de conflictos sociales, el Gobierno deja un asunto pendiente importante aunque diferente, claro está, al heredado del gobierno de Alan García. Ollanta Humala procuró introducir ciertos cambios desde la Presidencia del Consejo de Ministros con la creación de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS), dirigida originalmente por Vladimiro Huaroc, que procuró un cambio en la forma de negociación de los conflictos sociales reemplazando las “mesas de diálogo” por “mesas de desarrollo”, que no solo discutan los puntos concernientes al conflicto latente, sino que introduzcan en la negociación agendas de desarrollo integral con la participación de todos los sectores del Estado. Como se señala en el número anterior de la Revista Argumentos, los conflictos sociales activos, registrados por la Defensoría del Pueblo, parecen mantenerse, en promedio, en una meseta luego del segundo año de gobierno, aunque registran una tendencia decreciente; sin embargo, la respuesta estatal a los conflictos sociales de Conga, Espinar y Tía María terminó obedeciendo, lamentablemente, a una estrategia heredada de su predecesor (Sosa Villagarcia 2015). Esto es preocupante, especialmente, porque Humala fue elegido con los votos de estos sectores, a quienes además prometió hacer de sus demandas una prioridad frente a la introducción de industrias extractivas, en oposición a la política del gobierno anterior. Finalmente, la política del Gobierno fue diferente, lo cual generó aún más rechazo de este sector de la población.

Otro de los grandes desaciertos del gobierno de Humala fue el fallido intento de reforma laboral, focalizada en el sector informal más joven, mediante la llamada “Ley Pulpín”, ley n.° 30288, que permitía a las empresas contratar a trabajadores de 18 a 24 años sin que reciban beneficios como la CTS o las gratificaciones. La ley fue aprobada por el Congreso el 11 de diciembre de 2014, promulgada por el Ejecutivo el 16 de diciembre del mismo año y fue finalmente derogada a fines de enero de 2015. Es decir, tuvo menos de dos meses de vigencia. Más allá del debate sobre la conveniencia o no de la medida como incentivo para lograr el objetivo planteado, el manejo político de la reforma por parte del Ejecutivo dejó mucho que desear. Para comenzar, no hubo ningún tipo de campaña de comunicación o difusión por parte del Gobierno acerca de los supuestos beneficios de la norma, tomando en consideración la sensibilidad del tema laboral para los jóvenes. La norma fue aprobada por el Congreso sin haber generado mayores discusiones previas acerca de su conveniencia, y cuando se le consultaba al presidente por su opinión al respecto, sus respuestas eran más bien confusas. ⁸

Rápidamente, la ley genera el rechazo del sector al cual iba a afectar de manera más directa: los jóvenes. Este sector se movilizó y logró organizar cinco marchas con un grado de organización importante (García y Vela 2015). Mientras tanto, Humala seguía de espaldas a la opinión pública, y tanto él como la primera dama, Nadine Heredia, continuaban con la defensa del nuevo régimen laboral juvenil. Sin embargo, al verse acorralado por la presión de las movilizaciones y el malestar general a raíz de la medida, ⁹ el presidente tuvo que convocar a una legislatura extraordinaria del Congreso, en la que se derogó la norma. La experiencia de la “Ley Pulpín” nos enseña que la falta de canales de comunicación entre la sociedad civil y el Gobierno puede salir muy cara al largo plazo, sobre todo para un gobierno “desgastado, acosado por múltiples escándalos, percibido como inconsecuente con sus promesas electorales” (Tanaka 2014). La derogación de la ley demuestra los problemas de manejo político que evidenció el Gobierno desde sus inicios, más preocupado en apagar los incendios políticos que iban apareciendo que en renovar sus relaciones con la ciudadanía y los demás partidos políticos (Sosa Villagarcia 2015).

Lo feo 

De esta manera, llegamos al punto final en nuestro balance, en el cual resaltamos los temas centrales que fueron ignorados por el Gobierno, y que amenazan con entrar con fuerza al debate presidencial para 2016. El primer punto a recalcar es la ausencia de una posición por parte del Gobierno acerca de la agenda LGTB, la unión civil y los derechos reproductivos. La única medida relacionada a este punto que se ha logrado avanzar durante el gobierno actual fue el protocolo del aborto terapéutico, aunque cabe recordar que la medida ya estaba contemplada en el Código Penal desde hace noventa años. Con respecto a temas como la unión civil o el aborto en caso de violación, Humala ha preferido no pronunciarse abiertamente, y lo único que ha declarado es que cree en un país libre de discriminación. ¹⁰ El mandatario no solo brilló por su ausencia, sino todos los partidos políticos, los cuales prefirieron hacerse de la vista gorda o se pronunciaban a través de congresistas con declaraciones anacrónicas (y consideradas acientíficas en algunos casos). A pesar de esta ausencia de debate actual, podríamos esperar que para las elecciones presidenciales de 2016 el tema de la unión civil y el matrimonio igualitario esté muy presente. ¹¹

Un segundo tema que aún pesa en la política peruana, y que definitivamente surgirá en los debates por la campaña presidencial, es el de la corrupción. El actual gobierno, a pesar de las promesas de campaña de sancionar estos casos con “mano dura”, se ha visto envuelto en escándalos de corrupción a gran escala, como en relación con su supuesta vinculación con Martín Belaunde Lossio y la red Orellana. A raíz del vínculo con este personaje y de las consecuentes investigaciones, las relaciones con la Fiscalía y la Procuradoría Anticorrupción parecen tambalearse. En el caso de la Procuradoría Anticorrupción, hay acusaciones de presión por parte del exministro de Justicia Daniel Figallo a los procuradores Christian Salas y Yeni Vilcatoma por el caso Belaunde Lossio; mientras que en el caso de la Fiscalía, el presidente Humala ha tenido palabras fuertes en contra del fiscal César Rojas, quien investiga a su esposa por lavado de activos. En general, Humala culmina su mandato con la impresión de no haber hecho nada radicalmente distinto a sus predecesores en cuanto a lucha anticorrupción, y más bien parece repetir la figura de un presidente que termina su gobierno con escándalos que lo involucran directamente. ¹²

Un tercer tema que parece haber pasado desapercibido por el actual gobierno es la inseguridad ciudadana, a pesar de ser considerado uno de los mayores problemas que aqueja al país, sobre todo para la población urbana (Carrión, Zárate y Zechmeister 2015). De nuevo encontramos a un presidente electo con la promesa de afrontar este tema, pero que una vez en el poder es incapaz de hacerle frente. El Ministerio del Interior cuenta hasta el momento con su séptimo ministro en lo que va del gobierno, y las acciones en contra de la creciente percepción de inseguridad son casi nulas e invisibles a la ciudadanía. Ante la ausencia de acciones concertadas y planificadas, las apariciones grandilocuentes (por ejemplo, el exministro del Interior, Daniel Urresti, dirigiendo operativos por las calles de Lima) parecen ser recibidas por la población como una suerte de consuelo. Las acciones en contra de la inseguridad parecen ser más planificadas y exitosas a escala municipal distrital; sin embargo, en el ámbito del Gobierno central, medidas como la profunda reforma del Ministerio, la PNP y el Poder Judicial aún son necesarias.

El periodo 2011-2016 dejará como un importante legado la concreción de un modelo institucionalizado de política social que, aun con sus limitaciones, debería ser respetado, corregido y afianzado en los siguientes gobiernos.

Por último, un punto central que fue dejado de lado por el gobierno de Humala, y que viene siendo arrastrado por todos los gobiernos desde el 2002, es el tema de la descentralización y la política subnacional. En un contexto de boomeconómico y mayores ingresos para los gobiernos subnacionales, cada vez es más común oír denuncias sobre escándalos de corrupción que implican a los presidentes regionales y alcaldes. Mientras tanto, la capacidad de gestión de estos gobiernos es bastante baja, y las ciudades en el interior del país sufren por la falta de planificación urbana. Todos estos problemas se ven enmarcados en un contexto mayor de “precariedad organizativa de la política peruana” y de debilidad del Estado y sus entidades para controlar y fiscalizar a los gobiernos subnacionales (Muñoz 2014), así como en la presencia de mayores presupuestos por canon en algunas regiones (Arévalo 2015).

Si bien es complicado enfrentar el tema, dadas las resistencias a escala regional y el temor de ir en contra de una medida vista como “democratizadora”, el Gobierno ha decidido evadir las reformas centrales y más bien se ha enfocado en temas que no aportan en lo absoluto, y hasta podrían terminar agravando el problema: prohibir la reelección inmediata del presidente regional y cambiar la denominación de este último a “gobernador regional”. ¹³ Como es usual al momento de tomar decisiones en los gobiernos, la reforma para prohibir la reelección se dio de manera reactiva ante los escándalos de corrupción y crimen de César Álvarez, expresidente regional de Áncash. Sin duda, los temas de la corrupción en gobiernos subnacionales y la falta de gestión de estos continuarán siendo centrales en los debates para la elección de 2016, y se espera que las reformas propuestas sean más sustanciales y planificadas que lo efectuado por el actual gobierno. ¹⁴

A modo de conclusión

Como hemos visto en este recuento, el Gobierno que se prepara para dejar Palacio tiene una serie de legados positivos y negativos, así como un saldo importante en reformas que requieren atención inmediata. Este gobierno ha sido clave, y hay que reconocerlo, en aterrizar una alternativa de “crecimiento con inclusión”, aunque el eslogan le haya quedado chico al presidente al momento de cosechar el apoyo popular a su mandato. El periodo 2011-2016 dejará como un importante legado la concreción de un modelo institucionalizado de política social que, aun con sus limitaciones, debería ser respetado, corregido y afianzado en los siguientes gobiernos. Como hemos intentado argumentar, esta política le ha dado contenido cualitativo a otro tipo de proyectos implementados en los últimos años, especialmente en los espacios menos favorecidos por el crecimiento económico e históricamente relegados de la atención estatal.

A pesar de las victorias enlistadas, son los errores y las omisiones del presente gobierno los que más destacan en este escenario preelectoral. Ollanta Humala deja el sillón presidencial habiendo cometido errores cruciales que dan cuenta de su inexperiencia política y falta de planificación para la elaboración de políticas públicas eficaces. En temas como la política ambiental, por ejemplo, parece haber dado un retroceso con la limitación del rol fiscalizador del OEFA y la flexibilización de los procesos de acreditación. Así también, no se dio ningún tipo de acción efectiva en el tema de la formalización y erradicación de la minería ilegal, y, en general, el tema de la conflictividad social asociada a la minería no parece haber generado una respuesta adecuada. Por último, cabe resaltar también la falta de manejo político del Gobierno y su incapacidad para tender puentes de comunicación con la sociedad civil, lo que se ve reflejado en episodios de protesta por la “Ley Pulpín” o la “repartija”. En cuanto a las omisiones del Gobierno, algunas de las más resaltantes son la falta de una posición clara acerca de la unión civil y de los derechos reproductivos. La inacción en temas clave como la corrupción, la inseguridad y la descentralización tan solo reforzaron la imagen de un gobierno con una falta de visión clara que repite patrones de comportamiento de gobiernos pasados por default.

Este es, claro está, un balance primario de estos temas, y requiere de miradas más profundas para poder concretar la ansiada agenda pendiente. En los últimos años, se ha llamado la atención acerca de estas condiciones y los efectos que pueden tener en el mediano y largo plazo sobre las perspectivas de desarrollo de un país que se ha considerado “milagroso” por su trayectoria económica. Sin embargo, no basta con mirar y denunciar “los grandes temas pendientes” de reojo, sino hacer cada vez más el ejercicio de ofrecer balances ponderados que, aunque siendo eminentemente políticos, nos permitan aproximarnos mejor a las necesidades que reclama el país y a las alternativas de solución que efectivamente nos plantean las diferentes fuerzas políticas. Ni el optimismo mediocre ni la mezquindad deberían cegarnos en este recorrido, más aún hoy que parece aflorar en nuestras autoridades la tendencia a borrar de porrazo todas las herencias de los oponentes, aun cuando se tratan de iniciativas importantes. Abierto queda el debate que, esperemos, se refleje en el discurso presidencial del 28 de julio de 2016, independientemente del grupo político que gane las elecciones.